Nada indica que Macri vuelva a invitar a Massa (ni que Massa acepte) a pasar enero juntos en el cónclave de Davos, Suiza, que reúne cada año a la plutocracia internacional –como lo hizo el año pasado para definir el perfil de clase de su gobierno. Un conjunto de declaraciones y de iniciativas que se conocieron en el fin de semana apunta a un principio de crisis política de lo que ha sido un régimen de “coalición a la carta”, que hizo viable al gobierno de Macri –por un lado, mediante el voto favorable de la llamada ‘oposición’ en el Congreso a todos los proyectos de ley del Ejecutivo; por el otro lado, a través de la complicidad política con el nuevo gobierno por parte de la burocracia de la CGT y de los kirchneristas de los “movimientos sociales” (papistas).
Ahora, dos aliados del macrismo, Duhalde, desde el madrileño El País, y Lavagna desde los medios locales, salieron a pronosticar el “colapso” de la política económica en curso, en un movimiento que nos retrotrae a los ataques de este mismo dúo a la ‘convertibilidad’ y al gobierno de De la Rúa desde dos años antes a su caída. Los voceros oficiales, como Prat Gay o el segundo del Banco Central, Lucas Llach, no demoraron en denunciar a este vaticinio como “catrastrofista”. Lo que amerita el uso de semejante lenguaje lo aporta la victoria de Donald Trump, que ha prometido intensificar la guerra comercial, financiera y fiscal internacional de Estados Unidos. No hay comentarista de la prensa internacional que no augure que esta guerra desatará “un tsunami” en los llamados mercados emergentes. El capital financiero maneja un lenguaje mucho menos matizado, pero bastante más adecuado, que el de la izquierda académica.
El principio de una crisis política en el régimen precario establecido hace un año también tuvo una manifestación, incluso de más alcance, al interior del propio Cambiemos, a partir de la impugnación que hizo Emilio Monzó, el presidente de Diputados, a su propio gobierno. Es que para Monzó, el gobierno macrista no pasa de ser “un espacio de gestión” –como una gerencia–, en lugar de ser “un espacio político” (como lo sería un directorio). Para no desentonar con el lenguaje de moda, un editor de Clarín, un diario que mide el impacto de cada palabra, caracterizó a los dichos de Monzó como un “temblor político”. Monzó, en definitiva, está proponiendo que el gobierno de Cambiemos sea reemplazado por un gobierno de coalición o de semi-coalición con sectores representativos del peronismo. Para Clarín, Monzó “fue demasiado lejos y al que metió en problemas es a Macri”. Si se lleva hasta el final la caracterización, Monzó está proponiendo traer al gabinete a los “catastrofistas”. Este panorama político otorga validez a la caracterización que hemos hecho desde el mismo comienzo de este gobierno, en el sentido de que el macrismo arrancaba sin los recursos políticos y económicos necesarios para imponer sus objetivos –ahora podríamos agregar que incluso se han deteriorado varios de ellos, como el sustento parlamentario y la ganga financiera que ofrecieron las bajísimas tasas de interés internacionales.
Rodrigazo y sus consecuencias
Lo que Lavagna y compañía omiten decir es que el macrismo debutó con un ‘rodrigazo’, el mismo que Lavagna había vaticinado cuando copió, con una mención injuriosa en Clarin, nuestro pronóstico (tanto en Prensa Obrera como en el diario Perfil –“La Celestina”, en alusión a Cristina y a Celestino Rodrigo). La devaluación, los tarifazos y la disminución de impuestos a la exportación, que ejecutó el macrismo con el apoyo de la “oposición”, desataron la explosión inflacionaria que estaba en parte contenida con el kirchnerismo (al precio del “dólar futuro” por u$s 18 mil millones). La diferencia con el rodrigazo del 75 es que el macrismo pudo hacer frente al pago de la deuda, de los intereses, los dividendos, la fuga de capitales y los pagos de importaciones retenidos, mediante un enorme endeudamiento, gracias a una gran liquidez internacional y a la maniobra del Banco Central que ofreció para ello tasas de interés super usurarias. Lavagna se queja por las consecuencias de este endeudamiento (peso sobrevaluado), pero escamotea las causas, el rodrigazo, que su Frente Renovador apoyó en el Congreso. El “colapso” que vaticina es el resultado de la política que propició y que apoyó.
