El convenio firmado entre Anses y Migraciones comienza a generar sus primeros efectos. Miles de jubilados y pensionados extranjeros que residen en el país no pueden cobrar sus prestaciones.
Dora Franco vive en La Boca y tiene 70 años. El lunes se dirigió a una sucursal del banco Francés para cobrar por primera vez su Pensión Universal para el Adulto Mayor. La misma, reglamentada por la “ley de reparación histórica”, alcanza a aquellas personas mayores de 65 años que no cuenten con una prestación previsional contributiva. La misma, equivale tan sólo al 80 por ciento de la jubilación mínima, y apenas se acerca a la magra suma de $4.000. Sin embargo, un detalle no le iba a permitir siquiera cobrar esta pequeña suma: Dora nació en Paraguay.
En 1982, durante la dictadura de Stroessner a la que ella y su familia se opusieron, Dora llegó a la Argentina. Desde entonces, hace 34 años que vive de manera ininterrumpida en el país, donde se dedicó a trabajar como empleada doméstica en casas de familia, siempre en negro, por lo cual nunca contó con aportes previsionales.
A pesar de toda una vida de trabajo, hoy ni siquiera tiene el derecho de acceder a cobrar esa mínima pensión que establece la ley que el macrismo anunció con bombos y platillos.
Es que hace tan sólo siete días atrás, Anses firmó un convenio con la dirección nacional de Migraciones para “verificar la residencia” de todos aquellos beneficiarios de prestaciones sociales, lo que restringe aún más los derechos de los extranjeros que residen en el país. Con esta medida, según la información oficial difundida, se apunta a “evitar abusos o la falta de transparencia en el otorgamiento de las prestaciones de la Seguridad Social”. En lo inmediato, la resolución congela el pago de haberes y asignaciones hasta tanto se realice el entrecruzamiento de datos, para el cual no hay plazo ni fecha estipulada.
Un canto a la xenofobia
El convenio alcanzado entre Anses y Migraciones se produjo tan sólo una semana después de los dichos del senador del Frente para la Victoria, Miguel Ángel “Micky” Pichetto, quien entrevistado por Canal 26 había asegurado que “uno de los problemas de la Argentina es la cultura igualitaria” y hasta se atrevió a referirse a los inmigrantes como “resaca”. Si hay algo que puede asegurarse catorce días después de aquellas declaraciones, es que la xenofobia no discrimina entre los partidos tradicionales: al referente del kirchnerismo se sumaron el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y hasta el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien destilando odio y fomentando los prejuicios más reaccionarios aseguró: “El extranjero que comete un delito tiene que ser expulsado después del cumplimiento de su condena. Es clave que tengamos la capacidad de hacer un control estricto porque si la frontera es un colador, la droga en los barrios avanza”. El Gobierno prepara un plan para endurecer los controles migratorios y el plan es avalado a coro por la inmensa mayoría de los políticos del régimen.
El caso de Dora, como el de miles de inmigrantes que hoy viven en el país, muestra que estas declaraciones están lejos de quedar “a título individual” y más bien apuntan a convertirse en una política de Estado. De esta forma, el macrismo aplica un brutal ataque contra un derecho elemental como es el cobro de la pensión para quienes se pasaron toda su vida trabajando. El motivo, la simple circunstancia del lugar donde nacieron.
Los aprendices de Trump en Argentina bombardean con todos sus recursos para responsabilizar a los inmigrantes de los problemas sociales generados por sus propias crisis y así legitimar sus políticas de mayor regimentación y control social. La búsqueda permanente de “enemigos” busca correr el foco de las políticas que generan mayores miserias y penurias en beneficio de la ganancia de los empresarios (nacionales y extranjeros).
Dora, como miles de inmigrantes, forma parte de una larga tradición de la historia argentina: son los que dejaron y dejan su cuerpo, su salud y sus años de vida trabajando en casas ajenas, en talleres textiles, en obras de construcción de propiedades que nunca tendrán y en todo tipo de trabajos no registrados. Los empresarios y los políticos patronales juegan con ellos y con sus familias, mientras ostentan el lujo que obtienen a costa de su trabajo o gracias a los privilegios de casta, como evidenció hace días solamente el dietazo de los diputados.
En los próximos días el caso se repetirá incansablemente y serán otros trabajadores de toda la vida los que, en la misma fila del banco, se enterarán que no pueden cobrar por el hecho de ser extranjeros.
"Es importante seguir peleando contra esta idea de división", asegura Dora con tono firme y decidido. Con sus 70 años de experiencias al hombro, aclara que por ese mismo motivo se prepara para ir el sábado 19 al acto del Frente de Izquierda en la cancha de Atlanta y asegura: "La clase obrera no tiene fronteras y más que nunca tenemos que estar unidos, peleando contra los que se enriquecen a costa nuestra y se empeñan en amenazarnos y asustarnos, queriendo avanzar sobre nuestros derechos".
Juan Manuel Jardim @jotaemejotaa
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