El beneficio para el genocida había sido dictado en agosto. El fallo ordena una nueva resolución, respetando pasos procesales omitidos anteriormente.
La Cámara Federal de Casación Penal anuló hoy el fallo de la Cámara Federal porteña que en agosto le había concedido (por presuntas cuestiones de salud) la prisión domiciliaria al exdirector de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura cívico-militar, Miguel Osvaldo Etchecolatz, condenado en varias causas por delitos de lesa humanidad.
A su vez el fallo dado a conocer esta tarde ordena que se dicte una nueva resolución sobre la situación carcelaria del represor.
Vale recordar que Etchecolatz no está en su casa ya que, pese al fallo de agosto, las condenas recibidas en otras causas por delitos de lesa humanidad obligan a que se mantenga su detención en el penal federal de Ezeiza.
El fallo de hoy hace caso de las apelaciones realizada por querellantes y fiscalía, en las que se cuestionaba duramente el fallo que beneficiaba al genocida, por detectarse serias irregularidades en los peritajes médicos realizados al represor de 87 años.
Los camaristas de Casación Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky coincidieron que en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura “se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino de garantizar la efectiva investigación”.
Sin embargo el fallo fue dividido, ya que mientras Mariano Borinsky y Gustavo Hornos consideraron que hay que anular el fallo anterior, el tercer miembro de la sala de Casación, Juan Carlos Gemignani, votó en disidencia, al pronunciarse en favor de ratificar la prisión domiciliaria al condenado.
Así, el la resolución de hoy termina reconociendo que lo resuelto anteriormente por la Cámara Federal porteña tenía errores y omisiones procesales que habían beneficiado a Etchecolatz.
Este fallo del máximo tribunal penal del país no cierra totalmente la posibilidad de que uno de los protagonistas emblemáticos del genocidio (a su vez sospechado de ser uno de los mentores de la impune segunda desaparición de Jorge Julio López), termine finalmente en su domicilio. Pero sí obliga a que para emitir un nuevo fallo se tengan en cuenta las pruebas y opiniones de los peritos expertos del Cuerpo Médico Forense y de una de las partes del proceso, nada menos que quienes son querellantes.
Redacción LID
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