El fracaso de las negociaciones con el juez Thomas Griesa que trabó el pago a los bonistas que fueron parte de los canjes de deuda (2005-2010), por no haber acordado con los llamados fondos buitre, puso al país es una situación de default (cesación de pagos) “sui generis”.
Es un default parcial porque no afecta más que una parte de la deuda, ni se basa en la falta de recursos, sino porque las resoluciones de Griesa mantienen inmovilizados los fondos depositados para pagar los vencimientos (liberó el pago para algunos bonistas europeos), mientras exige que se llegue a un acuerdo con los buitres (el 1% del 7% que quedó afuera de las reestructuraciones), que a su vez reclaman el pago de la totalidad de la deuda sin la quita que aceptaron los bonistas que entraron en las reestructuraciones (el 93% restante).
El gobierno adujo que era imposible aceptar pagar lo que marca el fallo Griesa (que favoreció a uno de los fondos buitre), porque implicaría que el resto inmediatamente reclame las mismas condiciones; pero además existe una cláusula (la famosa RUFO) firmada con los bonistas reestructurados que dice que si llegase a mejorar las ofertas en acuerdos futuros, éstos pueden reclamar las mismas condiciones y están habilitados para nuevos litigios que aumenten sideralmente la deuda. Esa cláusula deja de estar vigente en enero próximo, aunque algunos políticos no oficialistas han señalado que por lo votado en el congreso el año pasado, tendría duración indefinida.
Pese al carácter “parcial” del default, esta situación abre un escenario complejo para la economía.
Luego del fracaso de la negociación de los funcionarios argentinos con Griesa y los buitres, un grupo de banqueros nacionales intentó llegar a un acuerdo, pero también fracasó. Hoy se habla de negociaciones para la compra de la deuda, entre los buitres y un grupo de bancos extranjeros (LVO 581). Tienen un doble interés, hacer negocios posteriores con los bonos de deuda argentina, pero además “colaborar” con sacar al país del default parcial para que pueda abrirse a un nuevo ciclo de endeudamiento que les permita mejorar las condiciones de negocios, y de paso elevar el precio de los bonos argentinos que tienen en sus carteras.
El gobierno dice que esa es una “negociación entre privados” y al cierre de esta edición, uno de los fondos (Aurelius), admitía públicamente que no tuvieron “ofertas realistas” por parte de los privados y por lo tanto estarían fracasando también estas negociaciones.
Las consecuencias para la economía
Mientras se mantenga el “default parcial”, aunque no es una situación catastrófica, vamos a un escenario de mayor deterioro de la economía (empleo, salario, inflación). E incluso no puede descartarse que se vuelvan a combinar las condiciones que llevaron a la devaluación de enero. Este miércoles 11/7 había comenzado una nueva suba del dólar “blue” que llegó al récord de $13,15.
Es que el agotamiento del “modelo” se viene manifestando a través de la denominada “restricción externa”, esto es escasez de dólares que se van por el déficit en las importaciones industriales y el déficit energético (además de los pagos de deuda, la remisión de ganancias de las multinacionales y la fuga). Esto se intentó paliar con el “cepo” a las importaciones y al dólar (2011-2013) y finalmente con la devaluación y la política de enfriamiento de la economía (enero-2014), vía aumento de las tasas de interés. Pero la inflación persistente va erosionando el efecto de la devaluación.
Para superar esta contradicción (propia de una economía semicolonial), el gobierno venía intentando solucionar (pagando) todos los conflictos con los organismos de crédito y “normalizar” su situación ante el capital financiero internacional (CIADI, Club de París, Repsol) y de esta manera conseguir dólares que le permitan superar la restricción y terminar su gobierno iniciando un nuevo ciclo de endeudamiento.
Pese toda esta buena letra y jugosos acuerdos a favor de los acreedores, el fallo Griesa arruinó ese plan y si se mantiene esta situación, veremos en los próximos meses la profundización de las tendencias al deterioro en la economía.
Esto implica:
• La continuidad de las tendencias recesivas y la pérdida de puestos de trabajo.
