miércoles, 23 de noviembre de 2016

El relato macrista está divorciado de los datos de la realidad

Deuda externa: Aumentó en los primeros 10 meses del año en U$S 52.000 millones.
Fuga de capitales al exterior: U$S 11.000 millones.
Recesión: 2,3% interanual en los primeros 8 meses.
Caída de la industria: 4,5%. Cincuenta mil empleos menos que el año pasado y una capacidad ociosa del 40%.
Saldo comercial: U$S 2.000 millones. No por mayores exportaciones sino por caída de las importaciones, excepto bienes de consumo (+ 18,8%).
Inflación: 41%.
Empleo registrado: cayó 1,5% por la eliminación de 127.595 puestos de trabajo en los primeros nueve meses del año, según los registros del sistema de Seguridad Social.
El pasado 15 de noviembre fue propuesto como el Día Nacional de la Mentira conmemorando el debate que el año pasado sostuvieron los dos candidatos presidenciales al balotaje. Ese día Macri había atribuido a una estrategia del miedo de su adversario, Daniel Scioli, las medidas que juró que no adoptaría, pero que puso en práctica inmediatamente de asumir la Presidencia.

¿Y los “brotes verdes” para cuándo?

Mientras tanto, se han conocido nuevos datos del deterioro de la situación alimentaria de los sectores más vulnerables. En el último año, los productos que contienen los principales nutrientes subieron más del 50%, según Isaac Rudnik, responsable del Indice Barrial de Precios, un relevamiento en comercios que elabora el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI), que se hace cada 30 días en 320 comercios de 20 distritos del conurbano bonaerense.
Este dato coincide con el de la Consultora especializada Kantar WordlPanel para quien “las segundas marcas son las únicas que logran crecer” y los consumidores de los niveles socioeconómicos más afectados fueron el Medio Bajo y Bajo Inferior.
El consumo lleva diez meses de caída. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en octubre registró una nueva baja del 8% con respecto al mes anterior. De allí que el gobierno apueste a reactivar el consumo, que para un sector de la sociedad está por encima del empleo en la lista de preocupaciones, de la mano de aguinaldos, bonos de fin de año, a la suba de planes sociales y obra pública abundante, visible y de ejecución rápida con fuerte impacto en la construcción. Además, alargarán la fecha de vencimiento del Ahora 12 y están tratando de apurar el plan para extenderlo hasta 18 cuotas para las compras con tarjeta de crédito. La idea es cerrar el acuerdo antes de las fiestas de fin de año.
Preguntados funcionarios del gobierno ¿cuándo la gente va a sentir la mejora? Contestan: Entrado el primer trimestre de 2017 y será bien patente durante el segundo. 2016 ya fue.

Ahora hay que pasar el verano

El llamado a Sesiones Extraordinarias excluye la Ley de Emergencia Social. Rogelio Frigerio encargado del anuncio consideró que el Proyecto “es incompleto, poco claro y no tan serio”.
Según el senador Abal Medina su costo sería de $ 41.000 millones, un poco más de la mitad de la deuda condonada por el gobierno a las empresas distribuidoras de energía (19.000 millones).
No obstante, si la Cámara de Diputados sancionara la norma antes del 30 de noviembre, al término de las sesiones ordinarias, contaría con el veto presidencial repitiendo lo sucedido con la Ley anti-despidos.
Luego de la movilización convocada al Congreso el viernes pasado por los movimientos sociales y la CGT que nucleó a más de 100.000 manifestantes, el lunes a la tarde el gobierno hizo un nuevo esfuerzo por meter la conflictividad en el closet. Carolina Stanley, Ministra de Desarrollo Social, recibió a la CTEP, Barrios de Pie, la CCC, el Movimiento Evita y Trabajadores Excluidos, para anunciarles un bono a través de la AUH restringido a $ 1.000 por familia y un adicional de $ 250 por cada hijo (a partir del segundo) y un aumento desde enero para los planes de empleo a la mitad del salario mínimo, vital y móvil, es decir, apenas por encima de los $ 4.000 más alguna forma de aguinaldo para los cooperativistas que dependen de programas sociales de la Nación, una cifra de entre $ 1.000 y $ 1.500 antes de fin de año. La propuesta también incluiría proyectos reclamados por las organizaciones para la construcción de viviendas y un incremento de un 40% en la entrega de alimentos para el mes próximo.
Del encuentro también participará la Iglesia a través de Carlos Maletti, obispo de Merlo-Moreno y Alberto Odstrcil de la Pastoral Social.
Por otra parte, Frigerio confirmó que el Proyecto de ley modificatorio del tributo a las Ganancias será tratado este año en sesiones extraordinarias. Esto se suma al bono de fin de año para los estatales.

