Las aguas han bajado, en muchos sentidos más que turbias, dejando expuesto el saldo en pérdidas humanas y materiales. La histórica desidia del Estado encuentra sus orígenes en la voracidad del capital, que contrasta notablemente con la solidaridad y cooperación de la sociedad civil. Empieza ahora la reconstrucción, inversiones estructurales y la prevención. ¿Quién debe pagar los costos?
Algunas conclusiones rápidas: la solidaridad y la cooperación social se mostraron ampliamente superiores a la actividad de los estados. El caótico y fatal desarrollo de nuestras urbanizaciones demuestra palpablemente que el mercado no es el mejor asignador de recursos, como asegura el neoliberalismo. La capacidad de previsión estatal frente a los cambios de la naturaleza es casi nula. La vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad ante fenómenos meteorológicos extremos ha quedado dramáticamente expuesta. Como en anteriores tragedias asistimos a una ausencia del Estado frente a catástrofes previsibles. Frente al cansancio social por las disputas y repartos de culpas entre los gobiernos, pende la amenaza de que retorne la crisis de representatividad política.
No solo cambio climático
Desde hace décadas el mundo habla de las modificaciones en el clima y desde hace unos años ha tomado fuerza la categoría de cambio climático, asociado a este el aumento de las precipitaciones pluviales, también de las sequías. En nuestro país tenemos sobradas muestras con las inundaciones en Resistencia en 1983, en Clorinda en 1992, en zonas de Buenos Aires en 2001; en Santa Fe en 2003 y 2007; en Tartagal en 2006 y 2009. La ciudad de La Plata registra cuatro graves inundaciones en ocho años y la Capital Federal otras tantas. Los últimos dos años han mostrado también sequías importantes que han perjudicado los rindes de las cosechas.
Pero no se trata solo del cambio climático. Las inundaciones de Buenos Aires y La Plata tienen orígenes emparentados. El entubamiento subterráneo de arroyos de llanura y la fiebre de la construcción indiscriminada -con pérdida de espacios verdes para escurrimiento y la alteración del curso de las aguas- son algunos de ellos, lo que ha resultado una combinación explosiva.
Es el capitalismo
Se trata de fenómenos socio-ambientales. Esto es la interacción de alteraciones propias de la naturaleza con acciones humanas que las potencian. Pero no puede obviarse que detrás de ambos componentes está la voracidad capitalista y la maximización de la tasa de ganancia a cualquier precio. Es el modelo productivo hegemónico a nivel mundial -promotor de los gases invernadero y del irracional uso de energía- el causante del calentamiento global y fuente de cambios climáticos extremos.
Esa voracidad del capital está también presente en el negocio inmobiliario de las tierras. Cuando se levantan terraplenes para la construcción de barrios cerrados o para hacer autopistas que actúan como diques de contención. Cuando se rellenan terrenos bajos y se lotean zonas inundables, en las que se condena a vivir a los sectores obreros y populares. Si se revisa la planimetría del área metropolitana se comprueba que casi todas las villas de la zona están localizadas o cercanas a zonas inundables. Aunque que ni Tolosa ni Saavedra son barrios pobres, por lo que sectores medios también han sido afectados.
La potencia de la tierra
Argentina es el país mas urbanizado de América latina, el 92 por ciento de nuestra población vive en zonas urbanas. Es también el país de la región que más temprano y rápido se urbanizó. Sin embargo no tiene una legislación de tierra apropiada para el desarrollo de la urbanidad, no tiene un ordenamiento territorial y cuando existe, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, es tan antiguo que solo define como zonas inundables a la Boca y Belgrano.
No hay una legislación adecuada o si la hay no se cumple. Porque desde su constitución como Nación el acaparamiento y propiedad de la tierra –esa potencia oculta como la llamara Marx- es fuente de poder económico y político .
Es la lógica del capital la que está detrás de todas estas catástrofes. El capital que con su consumismo creciente poluciona y contamina el ambiente, degrada la naturaleza, impulsa el gran negocio inmobiliario de las tierras, no admite otra planificación que la del mercado.
Irresponsables
La catástrofe ha puesto en evidencia que los diagnósticos y propuestas de los expertos han caído en saco roto. La contrapartida es la insuficiencia en todos estos años en los niveles de gasto (mantenimiento) e inversión (obras), sea por recortes presupuestarios, por transferencia de partidas, por sub-ejecución o por lo que fuere. La responsabilidad de los funcionarios de turno en los distintos gobiernos a través de los años es inexcusable.
Enfrentar la catástrofe actual requerirá de fuertes recursos financieros para la asistencia a los damnificados. Para la reparación de unidades habitacionales, locales comerciales e industriales y la infraestructura vial y sanitaria. Para las siempre demoradas obras preventivas y los planes de contingencia.
En las condiciones financieras actuales se agudizará el déficit fiscal de la Provincia de Buenos Aires, se deteriorará el de la Capital Federal y todo impactará en el ya abultado déficit nacional. Hay que pensar en recursos alternativos.
Emergencia y recursos
Una perspectiva posible sería un decreto de necesidad y urgencia presidencial creando un Fondo específico para atender las necesidades de los distritos afectados, con plazos perentorios de cumplimiento y participación en la administración y control de los vecinos de los distritos afectados.
Ese fondo podría nutrirse con las partidas ya asignadas en los presupuestos para el año en curso, más la imposición de una contribución obligatoria a las 500 mayores empresas del país (puede ser un porcentaje de las utilidades declaradas en el ejercicio 2012). Complementada con una invitación al personal directivo y gerencial de esas empresas a donar al fondo un mes de su salario.
Adicionalmente la imposición de contribuciones obligatorias de un mes de sueldo al personal político ejecutivo de los Gobiernos Nacional y de la Provincia y Ciudad de Buenos Aires, así como de la Municipalidad de La Plata. Contribución extensible a senadores, diputados y legisladores que a nivel nacional, provincial o de las ciudades representen a la ciudadanía de los distritos afectados. Si las necesidades excedieran a lo recaudado los estados se harían cargo de la diferencia.
Sería una forma de que el capital y sus personeros asuman el costo de los desastres que promueven con su búsqueda insaciable de la ganancia y que el personal político (ejecutivo y legislativo) se haga cargo de la desidia manifiesta del Estado.
En última instancia sería un poco de justicia.
Eduardo Lucita. Integrante del colectivo EDI –Economistas de Izquierda
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