La empresa Lear resolvió cerrar por al menos 15 días su planta de General Pacheco, escenario de conflicto y represión contra los trabajadores que defienden sus fuentes laborales y exigen el cese de despidos y suspensiones. La autopartista de origen norteamericano no es una excepción. La automotriz Honda y Baggio, fabricante de los jugos, también pretenden resolver sus problemas económicos a instancias de sus trabajadores.
Mecánicos y Automotores: “La patronal norteamericana Lear decidió en el día de la fecha iniciar un lock out, suspendiendo a todo el personal de manera ilegal y violando la legislación de nuestro país, que prohíbe explícitamente los paros patronales en medio de un conflicto laboral”, denunció el delegado de los trabajadores de la autopartista Rubén Matu.
Según explicó, esta medida, que afecta a los 450 empleados de esa planta, apunta a incumplir las órdenes judiciales y ministeriales. Ayer la Justicia había librado nuevas órdenes para que los funcionarios de la cartera laboral garantizaran el ingreso de los delegados, en consonancia con otros 12 fallos que habían resuelto que la empresa debía permitirles entrar a la fábrica de General Pacheco.
“Durante semanas Lear violó esas resoluciones y cuando el propio Ministerio estaba enviando a sus inspectores para hacerlos cumplir, la empresa norteamericana hace este paro patronal para seguir violando las resoluciones de la Justicia del país. Esta nueva maniobra de Lear es una verdadera alzada con métodos de acción directa contra los fallos de la Justicia argentina y las resoluciones del Ministerio de Trabajo de la Nación que ordenaron el reingreso de los delegados”, agregó Matu.
Con el reclamo de una inmediata reapertura de la fábrica, el ingreso de los delegados y la reincorporación de los despedidos por parte de Lear Corporation, los trabajadores de la autopartista y su Comisión Interna convocan para mañana, viernes 8 de agosto, a la quinta Jornada Nacional de Lucha. El día de protesta comenzará a las 6 de la mañana en la puerta de la fábrica en el kilómetro 31,5 de la Autopista Panamericana y continuará con cortes y movilizaciones en varios puntos del país.
En esta lucha de los trabajadores de Lear ha quedado clara la postura del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), defendiendo siempre a la patronal y persiguiendo a quienes piensan distinto o buscan otras formas de organización.
Lo mismo ocurrió en Honda. El primer día del mes de agosto, nueve personas fueron despedidas, sin previa notificación, de la planta de Florencio Varela de la multinacional Honda. Cuando quisieron ingresar a cumplir con sus tareas, el personal de recursos humanos se los impidió informándoles sus bajas. Como es habitual, la empresa adjudicó los despidos a una “reestructuración”, pero los trabajadores aseguran que fueron “marcados” por SMATA. La confirmación de esta denuncia es que este sindicato no emitió ninguna explicación ni se acercó a los despedidos para revertir la situación, y tampoco intervino en la cartera laboral.
De todos modos, no son los únicos despidos de la autopartista Honda, ya que desde junio se vienen registrando entre uno y dos semanales.
“Fuimos excluidos de nuestra fuente laboral sin ningún tipo de explicación, hecho que se enmarca en un plan para continuar con más despidos y suspensiones (…). Los delegados, integrantes de la lista verde de SMATA, lejos de brindarnos su apoyo nos negaron cualquier comunicación y hemos sido víctimas de amenazas y aprietes”, aseguraron los trabajadores a través de un comunicado.
Alimentación
La empresa RPB, encargada de la fabricación de los jugos Baggio, despidió a 43 trabajadores de su planta ubicada en Gualeguaychú, Entre Ríos. El argumento fue la necesidad de reducir la plantilla por una “baja en la producción”. Ante esta situación, el viernes pasado, los empleados decidieron bloquear el ingreso a la fábrica para exigir la reincorporación de los cesanteados, y la delegación Gualeguaychú del Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, ordenando dar marcha atrás con los 43 despidos, pero hasta el momento la empresa no acató la medida.
Los trabajadores aseguran que los despidos se inscriben en un escenario de persecución gremial por parte de la patronal. En este sentido, denunciaron que hubo amenazas y “aprietes” por parte de superiores. Les ofrecían mantener la fuente laboral si se desafiliaban del Sindicato de Aguas y Gaseosas (Sutiaga).
