No se observa falta de productos. Por el contrario, hay sobreproducción. El desabastecimiento lo provoca el gobierno con sus restricciones a las importaciones, debido a la crisis de la deuda usuraria. Esta ley anuncia la agudización de todas las contradicciones acumuladas.
El proyecto que modifica la ley de abastecimiento ha provocado un cierre de filas y mucho estruendo entre los capitalistas. Los propósitos del nuevo reglamento son muy confusos, pero se destaca la intención de evitar la “apropiación indebida del excedente de la cadena de valor” (La Nación, 16/8). Ahora bien, si la ‘apropiación’ del ‘excedente’ es calificada como ‘indebida’, el proyecto estaría intentando poner fin al capitalismo sin abolirlo.
La Secretaría de Comercio, de acuerdo para proyecto, tendría facultades de imponer precios máximos, mínimos y de referencia; obligar a las empresas a continuar la producción o la prestación de servicios; disponer sanciones por montos millonarios; secuestrar bienes. Podría, incluso, “ante una situación de desabastecimiento o escasez de bienes o servicios”, disponer “su venta, producción, distribución o prestación en todo el territorio de la Nación”, con el único límite de “la rehabilitación de la situación de desabastecimiento o escasez” (ídem). En forma temporal podría asumir la dirección de una empresa. También acentúa o torna más rigurosas algunas sanciones a los directivos.
Esta nueva ley ha despertado el rechazo generalizado tanto del arco de la oposición patronal como de prácticamente todo el mundo empresarial.
¿Por qué una ley de este carácter?, ¿acaso el gobierno pronostica un escenario de desabastecimiento inminente? ¿Caracteriza que existe la intención de producir un sabotaje económico con finalidades ‘destituyentes’? A pesar de jactarse de una reducción del crecimiento de la inflación, ¿estima que es inminente un desborde de los precios por razones extraeconómicas?
No se ha informado, al menos hasta ahora, que existan faltantes de productos en las góndolas. Las multinacionales que suspenden y despiden no lo hacen por falta de insumos, sino que alegan una sobreproducción. La crisis se caracteriza, en la mayoría de la industria, por sobrestocks. Es cierto que la liquidación de la cosecha de soja se encuentra con un relativo retraso, por la expectativa de que se produzca una devaluación del peso, pero no existe una posibilidad de suba de precios, debido a su caída en el mercado internacional. El gobierno K nunca ha intentado requisar lo que se retiene en silo-bolsas, y menos lo hará ahora, cuando una parte importante de la exportación ha pasado a manos de su flamante socio, China. El Banco Central ha contraído una deuda, por demanda de importación, de unos 3.000 millones de dólares.
Es el gobierno
Al revés de lo que predica el nuevo proyecto, el desabastecimiento lo está produciendo el propio gobierno con las restricciones que ha impuesto a la entrega de dólares para importar insumos para la industria. ¿Se va a sancionar a sí mismo? Es claro que el proyecto es una contradicción flagrante. Según la información diaria, las patronales recurren a la compra en la Bolsa a fin de obtener los dólares para importar en la Bolsa, a un precio un cuarto superior a la cotización oficial. De nuevo, sería el gobierno quien estaría impulsando una suba de los precios como consecuencia de la depreciación efectiva del peso. Algo peor aún: estaría fomentando ganancias extraordinarias para aquellas patronales que sí consiguen importar a la cotización del dólar del mercado oficial. En este caso no estaríamos ya ante una ‘apropiación indebida del excedente’, sino ante un ‘excedente indebido’, fogoneado por el gobierno -o sea ante un delito oficial.
¿Estamos acaso ante un intento de detener por vía reglamentaria la suba de precios, que hasta algunos opositores califican de “inercial”, a pesar de los desajustes que se ven la importación? Hasta ahora los llamados “precios cuidados” representan un porcentaje ínfimo de la oferta de productos de consumo personal -es decir que casi el ciento por ciento está afuera de cualquier precio ‘regulado’. En estas condiciones, el proyecto parece anticiparse al tarifazo que el propio gobierno ha puesto en marcha, en primer lugar por medio del aumento del precio de la nafta. O sea que pretendería evitar un desborde de los precios a partir de un aumento brutal de las tarifas de transporte y especialmente del agua y la energía. Sería un despropósito. El proyecto se convertiría en la cortina de humo del tarifazo. Esto explica el fiasco de los “precios cuidados”, que el gobierno utiliza para confeccionar el índice de costo de vida.
Si la carestía no ha dado un salto mayor, en estos últimos meses, es por la recesión ascendente, la cual se viene expresando en suspensiones y despidos y en el cierre de establecimientos. La devaluación K de comienzos de año y el aumento al doble de las tasas de interés han constituido los factores principales de aumento de costos y de precios: habría que aplicar la ley de abastecimientos a CFK, a Kicillof y a Fábrega.
Crisis fiscal
El desabastecimiento en algunos los eslabones de la industria, debido al freno a las importaciones, así como la carestía, son hijos de la crisis fiscal, en la cual se resume la crisis de deuda externa, la de financiamiento y la industrial. El modelo económico oficial es prisionero de contradicciones insuperables. Sus medidas intervencionistas nunca formaron parte de un programa de transformación social, sino que estuvieron al servicio de rescatar y preservar las bases económicas y sociales vigentes. En el caso de la ley de abastecimiento, anuncia, sin remediar, una agudización de todas las contradicciones desarrolladas en la década.
¿El gobierno prevé un ‘alzamiento’ de la burguesía, como anunció durante la ‘corrida cambiaria’ de enero, para abreviar el mandato presidencial? Nadie desconoce que las patronales están financiando a la oposición, con el objetivo declarado de producir un cambio de rumbo a partir de un nuevo gobierno. Hasta Scioli saluda el ‘retorno a los mercados internacionales’ y tienen en gateras un “plan de infraestructura” por 200.000 millones de dólares y un endeudamiento similar, en una década, para financiar las explotación del gas no convencional. No es con una ley de abastecimiento que se combate una conspiración semejante -menos todavía por parte de un gobierno que largó primero el re-endeudamiento internacional, primero con los pagos al Club de París, Repsol y Ciadi y luego mandando a Galuccio a emitir deuda extranjera.
Una dirección centralizada de la economía requiere, antes, un sistema de planificación democrática, sobre la base de un gobierno de trabajadores que transforme la sociedad sobre bases socialistas. Es inviable, cuando pretende contener el estallido de contradicciones cada vez más explosivas, que además son potenciadas por la política oficial.
Estamos simplemente ante una nueva improvisación, más incoherente que las que la precedieron.
Ya que el asunto ha llevado a mentar a Venezuela y el chavismo, es necesario advertir que el gobierno de Maduro ya ha declarado que pretende ‘sincerar’ el tipo de cambio y aumentar los precios de la nafta. El chavismo se bate en retirada en todos los frentes; su prioridad ahora es la represión de los obreros de la ex Sidor.
Para concluir: el vapuleado proyecto no contempla ninguna medida para frenar las suspensiones y despidos de trabajadores. No dice nada de repartir las horas de trabajo, sin mengua del salario; no dice nada de expropiar (sin indemnización) toda empresa que cierre. En este punto rige la ley de Berni y el burócrata Pignanelli. Si el proyecto oficial sobre abastecimiento pretende distraer a la clase obrera de esta cuestión de fondo, tiene perdida la batalla de antemano.
Pablo Heller
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