Bono estatal

El bono de fin de año, que sólo contempla a los trabajadores de planta -o sea a una minoría-, oscila según la categoría. Los aumentos serán de $ 3.500 para los empleados de la categoría más bajas F y E; de $ 3.300 para los de nivel D; $ 3.000 para el nivel C, y $ 2.000 para los niveles B y A, pero no alcanza a los miles de precarizados y tercerizados que pueblan las oficinas del Estado.
Aunque UPCN es un sindicato nacional, acordó con el gobierno nacional dejando afuera y librados a su suerte a los estatales provinciales y municipales en momentos donde la mayoría de los gobernadores sean de Cambiemos, la UCR o del FpV-PJ, vienen anunciando que no habrá bono. Hasta el momento, el ramillete de mandatarios que anunció un bono incluye a San Juan ($5.600), Salta ($3.000), Tucumán ($750), Misiones ($1.850), San Luis y Corrientes, mientras que La Pampa lo acordó ya a mediados de año ($5.000).
Este acuerdo entre el gobierno de Macri y la directiva de UPCN no cae del cielo. Es la consumación de una dirección gremial que se acomoda ante cada Gobierno en contra de los intereses de los trabajadores. Ya pudimos ver a comienzo del gobierno de Macri, cómo Andrés Rodríguez dejó pasar los miles de despidos en total complicidad con el plan macrista. Además, como dirigente de la CGT viene siendo parte de la tregua que la misma mantiene con el gobierno dejando pasar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores a expensas de la inflación y los tarifazos y apelando ahora a la “responsabilidad social de los sectores empresarios” para “aguantar a la gente para que llegue sin el telegrama ni de despido ni de suspensión en el mes de diciembre”, planteo que según adelantó Juan Carlos Schmid llevarán a la reunión que mantendrán este miércoles en la Mesa de la Productividad y el Trabajo, junto con el Gobierno y sectores empresariales.
Mientras tanto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta porque reclama la reapertura de las paritarias como el instrumento adecuado para superar el deterioro de los sueldos.
“Hoy presentamos un informe que le entregamos a la prensa que detalla que en lo que va del año los trabajadores estatales perdimos el equivalente a un sueldo por la inflación, por eso exigimos que se reabra la paritaria porque dar un bono de una suma fija es absolutamente insuficiente”, explicó Hugo Godoy.
En ese marco señaló que “vamos a seguir reclamando por lo que nos parece justo porque el Gobierno quiere que perdamos este año y el año que viene”. El informe demuestra que los empleados públicos perdieron en 2016 un 6% de poder adquisitivo. Para recomponer lo erosionado por la inflación, el bono de fin de año debería ser equivalente a un salario medio del sector.
Desde ATE se difundió un informe del Instituto de Estudios de Estado y Participación (IDEP) que explica en detalle la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores estatales. Mientras que los salarios se vieron incrementados un 31% en el año, la proyección de inflación es del 39,2%. Tal disparidad implica que, el poder adquisitivo de los estatales caerá aproximadamente un 6% en diciembre de este año.
Cabe señalar que durante los primeros cinco meses del año, en los que no se verificó actualización del salario, la caída real alcanzó un 16,4%.
Por eso, ante la entregada de UPCN, más que nunca se refuerza la postura que los sectores combativos, clasistas y antiburocráticas, venían levantando: exigir a las conducciones de ATE un Congreso de delegados de Base nacional y unificado que logre sortear las disputas entre las directivas y poner en pie un plan de lucha para reabrir las paritarias por un salario acorde a la canasta familiar para los trabajadores de planta y los precarizados.

