Este miércoles y jueves tendrán lugar una jornada de movilización llamada por la CTA-Micheli y la Coordinadora Sindical Clasista y el paro de 24hs. convocado por la CGT-Moyano. De conjunto será un paro de 36hs.
Como otras veces está convocado por acuerdos de cúpula sin consulta a las bases. Esta práctica burocrática no le quita legitimidad pero sí limita sus alcances. Más cuando en los gremios enrolados en las centrales oficialistas el descontento se hace sentir (caso de la Alimentación donde todo indica que las seccionales de Capital y Córdoba se plegaran a la medida).
Los tironeos en cuanto a la participación de la UTA hablan de la importancia que ha adquirido en este tiempo el transporte urbano de pasajeros para garantizar un paro general. Más cuando los grandes gremios industriales y Comercio, UOCRA, Sanidad, CTERA entre otros no adhieren al paro. Si finalmente la UTA no se pliega tendrán una mayor relevancia y visibilidad los piquetes y cortes que ya anunciaron la CTA y las organizaciones de izquierda. Lo que entre otras cosas dará cobertura a los trabajadores precarizados.
Conflictos adentro y afuera
Conviene precisar el contexto político-social en que se darán estas jornadas de lucha. A la agudización de los desequilibrios que la economía nacional arrastra desde hace tiempo (restricción externa, déficit fiscal, inflación, caída de la actividad económica y su impacto sobre el empleo: suspensiones, despidos, pérdida de capacidad adquisitiva de los ingresos fijos), se suma la ofensiva de los fondos buitre y la justicia norteamericana. Todo cuando el gobierno transita los últimos 16 meses de gestión.
La respuesta del gobierno ha sido la reorientación de su política. Si desde enero último el curso adoptado era de acercamiento a los mercados para volver al endeudamiento, ahora es lo contrario. De hecho ha desacatado el fallo del juez Griesa y ha convocado a financiarse con un mercado de capitales propio.
Bajo la consigna “Queremos pagar y no nos dejan”, ha enviado al parlamento un proyecto de ley de “Pago soberano local de la deuda externa”, en simultáneo envió también un proyecto de ley para reformar la Ley de Abastecimiento, en rigor tres iniciativas que crean a) el Fuero Judicial para usuarios y consumidores; b) un Observatorio de Precios y c) modificaciones a la ley de abastecimiento.
Lo central de este proyecto que les debe interesar a los trabajadores es que otorga a la Secretaría de Comercio poder para fijar márgenes de rentabilidad, niveles de precios y volúmenes de producción. Nada muy diferente a leyes anteriores, de 1964 y 1974, que bajo gobiernos radicales o peronistas prácticamente nunca se aplicaron.
Convocatorias
Es en este marco, que ha elevado el nivel de confrontación con grupos de poder locales y con el imperialismo, se inserta el paro convocado por las centrales opositoras. Las consignas que se levantan son inobjetables, aunque es necesario señalar que los pliegos reivindicativos de las dos centrales si bien tienen puntos en común, no son iguales. La CTA pone el énfasis en los despidos y suspensiones, no en vano marchará sobre el Congreso para presionar por un proyecto de ley que los prohíbe por un año, y en la ocupación de toda fábrica que cierre. Mientras que el eje de la CGT está centrado en el impuesto a las ganancias y en los fondos de las obras sociales. La diferencia no es menor porque implica una valoración cualitativamente diferente de la situación.
No deja de ser preocupante que las convocatorias de las centrales no incluyan alguna expresión de rechazo a la presión imperialista de los fondos buitre y a las amenazas del juez Griesa, aunque justo es reconocer que la CTA reclama la suspensión de los pagos y la investigación de la deuda. Tampoco hacen referencia a la OMC que denuncia a la Argentina por proteccionismo de su mercado interno.
En un país capitalista dependiente como el nuestro la lucha antiimperialista forma parte del acervo histórico del movimiento de los trabajadores, claro está que esto no implica la subordinación de las reivindicaciones de clase a esta lucha, menos al gobierno de turno. Todo paro nacional es un enfrentamiento con el gobierno, y así lo es ahora, pero esto no debe impedir que la declaración contenga la denuncia a las patronales, menos en este momento que los grandes conflictos en curso -PATY, Lear, Donnelly, Emfer-Tatsa, Weatherford, entre otros- se desenvuelven en el sector privado en el que no pocas empresas están haciendo un uso capitalista de la crisis buscando imponer los turnos de trabajo americanos, a lo que se resisten las CCII. Un posicionamiento de este tipo también está ausente en las convocatorias de las centrales.
Las luchas de clase no deben subordinarse a ningún poder constituido, pero la independencia de clase exige también delimitar los campos, para no terminar siendo funcionales a los intereses derechistas. Esto no implica tener una actitud pasiva, pero sí saber que los trabajadores, los sectores populares no son indiferentes a cómo se resuelvan las disputas de la coyuntura.
Se trata de disputar la calle, las consignas y las propuestas no solo con el gobierno sino también con la oposición derechista y los sectores que hoy operan como correas de transmisión del gran capital.
Más allá del paro
Pensando en el día después es necesario ampliar los ejes de la convocatoria al paro. Por ejemplo, el rechazo a las presiones imperialistas de la justicia norteamericana y los fondos buitres se debe completar con la suspensión de los pagos y la investigación de la deuda. La prohibición de despidos y suspensiones debe ir acompañado por la exigencia de la reducción de la jornada y el reparto del trabajo existente, así como la estatización con gestión obrera de toda empresa que cierre. Las defensa del poder adquisitivo con la actualización periódica de salarios e ingresos populares según la evolución de los precios y la reducción del IVA a artículos de primera necesidad. Combinar la eliminación del impuesto al salario con una reforma tributaria que haga pagar a los que más tienen. Frente a las maniobras de los empresarios debe exigirse la aplicación efectiva de la Ley de Abastecimiento (control de costos, tasas de ganancia y volúmenes de producción de las formadores de precios). Para financiar déficit fiscal, aplicar un impuesto extraordinario a quienes fugaron miles de millones de dólares.
En síntesis se trata de superar el estado corporativo de las demandas para elevarlas al plano de la política nacional.
Eduardo Lucita (ANRED)
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