El proyecto de ley del gobierno es parte de una pulseada, no un intento de salida a la crisis de la deuda. Los K pretenden ser los mayores garantes de pago en toda la historia. La devaluación se vuelve inevitable. El desafío de la izquierda.
La crisis en torno de la deuda externa ha dado una nueva vuelta, aunque no del todo imprevista. Hace un cierto tiempo, el bufete de abogados que representa a la Argentina ante los tribunales neoyorquinos había propuesto al círculo de la Rosada reestructurar la deuda dos veces reestructurada (2005 y 2010), para transferir la jurisdicción legal a Buenos Aires. Ya entonces se advertía que semejante cambio podía ser rechazado por los bonistas del canje que, desconfiados de la Justicia criolla, reclamarían, en represalia, el cobro inmediato de la totalidad de la deuda (“aceleración”). El cambio de sede legal buscaba sortear el fallo de Griesa, que impide al banco receptor de los pagos de deuda de Argentina (BofNY), hacerlos llegar a los acreedores reconocidos, en tanto no se pague, al mismo tiempo, a los llamados fondos buitre.
Pagador serial
El gobierno K no ha llegado, sin embargo, a los extremos aconsejados por sus abogados extranjeros. En la cadena del martes 19, CFK anunció el envío de un proyecto de ley que retira la licencia de pago al BofNY y ordena transferir el dinero de los vencimientos de deuda a un fideicomiso (cuenta especial) del Banco Nación, para que se deriven desde allí los fondos a los bonistas del canje en cada vencimiento de deuda. En una conferencia de prensa, al día siguiente, el ministro Kicillof aclaró que el cambio de jurisdicción legal se otorgaría a los acreedores que lo solicitaran en forma voluntaria. Es que una reestructuración de sede requiere un período extenso de negociaciones, sin certeza acerca del resultado. Si la mano ya venía complicada, esta contradicción hace inviable el propósito invocado de pagar por encima de los bloqueos establecidos por Griesa. Es típico del cobarde nacionalismo burgués dar dos pasos atrás cuando alega haber dado uno adelante. En el conflicto de intereses que ha desatado la presión de los fondos buitre, el proyecto de ley no es una salida sino parte de la pulseada.
El gobierno, en cualquier caso, algo tenía que hacer. Ocurre que los pagos de deuda, con vencimiento en junio-julio pasado, habían sido cumplimentados, en gran parte, debido a una dispensa que otorgó el mismo Griesa “por única vez”. En septiembre que viene hay, sin embargo, otro vencimiento. El bloqueo de los pagos exceptúa solamente a los títulos en pesos; no lo hace con los nominados en dólares, ni siquiera en sede argentina. Dos decisiones recientes contra el Banque Nationale de París y el UBS de Suiza, que ni siquiera son judiciales, por parte de la Comisión de Valores de Estados Unidos, estableció que toda negociación en dólares cae bajo jurisdicción norteamericana. La jurisdicción norteamericana se ha convertido en internacional, porque el 80 por ciento de las transacciones financieras se procesan en dólares. Este impasse en la posibilidad de cobrar y pagar llevó al Citibank, calificado como entidad “emblemática” por CFK el martes, a recurrir a la Cámara de Apelaciones de Nueva York, para solicitar que levante la prohibición de los pagos. El Citibank es el encargado de pagar determinadas series de bonos. Los ejecutivos del Citi han alegado que corren el riesgo de una expropiación de su filial, en el caso de no ejecutar los pagos en dólares de títulos de jurisdicción de Argentina. El interrogante es si la decisión K sirve como presión para obtener una sanción favorable de la Cámara o, lo que es más probable, sus jueces pronuncian un “desacato”.
Transición agitada
El choque de los K con Griesa es políticamente originalísimo, porque lo que pretende Argentina es poder pagar la deuda externa en forma puntual, o sea con independencia de su capacidad real de pago o de la situación del país tomada en su conjunto. El gobierno nacional y popular está empeñado, y así lo dice a repetición, en ser el mayor garante de la deuda externa de Argentina en toda la historia. Esto explica, adicionalmente, la expectativa permanente de los operadores capitalistas en un acuerdo inminente, en cualquier momento, y por qué la cotización de los títulos no cae en la medida en que ocurre en situaciones declaradas como defol. De cualquier manera, la devaluación del peso en los mercados paralelos se desarrolla sin pausa. Los especuladores se preguntan cómo hará frente Argentina a los vencimientos de deuda hasta finales de 2015 -más de 15 mil millones de dólares, cuando las reservas disponibles no superan ese número. A esto se agrega la caída del precio internacional de la soja, vapuleado por una enorme cosecha en Estados Unidos, que empezará a comercializarse dentro de un par de semanas. El impasse afecta la financiación de Vaca Muerta, no solamente para YPF. Como consecuencia de las reducidísimas tasas de interés internacionales, el endeudamiento relativo de los monopolios petroleros se encuentra en niveles récord -ya que es más barato que el uso de fondos propios.