Conflictividad laboral

“La cantidad de conflictos laborales registrados en el mes de septiembre ha sido de 229 casos, lo que representa un aumento de 131% respecto del mes de julio, y de un 30% respecto del mes de agosto, en el que se registraron 176 conflictos”. Así comienza el tercer relevamiento de conflictos laborales realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
En el mismo, se señala a su vez que “durante el mes de septiembre, el 62,4% de los conflictos laborales se produjeron en el ámbito público, y el 37,6% en el privado, con lo cual se reafirma la tendencia de los conflictos relevados en el mes de agosto, que representaron 59% en el sector público y 41% en el privado”. “La cantidad de conflictos laborales del sector público tuvieron un crecimiento de 333% respecto de julio, y del 38% respecto al mes de agosto. Esto significa que en el tercer trimestre de 2016 la conflictividad laboral en el Estado se encuentra en ascenso, en línea con las dificultades de financiamiento provincial y los recortes nacionales", puede leerse como una de las principales conclusiones del informe.
Por otro lado, asegura que “si analizamos las principales causas que originaron los conflictos según el ámbito público o privado, se observa que algo más del 50% de los casos están relacionados con reapertura de paritaria y cuestión salariales, seguidos por 27,1% de los casos por despidos y suspensiones y el 10% relacionados con condiciones de trabajo”.

Continúan los despidos y suspensiones

Diputados, sindicalistas y empresarios advirtieron que el plan del gobierno de Mauricio Macri para eliminar el arancel del 35% a las importaciones de computadoras, notebooks y tablets generará una nueva ola de despidos.
El planteo se realizó en una conferencia de prensa que brindaron en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo el presidente del bloque del FPV-PJ, Héctor Recalde junto al presidente de la Comisión de Industria de la cámara baja, José Ignacio De Mendiguren (Frente Renovador) y el secretario general de la UOM y ex titular de la CGT Alsina, Antonio Caló.
Al respecto, todas las líneas de producción de las plantas del grupo BGH en Tierra del Fuego se encuentran paralizadas ante las medidas de fuerza de los trabajadores metalúrgicos, tras conocerse el anuncio del cierre de la producción de la empresa Informática Fueguina SA. Alrededor de 200 trabajadores quedarán desvinculados por el anuncio.
El referente de la UOM, Francisco “Barba” Gutiérrez, señaló que en 2016 ya son 20.000 los metalúrgicos despedidos y 14.000 los suspendidos y advirtió que el quite de aranceles a productos informáticos pone en jaque 15.000 empleos más.
Entre Brasil y Argentina, Volkswagen dará de baja unos 7.000 empleos informó el viernes pasado. En nuestro país, en las dos plantas de General Pacheco y Córdoba, trabajan 6.000 operarios.
Por el despido de al menos 20 empleados, los trabajadores tintoreros bloquearon el ingreso de una firma dedicada al lavado de jeans en la localidad de Granadero Baigorria, al norte de Rosario. La firma cuenta con un plantel estable de 90 personas.
El lunes 14 se confirmaron los despidos en Frigorífico Rioplatense y una masiva asamblea paralizó las actividades. Luego de una reunión tripartita (Ministerio de Trabajo, empresa y Comisión Interna) se dictó la Conciliación Obligatoria y los 32 despedidos pudieron ingresar, abriendo un período de audiencias para resolver la situación.
Unos días antes los trabajadores habían ratificado su apoyo a la actual Comisión Interna clasista que desde hace unos 8 años lidera un proceso de organización y lucha que permitió recuperar condiciones de trabajo y salariales, por 258 votos contra 136 que obtuvo la Lista alineada con la conducción del Sindicato de la Carne.
Inmediatamente después se desató la ofensiva patronal al interior de la fábrica, con maltratos y persecución por parte de los encargados que generó reclamos por parte de los delegados y un paro parcial que la empresa intentó quebrar contratando rompehuelgas. Ante esta situación los trabajadores bloquearon los accesos impidiendo la faena. Los piquetes estuvieron acompañados por numerosas Comisiones Internas y organizaciones políticas y sociales de la zona que no dudaron en expresar su solidaridad con los trabajadores del frigorífico. Incluso los trabajadores que la empresa contrató para romper la huelga, se solidarizaron con los compañeros del Rioplatense.
El miércoles trabajadores de la empresa Ex Ecotrans se movilizaron al Ministerio de Trabajo de Morón, frente a los despidos y malas condiciones laborales que vienen sufriendo.
Fue una reunión muy dura porque la empresa pretende aprovechar este conflicto para sacarse de encima 51 trabajadores. Se acordó es una conciliación voluntaria, con la incorporación de 10 de los 51. La conciliación voluntaria vence el próximo 29. Habrá reuniones intermedias en la empresa para llegar con una solución definitiva.
La Secretaría de Trabajo de La Rioja confirmó que la empresa Hilado, del poderoso Grupo TN Platex, despedirá 130 trabajadores en los próximos días de su planta en el parque industrial. Además la textil ENOD, hizo una propuesta a la AOT de suspender 70 trabajadores. Ambas plantas están sobrestockeadas por la caída de las ventas y la apertura de importaciones que está poniendo en jaque a la actividad. Por si fuera poco, Laboratorios Beta fraccionó las vacaciones del personal, licenciando el 50 %.
Los trabajadores de la papelera Molarsa en Neuquén llevan 6 meses reclamando por el vaciamiento de la empresa y, ante un nuevo despido, salieron a cortar la ruta 7 a la altura de Parque Industrial. La medida de fuerza incluyó un paro de 24 horas.
Según un informe estadístico elaborado por la Secretaría de Producción de La Matanza, en lo que va del año, ya son 20.000 los trabajadores matanceros que sufrieron despidos, cesantías o aceptaron retiros voluntarios, a raíz de la caída en la actividad productiva que generó la falta de consumo y la merma en las ventas en distintos sectores.
El empleo registrado cayó 1,5% por la eliminación de 127.595 puestos de trabajo en los primeros nueve meses del año, según los registros del sistema de Seguridad Social. Los datos reflejan el impacto de la persistente recesión sobre la actividad laboral. También la magnitud del ajuste en distintas esferas de la actividad económica tanto pública como privada.

