RECORTAN LAS JUBILACIONES EN CÓRDOBA

Schiaretti, el ajustador

En las últimas semanas, se ha discutido mucho sobre si los trabajadores son ajenos a la disputa sobre la renta agraria extraordinaria. Más allá de los argumentos a favor o en contra de dicha tesis, es una realidad que la resolución de ese conflicto le ha abierto la puerta al oportunismo de la clase política. Así, el gobernador cordobés Juan Schiaretti, hasta hace unas semanas aliado del oficialismo, dispuso el recorte a las jubilaciones aduciendo deudas con la provincia por parte de gobierno nacional.
Desde hace semanas los gremios cordobeses advierten sobre las intenciones del gobernador de modificar el régimen jubilatorio de esa provincia. Mediante masivas movilizaciones denunciaron que las medidas tienen un carácter confiscatorio, ya que consisten en el recorte de entre el 22 y el 27 por ciento de los haberes de quienes cobren más de cinco mil pesos y alcanzaba a 12 mil jubilados. Otra de las modificaciones rechazadas por los trabajadores es que la contempla que el 82 por ciento móvil se calculará sobre los últimos cuatro años de aportes y no sobre el mejor salario. Schiaretti quien se mostró como una aliado de los sectores patronales del campo durante el conflicto agrario, no parece dudar a la hora de meter la mano en el bolsillo de los trabajadores.
El proyecto ingresó al recinto provincial el miércoles 23, fue aprobado el 31 de julio y generó un terremoto político al interior del gabinete de la Gobernación. Schiaretti al ver que no estaban asegurados los 40 votos necesarios para la aprobación del recorte, implementó una vieja artimaña legislativa, les solicitó la renuncia a los ministros a Angel Elettore (Finanzas) y Juan Carlos Massei (Acción Social), y a la secretaria de Ambiente a María Chiófalo, a fin de que recuperen sus bancas y hacerse así de los votos necesarios. Los sectores que acompañaron la medida del oficialismo cordobés fueron el Movimiento de Acción Vecinal, del Movimiento Patriótico y de Recrear.
Mientras tanto fuero del palacio legislativo un importante operativo policial impedía que las columnas de manifestantes se acercaran al centro de la ciudad. Las convocatorias más masivas fueron de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) y el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias (SIPOS) y del Sindicato de Luz y Fuerza, quienes convocaron a un paro general para el día de la votación.
Al llegar al vallado policial se desencadenó una batalla callejera que se extendió por varias horas. Las cargas policiales fueron contrarestadas con piedras y bombas de estruendo por los manifestantes. Los enfrentamiento más duros se generaron en los alrededores de la Plaza San Martín y la jornada se saldó con más de 20 detenidos y 16 heridos, en su mayoría policías. En tanto, en los días posteriores los trabajadores continuaron el plan de lucha con más acciones. Las principales medidas fueron los cortes de ruta, teniendo su epicentro en la ruta 9, a la altura de la localidad de Sinsacate. Al respecto, Martín Carabajal, secretario general de los judiciales afirmaba que "hay un firme acuerdo de los 22 gremios con representación en la Caja de Jubilados de seguir resistiendo más allá del miércoles, hasta que la ley sea volteada".