Cristina Kirchner anunció el martes 19 el envío al Congreso de un proyecto para cambiar la ruta de pagos de la deuda externa desde Nueva York a nuestro país. Busca sortear la crisis abierta por el fallo de Thomas Griesa. Esa situación se da porque en los canjes de 2005 y 2010 el gobierno aceptó la jurisdicción yanqui. Según aclaró el Ministro Axel Kicillof no habrá un cambio de jurisdicción compulsivo, sino que se ofrece a Buenos Aires como lugar de pago y al Banco Nación como agente. Es una alternativa para que los “pagadores seriales” puedan seguir haciendo de las suyas: cumplir a rajatabla con los especuladores que aceptaron aquellos canjes haciendo 300% de ganancias, según reconoció CFK. Los bonistas deberán consentir cobrar en la nueva sede u optar por otro agente de pagos distinto al Banco de Nueva York Mellon. El gobierno pretende depositar en el Banco Nación los próximos pagos de intereses de la deuda. Además, el proyecto prevé transferir a ese banco un dinero para los denostados buitres que litigan en Nueva York: ganarían el 300% en lugar del 1600% que quieren. Esa es la negociación soberana del kirchnerismo.
El proyecto es la enésima iniciativa luego de varios fracasos: reapertura del canje en 2013, apelaciones en EE.UU., intermediaciones con Daniel Pollack, negociaciones de la banca nacional y de la J.P. Morgan y demanda en la Corte de La Haya. El éxito de la nueva propuesta es dudoso. De lo que no hay dudas es que la crisis de deuda es solo el emergente de fuertes desequilibrios económicos. La recesión se está volcando sobre los trabajadores con despidos y suspensiones, la inflación se come el salario y los tarifazos hacen otro tanto. La contratara del buen trato a los bonistas es el ajuste sobre la clase obrera. En el camino se cayó el plan de volver a los “mercados” para conseguir dólares que permitan darle una sobrevida al “modelo”. La inestabilidad económica se acrecienta.
Negocios soberanos
Todavía existe una posibilidad que la Corte de Apelaciones de Nueva York destrabe los depósitos que el gobierno realizó para el pago de los bonistas. De no concretarse, el camino que seguirá el oficialismo es intentar algún éxito con el proyecto de ley. Pero confrontará con no pocos problemas.
Es que los bancos que son agentes de pago y tienen identificados a los bonistas están amenazados por Griesa de desacato si ayudan a Argentina a evadir su fallo. A su vez, una parte importante de los fondos de inversión, que tienen en sus manos muchos bonos, tienen prohibido efectuar colocaciones bajo una jurisdicción que no sea la de EE.UU.
Estos obstáculos podrían ser eludidos si algún buitre amigo prestará sus desinteresados servicios comprando a los tenedores actuales los bonos desvalorizados por el default parcial para luego efectivizar su cobro en Buenos Aires. Fondos especulativos, como Gramercy, que ya colaboró en el canje de 2010 y en el acuerdo con el CIADI (un tribunal del Banco Mundial al servicio de las multinacionales imperialistas), podrían aparecer en escena. Se iniciaría una pulseada entre buitres. Por un lado, los buitres “nacionales y populares” pujando para lograr un porcentaje alto de aceptación del cambio de la sede. Por el otro, los buitres que litigan en Nueva York tratando de lograr un pedido de “aceleración” (un mecanismo que establece que los bonistas pueden exigir la cancelación anticipada de los bonos en default) que requiere de la voluntad de un 25% de los bonistas. La “aceleración” sería imposible de cumplir porque se llevaría una parte importante de las reservas del Banco Central. Como se ve, los bonos de deuda son un juguete en manos de los especuladores. Mientras se agravan las condiciones de vida del pueblo trabajador.
Crece la especulación
En este contexto, se aceleró la fuga de capitales y la especulación con el dólar paralelo (el denominado “blue”). Los especuladores compran bonos y acciones en pesos en Buenos Aires para luego venderlos en dólares en Nueva York. Es una operación para evadir el “cepo”. En circunstancias normales el alza que se da en algunos bonos y acciones sería un buen síntoma, pero en las actuales circunstancias son todo lo contrario porque están siendo vehículo de la fuga. El estado real de la salud de las empresas se refleja en Wall Street donde las cotizaciones de las compañías argentinas se están derrumbando, principalmente las energéticas y los bancos. Estos últimos son los dueños de una parte importante de los bonos argentinos: tienen unos $73 millones.
La Unión Industrial Argentina reclamó la semana pasado un tipo de cambio más alto. Las multinacionales retrasan las exportaciones de granos. El gobierno está concediendo a esas presiones con un aumento gradual del tipo de cambio, la misma política que practicó antes de la brusca devaluación en enero. No puede descartarse que la historia se repita.
Competencia de cipayos
La oposición patronal y mediática criticó el anuncio por no cumplir con el fallo de Griesa y caer en desacato. Toman como si se tratara de Su Majestad las órdenes del juez neoyorquino. Se preocupan porque el país quedaría en situación “ilegal” en los EE.UU. Con adversarios tan cipayos, los “pagadores seriales” simulan ser defensores del interés nacional aunque en realidad están sometiendo al país a una tremenda expoliación por parte de los especuladores. El gobierno, al igual que cuando viajaron a EE.UU. representantes de todas las bancas patronales del Congreso para buscar una salida a la crisis, quiere encolumnar al régimen político patronal detrás de las banderas de los “pagadores seriales”.
Pero Mauricio Macri anunció que el PRO no votaría el proyecto. El massismo duda y analiza el tema con su equipo económico, compuesto por un número significativo de ex kirchneristas cómplices del canje de 2005, como Roberto Lavagna. En el UNEN, como ya es deporte en esa coalición (o bolsa de gatos), aparecieron voces a favor y en contra. Aunque el oficialismo tiene los votos para votar la ley, la falta de apoyo de la oposición patronal le podría restar espalda a una medida cuya implementación será muy dificultosa. La unidad burguesa conquistada en enero para devaluar y atacar a los trabajadores, presenta grietas a la hora de brindar pleitesía a los especuladores. No porque haya quien los repudie, sino porque disputan quien es más sumiso al capital financiero imperialista. Aún así, el resultado está abierto y el proyecto puede recibir más apoyos opositores.
Una vez más, habrá una única voz disonante. Como adelantó Nicolás del Caño: “la banca del PTS en el Frente de Izquierda rechazará de plano el proyecto que intenta hacer votar el oficialismo para garantizarles el pago a todos los acreedores de una deuda usuraria, que ha sido calificada como ilegal, ilegítima y fraudulenta por el juez Jorge Ballesteros en el año 2000”. La banca del PTS en el FIT también planteará la derogación del artículo 1 del Código Civil reformado por Videla y Martínez de Hoz que le permite al Estado prorrogar la jurisdicción a tribunales extranjeros. Frente a los conciliábulos del oficialismo y la oposición, planteamos que se realice una consulta popular para decidir qué hacer con la deuda. Los “pagadores seriales” dilapidaron u$s 190 mil millones para, una vez más en la historia nacional, caer en una crisis de deuda. No hay que pagarla, medida que debe ser llevada adelante junto a otras como el monopolio estatal del comercio exterior para acabar con las maniobras de las multinacionales exportadoras y la administración de los trabajadores de una banca nacionalizada, que en manos privadas ha sido una de las grandes beneficiadas de la devaluación de enero.
Pablo Anino
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