Argentina tiene que hacer frente, en 2017, a casi u$s 20 mil millones de vencimientos de deuda externa, más los de las provincias y las corporaciones privadas. Un nuevo endeudamiento, encima de los u$s 40 mil millones añadidos en 2016, luce complicado por el cambio monetario internacional. El Banco Central, por su lado, aumentó la deuda en Lebacs, en un año, de $250 mil millones a $750 mil millones (¡tres veces!) a un promedio de tasa del 30 por ciento anual, en su mayor parte colocada a corto plazo. Esta política, llamada “metas de inflación”, es potencialmente hiperinflacionaria por dos razones. La primera, obvia, es que la deuda no se puede cancelar sin emisión monetaria –por eso sube sin control. La otra es que las Lebac pueden ser usadas por sus tenedores como garantía para obtener préstamos, lo cual incentiva la emisión de moneda bancaria, por varias veces. La salida presumible del directorio de Sturzenegger es convertirla en deuda de la Administración Nacional, esto a cambio de la deuda que el Estado tiene con el Banco –u$s 70 mil millones– en Letras Intransferibles, que dejó el kirchnerismo. En este caso el déficit del Banco Central se trasladaría al Tesoro, que ya hoy tiene un récord de u$s40 mil millones, $ 600 mil millones, el 8% del PBI. En este contexto, la columna económica de Clarín calcula un incremento de las tarifas de gas y luz del orden del 40% en moneda constante, para 2017.
En otro marco de este vaciamiento financiero, Aranguren está presionando para vender activos importantes de YPF, para enjugar pérdidas, que solamente en el tercer trimestre del año fue de u$s 30.256 millones (Naishtat, Clarín, 16.11). Salvo que los compre Techint, este negociado podría acentuar los choques entre los socios de este “régimen de coalición a la carta”, que pelea por sobrevivir pero que está en disolución. El gobierno acaba de implementar (hoy) la ley que consiguió de Massa y ‘tutti quanti’ para disponer de las acciones en poder de Anses, al vender sin licitación las de Petrobras al grupo Pampa Energía, a un valor diez veces inferior al que fueran compradas por las Afjp, bajo el menemismo. Es, por otro lado, una confesión de la pérdida de financiamiento internacional. La prensa financiera advierte que el dólar podría apreciarse en un 20%, lo que aumenta la hipoteca de la deuda externa medida en pesos y debe producir una caída de los precios nominales de las materias primas.
Blanqueo y Ganancias
Los macristas dicen no sentirse inquietos por este panorama debido al éxito que aseguran tendrá el blanqueo. El blanqueo es una necesidad de los evasores para re-ingresar capitales en el circuito económico, en su mayor parte en forma de propiedades y activos, a un costo bajísimo o nulo. No es un acto de ‘confianza’ en el macrismo, como lo revela el conjunto del impasse económico prevaleciente. Habla de declaraciones de 60 mil a 80 mil millones de dólares y una repatriación efectiva de 25 mil a 30 mil millones, que pagarían el impuesto establecido inferior al 10 por ciento. Una vez salvadas las limitaciones legales, el dinero repatriado puede ser re-expatriado, potenciando una fuga de capitales. No es el blanqueo la clave para recuperar una solvencia financiera sino el equilibrio económico nacional e internacional, que se encuentra fuera de eje por completo. No existe ninguna previsión, por otro lado, de que el blanqueo se dirija al financiamiento de la industria o la infraestructura –en momentos en que hay una derrumbe industrial luego de varios años de recesión. El régimen de “la coalición a la carta” que ha gobernado durante 2016, ha reservado el desarrollo de la infraestructura para la inversión “público/privada”, en condiciones en que el “sector público” es incapaz de asegurar o garantizar ninguna clase de inversión de envergadura. En oposición al planteo “devaluatorio e inflacionario” de los que abandonan el barco macrista, el macrismo plantea, ante la crisis del ‘nuevo modelo’, una salida deflacionaria. Es lo que hace en La Nación el economista proto macrista, Nicolás Dujovne, que propone reducir el “costo laboral” (aportes jubilatorios y salud) en un 4%, o sea u$s20 mil millones en forma permanente, para alcanzar competitividad internacional. Un economista brasileño, con más experiencia que él, le explicó por TN que Argentina no tiene adonde exportar, no importa cuánto reduzca ese ‘costo’. En el mismo diario, el ‘cambiemos’ Mario Negri, describió el dramático giro del balance comercial Argentina-China, de un modesto superávit a un déficit espectacular contra Argentina en menos de una década. ¡Hasta el ‘lobbista’ más importante de Monsanto, Héctor Huergo, el editor agropecuario de Clarín, da un salto acrobático hacia el ‘linguaggio’ catastrofista, al proclamar, el sábado último, que “La alarma está sonando, acá y allá” –al advertir el impacto negativo en los precios de una sobre producción internacional de soja, que no podría sino acentuarse con una guerra comercial!
