Las 29 víctimas de Zárate y Campana

Santiago Omar Riveros es uno de los acusados; ya fue condenado por delitos de lesa humanidad.

Por secuestros y torturas serán juzgados los represores Santiago Riveros, jefe del Instituto de Comandos Militares de Campo de Mayo, el ex comisario de Escobar Fernando Meneghini, el marino Sergio Buitrago y el prefecto Servando Ortega.
Los sobrevivientes y los familiares de las víctimas esperan este juicio desde hace más de tres décadas. Es, además, el primero que ingresa a Zárate y Campana, uno de los territorios más golpeados por la dictadura. El juicio oral por el primer grupo de 29 víctimas de la zona, secuestradas a partir del 24 de marzo de 1976, empieza hoy en San Martín. Entre ellas, se revisará el caso de Juan Puthod, testigo clave de estas causas, vuelto a secuestrar por 28 horas en 2008. Puthod murió en 2010 sin que los responsables de su primer secuestro hayan sido juzgados. Tanto su caso como el del resto de las víctimas muestran una de las características de este juicio: una bestial multiplicación de lugares abiertos como centros clandestinos en la zona a partir del golpe de Estado: las víctimas pasaron en unos pocos días por trece espacios dispuestos para ese fin.
Pablo Llonto, que es abogado querellante de la causa, señala que esto último y la intervención de las fuerzas represivas, en un trabajo articulado entre Ejército, Prefectura dependiente de Marina y la policía local, son dos nudos del juicio. “La coordinación muestra cómo salieron desesperados a partir del 24 de marzo a actuar y concretar los secuestros –dice–, de ahí la existencia de los trece centros clandestinos por los que pasaron en cuestión de días.”
Los centros se desplegaron uno al lado del otro, en Zárate y en Campana. Se usó un buque de la Armada para detener a prisioneros, pero también espacios como una mansión de la zona o el Tiro Federal, que hasta ese momento era un club. “No tuvieron medida en esto –agrega Llonto–. Usaron los primeros lugares que encontraron, lo que muestra el grado de aceleración, la locura desatada en las primeras dos o tres semanas del golpe.”
Por las 29 víctimas entrarán a la sala del juicio para ser juzgados cuatro represores. Santiago Omar Riveros, jefe del Instituto de Comandos Militares de Campo de Mayo, y el comisario Fernando Meneghini, que estuvo a cargo de la Comisaría de Escobar. Ambos con condenas anteriores. Llegarán por primera vez a juicio, en cambio, el marino Sergio Buitrago y el prefecto Servando Ortega. Buitrago era jefe del Arsenal Naval Zárate y está imputado por seis privaciones ilegales de la libertad, cinco de las cuales incluyen tormentos. Ortega era jefe de la Prefectura Naval de Zárate, un espacio lindante al Arsenal, y llega a juicio por dos privaciones ilegales de la libertad, una de las cuales incluyó tormentos.
Entre las víctimas hay un número importante de personas muy conocidas en ese momento. Todas fueron secuestrados entre el 24 de marzo y el 5 de mayo, es decir en las primeras semanas de la dictadura. Los primeros secuestros que se sucedieron inmediatamente de ocurrido el golpe indican que los grupos operativos fueron a buscar a víctimas que presumiblemente se hallaban identificadas en listas. Esta es una de las hipótesis con las que trabaja la fiscalía de Marcelo García Berro y el ad hoc Guillermo Silva. Entre los nombres de las víctimas con cierta trascendencia mencionan a Francisco José Bugatto, intendente de Zárate hasta el 24 de marzo. Su hijo Julio Armesto, que era diputado de la provincia de Buenos Aires por el PJ. Su hijo Luis María, que era militante peronista. Un funcionario del Ministerio de Trabajo, Luis Clemente Jorge, que era coordinador de relaciones laborales y candidato en 1973 por el Partido Federal. También Daniel Lagarone, que era secretario político de la Juventud Peronista y trabajaba en una unidad básica de Garín. Blanca Nelly Buda, que había sido candidata a intendenta de Escobar en 1973 por la Alianza Popular Revolucionaria. O Carlos Galletti, de Luz y Fuerza. Todos ellos sobrevivieron. Entre las víctimas, Carlos Souto permanece desaparecida, fue secuestrado el 30 de marzo de 1976, a las tres de la mañana, en su casa de la localidad de Garín, por un grupo de personas con capuchas que dijeron pertenecer a fuerzas policiales. Juan Barrientos murió en la Unidad 9 de La Plata, en 1977. Todos los sobrevivientes pasaron al sistema de cárcel común.
El dato que singuraliza el juicio es el circuito represivo que muestra en todos los casos una enorme cantidad de traslados internos en plazos de pocos días y horas. Una de las historias desde donde advertir el modo en el que esa lógica se expandió es, por ejemplo, el recorrido al que sometieron al propio Puthod. Lo secuestraron el 27 de marzo de 1976 en Prefectura, cuando se presentó para hacer el servicio militar. Estuvo detenido ahí, cuatro horas después lo llevaron a la Comisaría de Zárate. Un día después, luego de una golpiza del Ejército, lo trasladaron en un camión hasta un galpón del Instituto de Formación de Prefectura Naval. Lo torturaron. Luego pasó, como todas las víctimas de este juicio, por el buque de la Armada “Ara Murature”, fondeado a metros del muelle, donde tenía su parada la empresa Dálmine Siderca, entonces de los Roca. Un dato que se investigará en este juicio es cuál fue el rol de Dálmine Siderca con los grupos de tareas. Después de dos días, a Puthod lo trasladaron al Arsenal Naval; luego al Tiro Federal de Campana, donde lo torturaron. El 9 de abril a la mañana lo llevaron a Puente 12, también lo torturaron. Unos días después, al Pozo de Banfield. Lo torturaron y sometieron a interrogatorios. Lo internaron en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Luego lo llevaron a la Brigada Aérea de Morón, pasando por el 10 Regimiento de Caballería Blindada de Azul. Terminó el circuito en la Unidad Penitenciaria de Sierra Chica. Estuvo detenido hasta el 9 de julio de 1981 y recuperó la libertad desde la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata.
Otro eje del juicio estará dado por la denuncia que hicieron varias mujeres sobrevivientes en la etapa de instrucción que fueron sometidas a violaciones en numerosas oportunidades. El juicio planteará en ese sentido un dilema jurídico, indica el fiscal Silva, porque en su elevación la causa no contempló las acusaciones como delitos en sí mismos, tal como sucede en los últimos años en otros juicios. Habrá que ver si, durante las audiencias, las acusaciones pueden ser ampliadas.
Los testimonios comienzan el 22 de abril. El primer testigo será Alberto Calvo, una de las víctimas más memoriosas, secuestrado a las cinco de la tarde del 27 de marzo de 1976 por personal militar, entre las calles Mitre y Pellegrini. En ese momento no le pidieron identificación, lo llevaron a la Comisaría de Zárate, donde comenzó el circuito que concluyó en la Unidad 9 de La Plata, el 23 de diciembre de 1977.
El juicio estará a cargo del Tribunal Federal N° 1 de San Martín, presidido por Alfredo Ruiz Paz e integrado por María Claudia Morgese Martín y Marcelo Díaz Cabral. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas pidieron durante meses que el juicio se hiciera en Zárate o Campana, de donde era cada uno, pero el Tribunal desechó la opción y decidió hacer el juicio en San Martín.

Alejandra Dandan