“Nosotros sabemos que los despidos no son por la baja productividad, sino porque muchos de nosotros queremos pasarnos del gremio de la Alimentación, al Sindicato Único de Trabajadores de Aguas Gaseosas, que está adherido a Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines (FATAGA) (…). La empresa hace cuarenta años que se maneja con el Sindicato de la Alimentación, pero nosotros como trabajadores queremos ejercer el derecho a la libre agremiación, tal cual lo establecen las leyes. Por eso decimos que argumentar baja producción es una excusa para no dejarnos organizar en nuestra representación gremial”, explicaron los trabajadores despedidos. Las partes fueron convocadas a una nueva audiencia en la sede del Ministerio.
Petroleros
A través de dos fallos, la justicia argentina había ordenado la inmediata reincorporación de Fernando Luna y Analía Portillo, petroleros despedidos por la refinería de Shell, ubicada en Dock Sud, Avellaneda. Los trabajadores se presentaron en la empresa el lunes 4 de agosto, junto a sus abogados del Ceprodh, pero no los recibieron, incumpliendo la resolución judicial.
En relación a Portillo, Shell había apelado un primer fallo a favor de la empleada por lo que no la dejó ingresar hace unos días, sin embargo esto fue denegado por la justicia que ratificó su pedido de reinstalación inmediata de la trabajadora. En cuanto a Luna, la petrolera tampoco pudo apelar ya que se trata de un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que resolvió dar lugar a la medida cautelar de reinstalación del trabajador. Es decir, Shell debe y tiene que reinstalarlos.
Al respecto, Luna señaló: “Shell se suma a las multinacionales buitres que como la estadounidense Lear se niegan a cumplir los fallos de la justicia argentina. Es un escándalo. Vamos a tomar las medidas que sean necesarias para que cumpla con esta resolución”.
Al igual que sucede con los trabajadores y el sindicato de SMATA, los petroleros no obtuvieron el respaldo correspondiente de la Federación Argentina de Trabajadores del Petróleo y Gas, cuyo secretario general es Alberto Roberti, actual diputado por el Frente Renovador. En este sentido, Luna manifestó: “La justicia nos dio la razón ¿Roberti nos va a seguir dando la espalda? El Secretario General de nuestro sindicato está actuando como (Ricardo) Pignanelli, no sólo armó las listas negras para que Shell nos despida, sino que ahora que tenemos los fallos de la justicia a favor sigue del lado de la empresa. Lo más escandaloso es que Roberti también es diputado nacional por el massismo, pero en vez de impedir que queden familias en la calle defiende a una multinacional que viola las leyes argentinas. Tiempo atrás los despedidos de Shell le enviamos una carta a Sergio Massa, pero no obtuvimos ninguna respuesta”.
Al igual que las persecuciones sindicales que sufren los trabajadores de Baggio, la causa de los despidos de los petroleros se puede encontrar en su afiliación gremial. Luna había sido candidato de la Lista Naranja, opositora al Sindicato Petróleo y Gas Privado de Avellaneda, y que además fue proscripta. Portillo, en tanto, es reconocida por pelear por los derechos de las mujeres dentro de la refinería.
El Estado también incumple
Vale como ejemplo el paro de 48 horas que lleva adelante la Intersindical jujeña. La medida es sin asistencia a los lugares de trabajo para reclamar que el gobierno provincial cumpla con un acta acuerdo firmado en agosto del 2013 y por aumento salarial.
El acuerdo establecía que todos los trabajadores estatales, provinciales y municipales con antigüedad mínima de 2 años, sin importar el tipo de relación laboral que tengan con el Estado, deben pasar a planta permanente. A su vez, el acta indica el blanqueo de todo el personal. Sin embargo, nada de esto se cumplió.
Además, los trabajadores denuncian que las autoridades locales se niegan a mejorar el piso salarial que actualmente es de 4.500 pesos. En este sentido, afirman que no hubo ningún ofrecimiento de aumento que supere el 5% ya impuesto arbitrariamente en los sueldos del mes de junio. La Intersindical consideró que esa oferta es insuficiente “porque la inflación en curso tiene un porcentaje mucho mayor”. Tampoco se avanzó en la asignación familiar, para la que se pide un monto que equipare a Nación sin tope y sin tramos.
Red ECO
Fuentes: Anred / El Zumbido / ACTA CTA / CTA Jujuy / Ceprodh.
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