La presentación del proyecto de reforma a la ley de ganancias por parte del Frente Renovador constituye un paso al frente de esta crisis. Por de pronto, pretende ser una ‘propuesta’ de salida al ‘colapso’ anunciado. En principio, sin embargo, podría ser encuadrada como una maniobra de propaganda electoral, en especial porque plantea financiar el descubierto fiscal que dejaría la suba del mínimo no imponible, con medidas bien ‘anti-macristas’: impuestos a depósitos bancarios, a rentas financieras y a la super plusvalía que obtuvieron los que especularon con el ‘dólar futuro’ antes del levantamiento del ‘cepo’, y la reposición del 5% de gravamen a las exportaciones de la minería. Massa dice que va por los dos tercios necesarios en ambas cámaras para sacar adelante el proyecto, lo cual debería neutralizar un veto por parte de Macri. El régimen de coalición entraría en terapia intensiva y abriría la posibilidad de un “espacio político” a la Monzó, o sea una coalición con parte del peronismo. Si desde, por el contrario, desde el peronismo se torpedeara la aprobación del proyecto, quedaría expuesta una nueva fractura pejotista al servicio del gobierno, lo cual también podría ser ‘remunerado’ con el ingreso al gabinete de los saboteadores. El escenario político quedaría fuertemente precarizado.
Estrategia
El desarrollo que culmina en este inicio de crisis política pone de manifiesto los límites enormes de la llamada “resistencia al ajuste”, en oposición al planteo de confrontación con el régimen político en su conjunto. La crisis política, que aparece como una pelea de camarillas, hunde su raíz en un impasse de conjunto, que combina la crisis industrial con el empobrecimiento de masas crecientes del pueblo; una crisis financiera insoluble con la confiscación de salarios; la disgregación de los partidos tradicionales, que se reconfiguran en ‘clubes’ políticos; un distanciamiento cada vez mayor de la burocracia sindical de los obreros y activistas; impotencia del régimen político periférico para emprender un curso de acción frente a una crisis internacional que se profundice y se extiende, y que ya ha asumido formas de crisis políticas nacionales e internacionales. En la agenda política de Argentina se re-instala la rebelión popular –sea como una eclosión ante una crisis que se acelera, sea como un acto segundo o tercero frente al fracaso de diferentes tentativas de desvío de la tendencia a esa rebelión. La primacía de una de estas variantes de la tendencia general, solamente podrá determinarse en forma eminentemente práctica, a condición de trabajar sobre esa tendencia, en la propaganda y en la construcción política, como la alternativa de conjunto.
La izquierda, en su sentido más general, ha errado en la caracterización del ascenso del macrismo al gobierno, en forma unilateral, aislado de la bancarrota capitalista mundial y sus determinaciones nacionales. A partir de aquí acopla ‘resistencia’ con el craso electoralismo. La estrategia socialista no puede ir a la rastra de los flujos y reflujos de las luchas y de las masas, porque la crisis capitalista de conjunto asegura la inevitabilidad de las luchas y explosiones populares, que deben ser precedidas por una preparación política. El planteo de un gobierno de trabajadores adquiere su mayor vigencia frente a la crisis en curso. Debe ser la meta de una rebelión popular. Todas las acciones de la vanguardia de la clase obrera deben apuntar en esta dirección.
Jorge Altamira
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