Precios y luchas al rojo vivo

“La inflación seguirá bajando y continuará el camino de la reducción que se inició en el 2016”, afirmó Marcos Peña en el Congreso, pero los datos publicados el mismo miércoles por el Indec y la Dirección General de Estadística y Censos porteño desmintieron al funcionario.

Los precios en febrero se aceleraron. Según el Indec el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional trepó al 2,4 % con relación al mes anterior.
En tanto, la inflación de febrero porteña alcanzó el 2,6 %, acumulando en los dos primeros meses del año una suba de 4,2 %.
La meta oficial de inflación para este año es del 15 %, pero los analistas advierten que difícilmente se pueda cumplir. Si se mantienen los niveles registrados del primer bimestre del año, el acumulado del primer cuatrimestre de 2018 llegaría al 8 %.
La contracara de la suba de precios es el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, y la pulseada del Gobierno por mantener techos salariales del 15 % acorde a la meta de inflación sin cláusulas gatillos.

Docentes

El gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a los gremios docentes para el próximo miércoles 21 en el Ministerio de Economía, a una nueva reunión de la mesa paritaria salarial. En la última, el Ejecutivo provincial ratificó su propuesta de aumento del 15% en tres tramos y un plus por presentismo.
Los gremios del Suteba, Feb y Udocba rechazaron la propuesta, y una cláusula de revisión para monitorear la inflación en octubre próximo. Respecto del presentismo, se propuso a los maestros un reconocimiento anual para este año de hasta 6.000 pesos en cuotas bimestrales.
La “oferta” que presentará el Gobierno de Vidal esta semana prácticamente será la misma, por lo que se descuenta que no habría grandes avances.
“Quieren imponernos una baja de salario, un acuerdo que no va a llegar nunca porque nosotros no vamos a firmar. No lo hemos hecho ni tampoco lo haremos. Ni el Suteba ni ninguno de los integrantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense”, dijo Roberto Baradel en una conferencia de prensa.
Por otra parte, señaló que “estamos en una situación que se vienen cerrando escuelas, no solo no se abren sino que se cierran” y recordó que el ex ministro de Educación y actual senador, Esteban Bullrich, “dijo en campaña que iba a construir 3.000 jardines de infantes y 10.000 aulas, y no hicieron ninguna”.
Casi 400.000 docentes, un 54 % del total, repartidos en 18 provincias, perdieron en sus salarios contra la inflación en 2017, según un estudio de la Universidad Austral.
En la CABA, el aumento fue de 21,5 %, contra una inflación del 25 %. Los más golpeados fueron los de Santa Cruz y Chaco, que tuvieron aumentos del 7 y 7,5 %, respectivamente. En Jujuy ocurrió algo similar: 10 % de suba.
Las provincias que lograron subas superiores a la inflación son solo cinco, según el informe: Buenos Aires, Corrientes, Neuquén, San Luis y Formosa. En Santa Fe, el aumento fue igual a la inflación: 25 %.
Tras las masivas protestas que se sucedieron desde que se conoció la decisión de cerrar los 441 Bachilleratos para Adultos que funcionaban en la provincia de Buenos Aires y la relocalización de los más de 6.000 alumnos mayores de 18 años inscriptos, la Dirección General de Educación y Cultura resolvió la reanudación de las clases en sus respectivos establecimientos, aunque la resolución todavía no fue difundida oficialmente.
Apenas tres meses atrás, en coincidencia con la finalización del ciclo lectivo 2017, la gobernadora María Eugenia Vidal había dispuesto que los adultos que quisieran iniciar o finalizar sus estudios, primarios y/o secundarios debían hacerlo “bajo las diferentes ofertas educativas dependientes de la Dirección de Educación de Adultos”. Pero la gobernadora retrocedió sobre sus pasos, al igual que lo hizo con el prenunciado cierre de las seis escuelas del Delta clausuradas a principios de año.
No obstante la ofensiva contra la educación pública no ceja. Hace unos días, tomó estado público la resolución 1664/17 que plantea el objetivo de constituir “... un nuevo marco legal para la incorporación de estos estudiantes (los que asisten a escuelas especiales) a cualquier institución educativa, según el Nivel o Modalidad que corresponda”.
La realidad de los niños que concurren a estos establecimientos, es que no están en condiciones de ser incluidos “a cualquier institución educativa”, porque muchos de ellos vienen de escuelas comunes, en las cuales no podían adquirir conocimientos por diversos motivos. Lo central es que necesitan estar con docentes especializados, con menor cantidad de alumnos y respetando cada particularidad.
La resolución 1664/17 sobre inclusión educativa trae solapado el vaciamiento a la escuela especial, la función del maestro especial pasa a dejar de acreditar saberes, lo cual quedaría en manos de la escuela de nivel, y el docente especial, pasa a ser un mero asesor, lo cual trae aparejada la posibilidad de contratación temporal por fuera de todo convenio y sin derechos hoy consagrados.
Para los estudiantes, elimina incluso el área de talleres como cocina, tecnología, carpintería, etc., en donde expresan su creatividad y los prepara para su mejor independencia y auto valimiento.

