El gobierno impulsa un proyecto de ley sobre “libertad religiosa” que refuerza el carácter confesional del Estado argentino.
El proyecto sostiene el estatus de persona jurídica pública de la Iglesia Católica, sancionado en 2014 con la modificación del Código Civil y Comercial bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y extiende algunas prerrogativas de este culto al resto de las confesiones religiosas.
Esto significa que a partir de la inscripción en un Registro de Cultos, las instituciones religiosas no católicas podrán recibir “beneficios impositivos” y sus templos serán inembargables, lo que constituye un blindaje patrimonial ante eventuales demandas civiles. Hasta ahora, regía solamente para la Iglesia Católica, agobiada por las denuncias de abuso y pedofilia.
La norma exime a los ministros de culto “de la obligación de declarar sobre hechos que le hayan sido revelados en el ejercicio de su ministerio”, abandonando un criterio de responsabilidad elemental de quienes detentan un puesto de autoridad y poder ante la ley. Por caso, el código de ética de los psicólogos establece que se debe levantar el secreto profesional siempre que haya riesgos para el paciente o para terceros.
La ley garantiza la “objeción de conciencia” a los fieles, esgrimida generalmente para bloquear el acceso al aborto no punible en los hospitales públicos. La impostura “pro vida” del proyecto de ley se demuestra en el hecho de que la “objeción de conciencia” también podrá ser invocada por los pacientes que no quieran recibir transfusiones de sangre. El Estado debe respetar la libertad religiosa en el ámbito privado y no vehiculizar la imposición de creencias privadas en un ámbito público como es la salud.
Con esta ley se les reconocerá a los cultos el derecho a tener instituciones educativas, hospitales, cementerios y medios de comunicación propios, al mismo tiempo que continuará sosteniendo económicamente los sueldos de los jerarcas de la Iglesia y los subsidios a los colegios confesionales.
En su apartado más rancio, el proyecto establece un reforzamiento represivo del Código Penal al crear la figura de “delitos contra la libertad religiosa y de conciencia”. De aplicarse, podrían ser encarceladas las mujeres que con su movilización y su lucha garantizan el derecho a los abortos no punibles en los hospitales; las docentes que denuncia la injerencia de las ONG confesionales en los colegios que imparten educación sexual, las centenares de miles de mujeres que repudian a la Iglesia Católica en la marcha anual del Encuentro Nacional de la Mujer. Las movilizaciones que denuncian a los curas abusadores, como las que desarrolló el Plenario de Trabajadoras de Catamarca contra el cura Juan de Dios Gutiérrez, podrían ser ser consideradas “actos de intimidación” y penalizadas.
Este reforzamiento apuntala el dominio religioso sobre la vida espiritual de las familias llega en momentos en que las mujeres protagonizamos una verdadera rebelión contra los patrones basados en el sometimiento de las mujeres y los niños. Devela el carácter demagógico del Plan contra la Violencia de Macri y la presidenta del Consejo de la Mujer, Fabiana Túñez. No hay “botón anti-pánico” que salve a las mujeres de la violencia, mientras el Estado consienta una educación oscurantista que considera a la mujer una persona de segunda, promueve una ideología de odio contra las minorías sexuales y divide a la población por motivos artificiales. No hay #NiUnaMenos sin un Estado laico.
El clericalismo que Cambiemos aspira a reforzar forma parte del pacto con el Vaticano para contener la crisis social que provoca el ajuste y blindar al gobierno frente a la reacción popular. Como el kirchnerismo en el pasado, apuntan a regimentar a la población mediante la injerencia de las iglesias en la vida social, detrás de la pantalla de “ampliación de derechos”.
El movimiento democrático y de mujeres debe pronunciarse contra esta reforma y reclamar la separación de la Iglesia del Estado.
Carla Deiana
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