Cinismo criminal: ocultan presencia de arsénico en el agua

El Senado de la provincia de Buenos Aires dio media sanción a un proyecto de ley adhiriendo a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud en cuanto al límite de arsénico permitido en agua potable: 0,01 mg/l. La iniciativa fue girada para su tratamiento a la Cámara de Diputados.
Desde 1969 rige la Ley 18.284 que declara la vigencia en todo el país del Código Alimentario Nacional que dispone que el máximo del parámetro para el arsénico en el agua potable de consumo humano es de 0,01mg/l y para el aluminio residual es de 0,20 mg/l.
En 1996, mediante un lobby para mayor lucro de los privatizadores, en la provincia de Buenos Aires se sancionó la Ley 11.820, que desconoció la ley del Código Alimentario modificando el parámetro del arsénico en agua y elevándolo a 0,05 mg/l.
A cien años del descubrimiento de los primeros casos de envenenamiento con arsénico y a 50 años de que los científicos nacionales e internacionales investigasen y escribieran sobre la pandemia, queda en pie una simple conclusión: para tener agua potable en los 40 partidos de la provincia infectados, las iniciativas no pueden estar en manos de la gobernación, las intendencias, ni los funcionarios que ocultaron las consecuencias graves y dolorosas de una enfermedad crónica y terminal.
“Los afectados padecen enfermedades cardiovasculares, hepáticas, cutáneas, respiratorias, digestivas y urinarias con más frecuencia que otras poblaciones no afectadas por el Hacre (Hidroarsenicismo), son más vulnerables a enfermedades, algunas muy graves, como el cáncer.” (Santiago Besuschio, profesor titular del departamento de Patología de la UBA y ex jefe de Patología de los hospitales Fernández y Penna).
Desde 2005, Scioli ha instruido a Aguas Bonaerenses para evitar los fallos adversos presentando chicanas judiciales contra los amparos. Mientras -en general- los intendentes prohibieron a los médicos diagnosticar y certificar Hacre en sus municipios. Para bajar el nivel de arsénico, los funcionarios impulsan que se agregue aluminio al agua de consumo humano. Se proponen ocultar un veneno administrando otro “cuyas consecuencias pueden ser el desarrollo de la enfermedad del Alzheimer” (Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry de Gran Bretaña, www.consumer.es; “Alzheimer y Aluminio”, Página/12, 5/6/1999).
Mientras tanto, el informe de Santiago Besuschio advierte que “los plazos no cumplidos en la concreción de obras preventivas de la contaminación arsenical significan el sufrimiento injustificado de las poblaciones actualmente expuestas”.
La única garantía para acabar con el arsénico en el agua es que el control de todo el proceso esté a cargo de las comisiones de afectados, exigiendo y verificando el cumplimiento de:

1) el registro de los casos;

2) una reparación económica mensual a los enfermos;

3) la distribución de agua envasada de primera marca para todos los municipios afectados;

4) el análisis periódico del contenido de las botellas;

5) un control de vecinos y trabajadores de las plantas potabilizadoras, su licitación, administración y obras;

6) la apertura de los libros de los municipios y de ABSA;

7) el juicio político y criminal a los responsables.

Lisandro Martinez