La justicia del macrismo, con la complicidad del Ministerio de Educación de Nación, avanza judicializando los justos reclamos de las organizaciones sociales, de los docentes y estudiantes de 17 bachilleratos, que ejercemos nuestro derecho a peticionar. La jueza Dra. María Valeria Massaglia acaba de ordenar a la Policía Federal tareas de inteligencia al interior de una de las organizaciones de nuestra Coordinadora.
La política educativa en la ciudad oscila entre el ajuste y la lógica policial, tal como vienen denunciando los sindicatos docentes, cuyos principales dirigentes también vienen siendo perseguidos por la justicia macrista. La actitud del Ministerio de Educación de Nación de entregar los nombres de nuestros compañeros y compañeras a la justicia, contradice el discurso oficial sobre derechos humanos, aunque es coherente con la política de criminalizar a las organizaciones del campo popular que no se integran al gobierno nacional.
Exigimos el cese de la persecución a los luchadores populares y decimos basta a la judicializacion de la protesta social por parte del gobierno porteño y nacional.
MOI-CTA; UST-CTA; Frente Popular Darío Santillán; MTR La Dignidad; Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (CEIP-Conta); Escuela Libre de Constitución; Fogoneros; Centro Cultural de los Trabajadores Los troncos; Comisión de Derechos Humanos Villa 21-24; Tierra y Libertad.
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