Según la Encuesta de Indicadores Laborales que difunde el propio Ministerio de Trabajo, el informe trimestral indica que en los principales centros urbanos la evolución de los puestos de trabajo registrados en el sector privado cayó 0,3 por ciento entre mayo y junio. Las suspensiones (mide cada mil trabajadores) se incrementaron 5,8 puntos en el segundo trimestre, casi dos puntos por arriba del primero.
•La pérdida del poder adquisitivo del salario frente a la inflación, este año estaría entre 5 y 10 puntos y en ese marco el gobierno está decidido a mantener tanto el mínimo no imponible, como las escalas del impuesto al salario.
•Imposibilidad, tanto para las empresas como para las provincias de conseguir fondos vía endeudamiento y por lo tanto posibles aumentos de impuestos o recorte en obras. También es más difícil conseguir inversiones para YPF que permitan avanzar en achicar la brecha energética, aumentando la producción.
•La persistencia de la inflación, cuando además se hacen sentir los aumentos tarifarios en servicios públicos. Vimos las quejas masivas por los grandes aumentos del gas en este invierno y se vienen otros tarifazos, como en la electricidad.
Pero además, no puede descartarse que comiencen las presiones devaluatorias de sectores de la burguesía. Las diferencias que empiezan nuevamente a mostrarse entre los miembros del gabinete, con un ala encabezada por Kicillof y otra por Fábrega (presidente del Banco Central), muestran las contradicciones que atraviesa el gobierno.
Ante los síntomas de un deterioro económico que preexistía al default, pero todo indica que podría acelerarse, el gobierno desempolvó un “pseudo” keynesianismo de emergencia con una ampliación de los planes Repro y el plan Proemplear que extiende el Progresar bajo la forma de una pasantía solventada con fondos públicos, así como la extensión de líneas de crédito Fondear. Todas medidas que apuntan a atacar una situación recesiva, pero que por la propia limitación en la situación fiscal sólo pueden tener un escaso alcance.
Más allá del uso político inmediato que el gobierno le está dando a la cuestión de los buitres, por lo menos hasta enero (excepto que haya antes un difícil acuerdo) se abre un escenario de mayor deterioro económico y social y por lo tanto de tendencias a una mayor conflictividad, y está inscripta en la situación la posibilidad de que el gobierno vuelva a perder el control y se encuentre ante un escenario como el que llevó a la devaluación de enero.
Entre el uso político y la aventura
En lo inmediato, el gobierno está utilizando el enfrentamiento “obligado” con los buitres y con Griesa, para intentar recuperar cierta épica. Las encuestas muestran que una gran mayoría de la población rechaza el fallo Griesa y la acción de los buitres y por lo tanto aprueba la gestión del gobierno en ese terreno. Incluso subió la imagen de la propia Cristina y de Kicillof, a quién empiezan a proponer como candidato del cristinismo. Su apuesta es llegar a enero, acordar con los buitres, ante quienes mostró una supuesta “intransigencia” e intentar gozar de los beneficios de un nuevo ciclo de endeudamiento en el año electoral.
Sin embargo, esta “recuperación” política táctica puede ser coyuntural hasta que pase la polvareda alrededor de la cuestión de los buitres, se profundice la caída de los indicadores de la economía y empiecen a sentirse más brutalmente sus consecuencias en la vida cotidiana.
Lear y Donnelley en la situación nacional
En este marco cobran importancia estratégica las batallas en la emblemática Lear y ahora con la puesta en producción de Donnelley por parte de los obreros. Aunque son parte de estas tendencias generales, tienen un componente político para atacar a las posiciones de la izquierda que se niega aceptar los planes patronales ante las mínimas bajas de sus ventas o ganancias. Los brotes de macartismo contra la izquierda que surgen desde el gobierno se producen porque estas resistencias hacen visible las suspensiones y los despidos de los buitres internos, justo cuando el gobierno quiere mostrarse como “antiimperialista” frente a los buitres financieros; y abren brechas en su coalición de gobierno.
El valor estratégico de estas duras peleas está en que marcan una bandera y una práctica consecuente en la defensa de los puestos de trabajo, en momentos en que pueden multiplicarse las suspensiones, los despidos y los ataques a las condiciones de vida de los trabajadores.
Fernando Rosso
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