El 27 de agosto de 1924, hace noventa años, una vigorosa huelga general de 24 horas en la Capital Federal, golpeaba decisivamente la ley de jubilaciones hecha aprobar por el gobierno de Alvear (UCR) en 1923. En lo que sería una derrota en toda la línea del gobierno y un hecho inédito en la historia política del país, el llamado “bodrio jubilatorio” sería derogado por el mismo Congreso que lo había aprobado (1926), ordenando devolver los aportes extraídos a los trabajadores.
La ley establecía un régimen de jubilaciones financiado básicamente con el descuento del 5 % del salario obrero y un 8 % de aporte patronal sobre la masa de sueldos pagados. Proponía la constitución de distintas cajas por ramas de la industria y administradas por un directorio de mayoría estatal patronal.
Los fondos recaudados se colocarían hasta un 50 % en títulos de rentas nacionales u otros que tuvieran “garantía subsidiaria” de la nación y el otro 50 podía ser usado en préstamos hipotecarios.
El conjunto del movimiento obrero se opuso al descuento a cargo de los obreros. La Unión Sindical Argentina (USA), central sindical dominada por el sindicalismo revolucionario planteó, en una carta pública dirigida al presidente Alvear, que los patrones debían pagar el aporte obrero para la jubilación, partiendo del principio de que el capital es trabajo acumulado no pagado y son los capitalistas “quienes tienen la obligación de ceder una parte del producto de nuestro trabajo, que ellos retienen para su exclusivo beneficio” (1).
Agudamente, Bandera Proletaria, el semanario de la USA, trazó una denuncia de vigorosa actualidad: “la génesis de la ley está…en que las finanzas del país están de tal manera embargadas por los continuos despilfarros de todas las administraciones, que llegará un día en que los capitalistas no puedan hacer empréstitos por falta de garantía. Este proceso lo van siguiendo todas las democracias en la crisis del capitalismo internacional” (2).
La USA captó la esencia de la “sensibilidad” del nacionalismo. En 1923, el Congreso había autorizado a Alvear a buscar los medios para “ordenar” la deuda pública ante la crisis de la balanza de pagos “cuyo déficit entre 1920 y 1923 osciló entre 50 y 200 millones de pesos oro”. Las tentativas de obtener préstamos externos fracasaron, lo que llevó al gobierno “a adoptar un nuevo plan: propuso un sistema jubilatorio…la idea era utilizar los fondos para la consolidación de la deuda” (3).
Ayer y hoy
En el acto del 1º de Mayo de 1924, ante 40.000 trabajadores, la USA llamó a una huelga general a partir del 3 de mayo en rechazo de la ley y del descuento a los trabajadores. En mitad de la huelga, las cámaras empresariales decretaron un lockout en rechazo a la ley y “en solidaridad con los obreros”, lo que fue repudiado por la central sindical: “si los trabajadores se oponen a la ley, no rechazan su derecho de amparo a la vejez” a condición de no provocar “una merma de los mezquinos salarios” ni amenguar “las escasas libertades conseguidas”. Es decir, el aporte debía ser exclusivamente patronal y la dirección de las Cajas no debía servir para dividir a las organizaciones y crear un funcionariado cooptado por el gobierno. En los años 20 el sindicalismo era independiente del estado.
La huelga se levanta el 8 de mayo, previa libertad de los detenidos, una decisión que fue criticada y no acatada de inmediato. A esta altura varias cámaras habían dispuesto no efectuar descuentos y la ley se estaba convirtiendo en un instrumento inocuo. La huelga de hace 90 años, cuando el gobierno intentaba replantear su aplicación, se convirtió en el mazazo final.
Retiro con gloria
En aquel tiempo el PS planteó compensar el descuento del 5 % a los obreros con un aumento de los salarios, siendo que éste sería absorbido por una desvalorización directa o indirecta (inflación) y el impuesto al salario seguiría en pie. En la misma línea, actuó el PC.
Acusados unánimemente de anti estatistas, los sindicalistas revolucionarios dieron una lección histórica. En lo que sería quizás su última acción de envergadura en defensa de una política clasista, defendieron el “amparo a la vejez” financiado íntegramente por los capitalistas; advirtieron sobre el propósito de utilizar las Cajas para el pago de la deuda pública del estado capitalista y dejaron planteada la cuestión de que los sindicatos controlaran las Cajas de Previsión. Un planteo abandonado por la burocracia sindical de cualquier signo – que constituyó el 90 % de las AFJP y entregó a sus afiliados como mercado cautivo- y el llamado progresismo.
Christian Rath, autor de La Revolución Clausurada, Mayo 1810-Julio 1816, en coautoría con Andrés Roldán, Biblos, Buenos Aires, 2013 y Trabajadores, Tercerización y burocracia sindical, Biblos, 2011.
Notas:
1) La Vanguardia, 6.5.1924
2) Año IV, no. 210, 11.4.1905)
3) David Rock, El Radicalismo Argentino, Amorrortu, Buenos Aires, 2010.
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