En unas horas, gracias a la colecta de 250 millones de dólares en bonos para entregar como garantía a los bonistas holdouts, el banquero Jorge Brito pasó de traidor a héroe para el gobierno nacional. Camino inverso al recorrido hace unos años cuando el enfrentamiento con Guillermo Moreno y cruces de declaraciones con la Presidenta lo alejaron del lugar de preferencia que mantenía para el gobierno en el sector financiero. Ostracismo que nunca impidió, sin embargo, que el Banco Macro, que Brito preside, conservara tratos con Anses, realizando jugosos negocios. Tampoco, que al igual que el resto de la banca, realizara ganancias récord gracias a la política oficial. Bussiness are bussiness.
Ahora, el banquero puede adjudicarse el mérito de haber encolumnado a los banqueros locales, nucleados en Adeba, preocupados por las consecuencias que podría tener el default (por muy selectivo o restrictivo que pudiera ser), para que reúnan 250 millones de dólares en bonos con los cuales constituir un fideicomiso. Con este fideicomiso se buscaría negociar con los fondos buitre la compra de parte de sus tenencias de títulos en default. El objetivo de estas medidas sería lograr que los bonistas le soliciten al juez Thomas Griesa el restablecimiento del stay, cautelar que suspendería la sentencia de noviembre de 2012 y permitiría que el gobierno argentino cancele los vencimientos de hoy, evitando el default. Si esto ocurre, podría crearse un puente para llegar a enero, cuando argentina estaría en condiciones de negociar sin la amenaza de la cláusula RUFO (sigla en inglés para Derechos Sobre Futuras Ofertas) establecida en los bonos canjeados en 2005 y 2010, que les da derecho a participar de cualquier mejora en las condiciones que se otorgue a algún bonista antes de enero de 2015. En el interín, además, el gobierno podría intentar la renuncia por parte de los bonistas “performing” a la cláusula RUFO.
El ofrecimiento de una garantía por parte de los bancos privados nacionales permite superar una restricción establecida en el canje de 2005. La página 203 del prospecto del canje de 2005 establece textualmente que: “La Argentina se compromete a no crear ningún tipo de garantía (bajo cualquier condición de acuerdo preferencial) para asegurar el pago de su deuda, salvo que éste se ofrezca a la totalidad de los bonistas o que al menos cuente con la aprobación de éstos”. Con esta claúsula, el gobierno no podía ofrecer de forma directa ninguna garantía a los fondos buitre sin arriesgar consecuencias por parte de los bonistas que canjearon.
Si esto destrabará la situación, a horas del default, se conocerá dentro de un rato. De lo que podemos estar seguros, es que a los banqueros no los mueve ningún altruismo. Desde el vamos, podemos estar seguros que las mismas operaciones que realizarán para “salvar las papas” les van a generar ingresos por comisiones, además de evitarles las turbulencias que podría generar en el patriminio de sus bancos y en sus operaciones si la Argentina va a otro default.
Pero eso sería apenas el comienzo. Podemos imaginar que el éxito en las gestiones de hoy podría derivar en un recibimiento triunfal de Brito y sus socios por parte de la propia Presidenta, que poco tendría que envidiarle al que tuvo la selección nacional de fútbol el pasado 14 de julio. Sería el comienzo de una relación nuevamente más aceitada entre los banqueros y el gobierno. Esto pondría sobre el tapete la marcha atrás con algunas de las medidas que molestan al sector financiero, porque limitan la posibilidad de explayar libremente su voracidad. Una de ellas es el tope a las tasas de interés que pueden cobrar los bancos, fijadas el pasado 10 de junio en 37% para préstamos personales y 32% para prendarios en el caso de las entidades más grandes (para las entidades más pequeñas, la tasa de los créditos personales será 46% y los prendarios, 36%). También podrían buscar revertir las “nuevas reglas sobre comisiones y cargos de productos y servicios financieros básicos” que estableció el Banco Central (BCRA) junto con los topes, por las cuales los bancos y las emisoras no financieras de tarjetas de crédito tienen que solicitar autorización previa del BCRA para aplicar aumentos al costo. Estas medidas tuvieron por parte de los bancos una resistencia subterránea, consistente en empujar la salida de depositantes del sistema pagándoles tasas más bajas por sus plazos fijos, incentivando así la búsqueda de alternativas por parte de los ahorristas, lo cual amenazaba nuevamente con un salto del dólar blue. Es decir, la respuesta de los bancos a los intentos de regulación fue empujar hacia la desestabilización del precario equilibrio logrado por el gobierno a fuerza de devaluación y ajuste.
Otro punto que los bancos podrían llegar a reclamar, es la posibilidad de ampliar sus tenencias en moneda extranjera. En febrero pasado el BCRA reflotó una norma de 2005 que limita al 30% el patrimonio de tenencias en divisa que puede tener cada entidad financiera y al 10% adicional para los contratos de futuros. Esta medida fue aplicada después de la devaluación, no antes, y por eso los bancos, con tenencias que superaban holgadamente estos porcentajes, hicieron en pocos meses ganancias formidables. Sólo durante el primer trimestre de este año, los bancos amasaron el equivalente a la mitad de las ganancias de todo 2013, es decir $16.104 millones. Anualizado, esto significaría una duplicación de sus ganancias. El 60% de esas utilidades obedeció a ganancias por apuestas al dólar.
Y podemos estar seguros, ahora más que nunca, de que la reforma financiera, aspiración que otro banquero oficialista, Carlos Heller, busca sacar a relucir de vez en cuando para volver a archivarla ante la falta de apoyo oficial, es otra promesa sepultada del relato, junto con la inexistente reforma tributaria.
La gesta de pacotilla armada alrededor del litigio con los buitres, para ocultar la bancarrota de la estrategia de salir del problema de la deuda pagando serialmente, apunta a terminar en el grotesto, con la soberanía “rescatada” (con pago) de la mano de los banqueros. Soberanía limitada, por otra parte, al derecho de seguir pagando puntillosamente.
Ahora más que nunca, debemos exigir que no sean el gobierno (camarilla que defiende los intereses de los capitalistas) y los banqueros, negociando con los buitres y los jueces imperiales, quienes comprometan nuestro futuro negociando entre cuatro paredes de espaldas a los trabajadores, abriendo paso a onerosas negociaciones que son el preámbulo de un nuevo crecimiento de la deuda. Como ha reclamado el diputado nacional por el Frente de Izquierda Nicolás del Caño, es necesario abrir lugar a una consulta popular vinculante, para que sea el pueblo el que decida que se hace con la deuda.
Esteban Mercatante
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