Que el genocida Antonio Bussi pueda continuar su vida en el su casona del Golf Country Club de Yerba Buena, Tucumán, es una nueva burla que muestra que sigue vigente la impunidad en la Argentina, más allá del discurso oficial.
Bussi al igual que Luciano B. Menéndez reivindicaron en tono desafiante la masacre perpetrada por el Estado durante la dictadura, y fueron condenados después de casi tres décadas sólo por uno (1) sólo de sus múltiples crímenes. Estos fueron parte de un plan sistemático de exterminio contra los que cuestionaban la explotación y la opresión de la clase dominante contra la mayoría de los trabajadores y el pueblo.
Denunciamos a la Justicia cómplice que mantuvo impunes a todos los genocidas durante 20 años y aún hoy está compuesta por centenares de jueces y fiscales designados por los Videla, Bussi y Menéndez hace 30 años. Denunciamos el plan oficial de enjuiciar sólo un puñado de represores emblemáticos por unos pocos casos: a casi cinco años de anuladas las leyes de impunidad hay menos de 30 (treinta) condenas y de los menos de 400 imputados por crímenes de lesa humanidad que existen en todo el país, un gran porcentaje goza de las prisiones domiciliarias junto a sus familias, mientras las cárceles argentinas están atestadas de miles de jóvenes pobres sin condena. Denunciamos que en las mismas fábricas que la Presidenta visita para la presentación de nuevos modelos de autos, los empresarios y sus gerentes entregaron a decenas de obreros que hoy continúan detenidos-desaparecidos y no hay ningún imputado.
Junto a los organismos independientes del Estado y el gobierno, como los que componemos Justicia Ya!, seguiremos nuestra lucha por cárcel común y perpetua para todas las decenas de miles de militares, policías y civiles que utilizaron el terror del Estado para perpetrar un verdadero genocidio.
CeProDH
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos
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