El proyecto de ley en cuestión es un emplazamiento a los partidos opositores a optar entre la patria o los buitres. La patria significa asegurar el pago de la deuda a como sea, y los buitres significan pagar, como sea, la deuda. Quienes pagan la deuda, de todos modos, son los trabajadores, por medio de la inflación y mayores impuestos; el llamado capital nacional es tenedor del 60% de la deuda que el gobierno se empeña en ‘honrar’. Macri, y la parte del radicalismo que busca una alianza con él, ya ha dicho que se alinea con el pago de la deuda a través de un acuerdo con los buitres; Massa, según parece, se pone del lado oficial. Al interior de ambos campos hay divisiones. El kirchnerismo habría logrado meter una cuña en la patria capitalista. Los economistas de Massa han estado ligados históricamente a Techint, que no quiere que un reendeudamiento y la vuelta a los mercados internacionales impliquen un regreso a la plata dulce y el dólar barato -precisamente lo que sí pretenderían los fondos especulativos internacionales (y China, que vería favorecidas sus exportaciones). Este enfrentamiento se traslada al manejo de Vaca Muerta y al acuerdo con Chevron. Cuando la oposición, al estilo de Crónica, cuenta los días que faltan hasta octubre de 2015, irrumpe la crisis de deuda para desbaratar sus planes.
Bancarrota
En el discurso del martes, CFK insistió en el despropósito de que la deuda externa de Argentina es de apenas el 8% del PBI, una baratija que alcanzaría, como máximo, a los 45 mil millones de dólares. No tiene en cuenta la deuda con acreedores locales, en dólares, ni tampoco el cupón del PBI, aún menos la deuda con el Banco Central, el Nación y la Anses. Desde los tiempos de Cavallo se atribuye al desarrollo de un mercado de capitales local, la superación de la deuda externa, como si el dólar fuera una moneda nacional. En el pasado se atribuía a las AFJP la capacidad para refinanciar en forma indefinida la deuda pública ¡lo mismo con los fondos de pensiones en Estados Unidos, hasta que estalló, claro, la convertibilidad en Argentina, y la crisis bancaria en todos los países desarrollados! El mito volverá a estallar en Argentina con la devaluación de la moneda, que es la manifestación concreta de una bancarrota financiera. El déficit fiscal está convirtiendo en negativo el patrimonio del Banco Central y deberá afectar a la Anses, que se financia no solamente con aportes en mengua (por caída de salarios y desempleo) sino con impuestos que bajan en relación con la inflación (tiene una deuda por fallos Badaro, por 20 mil millones de pesos. La revalorización de la deuda externa de Argentina que los financistas pronostican sin excepción, pero que hoy es ‘basura’ (junk bonds) o ‘de frontera’, deberá atravesar antes por el suplicio de la devaluación. La devaluación permitirá licuar el valor de la circulación monetaria y las deudas del Banco Central, sea con los ahorristas, los depósitos públicos y con los bancos locales, y revalorizar sus escasas reservas en divisas.
Ojo con la izquierda
El gran desafío para la izquierda es no asociarse, ni mínimamente, con las patrañas antiimperialistas de los pagadores seriales de la deuda usuraria y los grandes entreguistas del petróleo y la minería. En oposición a estas patrañas es necesario profundizar la lucha contra la carestía y los despidos, con la reivindicación del reparto de las horas de trabajo, la movilidad mensual de los salarios, la expropiación de toda empresa que cierre, la abolición de los impuestos directos e indirectos sobre los salarios y las jubilaciones, el 82% móvil. En este marco de reivindicaciones y de desarrollo de la lucha, el repudio de la deuda usuraria servirá para plantear abiertamente quién paga la crisis y, con ello, una cuestión de poder.
Jorge Altamira
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