Reclamos salariales

El miércoles, los trabajadores de Página 12 difundieron un comunicado titulado “la Página que faltaba, el aumento que falta”, en relación al eslogan publicitario del relanzamiento del nuevo sitio web del diario del Grupo Octubre.
En el mismo comunican que “la asamblea de trabajadores de Página/12 resolvió por unanimidad un paro de 24 horas en repudio a la decisión del grupo Octubre, que tiene como cara visible al dirigente del sindicato de porteros y del PJ capitalino, Víctor Santa María, de no iniciar una negociación para mejorar la paupérrima paritaria de prensa: 24,9 % anual más 3.000 pesos no remunerativos. La medida se inscribe en un proceso iniciado en abril para reclamar que se mejoren nuestros salarios ante la erosión del poder adquisitivo de la que informamos todos los días en el diario.”
Además, los trabajadores del diario hacen notar que los nuevos empleados que han sido contratados por el grupo Octubre y la Editorial La Página S.A. para el desarrollo del nuevo sitio web están en una situación ambigua en cuanto a su contrato y por lo tanto de vulnerabilidad: “Ante la ambigua posición respecto de la situación laboral de los compañeros que se sumaron a la página web desde el Grupo Octubre (respuesta que el Dr. Prim, abogado de la empresa, se negó a incluir en el acta), la Comisión Interna dejó constancia de que esos redactores y editores no son reconocidos como empleados por Editorial La Página SA y tampoco son reconocidos como trabajadores de prensa por su actual empleador, el Grupo Octubre, irregularidad que exigimos se revierta a la brevedad”.
La Seccional Mar del Plata de la Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (AAPM-CTA), conjuntamente a la Comisión Directiva gremial de Tandil, Azul y Olavarría, cumplieron con las medidas de fuerza en los 72 stands que pretendían instalar en el Congreso de Droguería Acofar en el Hotel Sheraton de Mar del Plata del viernes 11 y sábado 12 de noviembre.
Ante las legítimas medidas de fuerza, hubo reacciones violentas por parte del gerente de Laboratorio Richet, quien tomó del cuello a un compañero. También los gerentes de Rofina protagonizaron escenas de violencia verbal y física hacia los visitadores médicos.
La industria farmacéutica ya no tiene argumentos para negarse a firmar paritarias, por eso reemplazan el diálogo por estas formas violentas hacia los visitadores médicos.
El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para LATAM por lo cual la Asociación de Tripulantes de Cabina de Pasajeros dejó sin efecto un paro que se prolongó desde las 23:00 del jueves hasta las 2:00 del viernes. La cartera laboral citó a una audiencia. Los trabajadores exigen una reestructuración salarial, diferencias en las liquidaciones de sueldo y falta de reconocimiento de la antigüedad, entre otras.

Recuperadas en apuros

Desde las 14:30 del martes en el Congreso Nacional, trabajadores y trabajadoras de la fábrica bajo control obrero Zanón de Neuquén y otras empresas recuperadas de todo el país realizarán una Audiencia Pública para contar la grave situación que están pasando muchas de ellas, buscar apoyos para su lucha y plantar en alto la bandera de "fábrica que cierra, ocuparla y ponerla a producir".
La audiencia es impulsada por la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, y contará con el apoyo y la participación de diputados y diputadas de todos los bloques de la Cámara de Diputados que ya han comprometido su presencia, así como referentes sociales, sindicales y de los derechos humanos.

La reforma laboral de Macri comienza por los petroleros

“Por primera vez en la historia de la Argentina, firmamos con el gremio un acta con metas de producción”. Así saludaba el Presidente de YPF el primer convenio atado a la productividad bajo el actual gobierno, firmado por los sindicatos petroleros de Neuquén, Río Negro y La Pampa, encabezado por el senador Guillermo Pereyra y el del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo de esas provincias y sus representaciones en Salta, Jujuy y Formosa.
Por ese acuerdo el trabajador puede ser reubicado temporal o permanentemente en otras tareas distintas a las habituales y tener tareas simultáneas. Se estima que la aplicación de este solo punto del acuerdo, significaría el despido de 1.500 obreros de la cuenca neuquina.
A partir del acuerdo se podrá trabajar en el montaje y desmontaje de equipos durante la noche. Y queda en manos de los hombres de la empresa en el pozo, la continuidad de las tareas bajo condiciones de viento. Se altera el descanso ya que ahora si en una cuadrilla faltan operarios se deberá realizar la tarea igual. El descanso entre jornada y jornada se reduce a ocho horas (antes 12). Pero además, cuando las tareas se realicen por diagrama, el mismo adoptará el esquema de 2 x 1, en vez del 1 x 1 actual. Por lo tanto, los diagramas pasarán a ser de 14 días de trabajo por 7 de descanso, en vez de los 14 por 14 que rige actualmente.
También se elimina una gran conquista laboral como las llamadas “horas taxi”, que son las horas pagas como adicional de traslado del trabajador al pozo. La jornada laboral también se extiende ya que cuando el trabajador pernocte o descanse en un hotel o pensión de una localidad cercana al yacimiento, la jornada laboral puede extenderse un 10% más. Cuando el descanso se realice en tráiler en el propio yacimiento, la jornada se podrá extender hasta un 20% más.
Incluso propone que los trabajadores con tareas de apoyo como catering, vigilancia, limpieza, etc., cobren de acuerdo a los convenios de sus respectivas actividades, lo cual implica una rebaja salarial directa para miles de obreros.
A cambio de la firma la burocracia recibirá por cada trabajador un “aliciente” de $ 3.000. En el caso del sindicato de Pereyra, con 18.000 trabajadores en el sector, significará embolsar $ 54.000.000.
El convenio suscripto rige para la explotación del petróleo no convencional, pero está en marcha un acuerdo de características similares para el convencional, que pretende integrar sindicatos de otras provincias.
El Secretario General del Sindicato de Chubut, Jorge Avila, denunció que el acuerdo supone un recorte del 30% del salario y rechazaría uno similar.
Además, el propio gobierno informó que Smata, Luz y Fuerza y Marina Mercante están acordando cláusulas de productividad en sus convenios. El presidente de la Federación de Empresas Navieras Argentinas había anticipado a fines de setiembre que: “hay que impulsar un sistema normativo que contemple salarios de nivel internacional”, hoy a la baja, y una modalidad que debe ser “por contrato” porque “no es cierto que con ellos, los trabajadores estén precarizados”.
Antes de la firma del acuerdo petrolero de Neuquén, los trabajadores de El Tabacal, luego de una gran huelga, derrotaron el intento de imponerles un convenio de estas características.

Mario Hernandez

Fuentes: InfoGremiales, Clarín, Página 12, La Izquierda Diario, Prensa Obrera, Tiempo Argentino y Resumen Latinoamericano, Anred, ambito.com y Crónica.

No hay comentarios:

Publicar un comentario