Estatales

A dos meses de los 122 despidos en el Hospital Posadas, los trabajadores denunciaron una nueva ola de cesantías, que ya afectó a 30 empleados más y alcanzaría a 130 a fines de marzo con el vencimiento de los próximos contratos. Denunciaron “persecución política, sindical e ideológica” y que el Gobierno nacional pretende “privatizar” algunos servicios del hospital. También convocaron una movilización para el próximo martes.
Mirta Jaime, dirigente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (Cicop) remarcó que los despidos castigan a los trabajadores que no quisieron firmar nuevos contratos con condiciones de trabajo todavía más precarias. “Nos aprietan. Nos dicen que si no firmamos un contrato más precarizado quedamos en la calle. Y muchos compañeros lo terminan firmando por miedo. Hace diez años venimos dando una pelea feroz para no firmar contratos precarios. El 80 % de los trabajadores del hospital son precarizados”, detalló Jaime, en la conferencia de prensa que brindaron junto a la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) y ATE Nacional.
Los 258 despedidos, el descuento del 40% del salario a trabajadores que se sumaron al conflicto para defender a sus compañeros y al INTI, las maniobras de intimidación que llevaron adelante al ingresar y destruir la casa del secretario general y la secretaria gremial, el uso de patotas para apretar a trabajadores, las amenazas, las grabaciones y filmaciones, el espionaje, la guerra sucia mediática, la criminalización de los despedidos, son solo algunos ejemplos de la violencia que han infringido al conjunto de trabajadores del INTI que hoy siguen de pie y defendiendo su fuente de trabajo y sus derechos laborales.
Llegar a este punto no fue fácil, pese a que siempre tuvieron voluntad de diálogo. La permanencia pacífica, el apoyo de la sociedad, de todo el arco político, de los industriales, de los organismos estatales, de la Universidad fue vital para avivar cada día la fuerza de la lucha.
El famoso “ajuste a la política” que anunció el gobierno de Macri luego del escándalo del que fue protagonista Jorge Triaca con su empleada doméstica, aparece ante los ojos de los trabajadores del Ministerio de Trabajo como un reacomodamiento de fichas, en vez del saneamiento de los cargos jerárquicos de los organismos públicos que habían anunciado.
“A contramano del discurso público del macrismo, Marcos Peña y Jorge Triaca firmaron una resolución conjunta que crea más cargos que los que deroga en el Ministerio de Trabajo y además le da a Triaca más de un millón de pesos para contratar asesores”, señalaron.
Aunque como era de esperarse las novedades de la nueva estructura trajo incertidumbre, la asamblea del martes pasado mostró que también hay voluntad de organización y lucha. El momento es preparatorio, ya que no se han anunciado despidos masivos, pero los trabajadores y trabajadoras ya están en guardia.
Finalmente, la asamblea resolvió realizar una acción interna el viernes 16 y un abrazo al Ministerio el martes 20 que culmine en una conferencia de prensa abierta a Hacienda, Posadas, Inti y los diferentes sectores en lucha.

Transporte

Los directivos del grupo Ferrovías, actuales gerenciadores del servicio del tren Belgrano Norte, apuntan a un plan de despidos masivos. Mientras la conducción de la lista Verde de la Unión Ferroviaria se pasea con Triaca por Europa y los delegados del sector actúan en complicidad con la empresa, advierten los trabajadores de la lista Roja, en un comunicado.
Profundizando la flexibilización laboral se ha firmado un convenio totalmente patronal, se avanza en un plan de despidos en todas las líneas y a través de un Decreto de la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se cierra Ferrobaires, dejando sin tren a numerosas localidades y sin trabajo a aproximadamente 1.500 ferroviarios. Este plan ha contado con la recompensada colaboración de la burocracia sindical de la UF y de todos los gremios ferroviarios.
La burocracia sindical ferroviaria, en los últimos años no ha dejado de profundizar sus ataduras al Estado y su descomposición. Desde los ‘90 y con el kirchnerismo, co-administrando el Belgrano Cargas y las empresas tercerizadas hasta la ley de Randazzo y la actual gestión donde directamente se han incorporado a los directorios de las empresas, asumiendo como propias tareas empresariales.
No obstante, organizaciones sindicales y políticas se movilizaron a la Casa de Gobierno bonaerense para denunciar los despidos masivos en el sector ferroviario por el cierre de Ferrobaires y el traspaso del control de esas líneas al área del Ministerio de Transporte nacional. El traspaso se concretó el viernes, como la había dispuesto la gobernadora María Eugenia Vidal en enero pasado, y se materializó en el envío de 650 telegramas de despido, que se suman a un centenar de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, y el cierre de 104 estaciones de ferrocarril de pueblos bonaerenses.
“Hoy se hace esta marcha porque es el cierre definitivo de Ferrobaires y para exigir a la Gobernación la reapertura de ramales, ya que hay 104 pueblos sin trenes”, expresó Alfredo Fornaro, supervisor general de Ferrobaires desde hace 20 años e integrante de Unión Ferroviaria, Lista Bordó. Además, confirmó la lluvia de telegramas de despidos enviados tras el cierre del organismo provincial y aseguró que al “Gobierno no le interesa el tren de pasajeros, solo quieren el de carga”.
Hasta la Casa de Gobierno bonaerense llegaron los dirigentes de la Unión Ferroviaria —opuestos a la conducción del secretario general Sergio Sasia—, trabajadores ferroviarios del Belgrano Norte, del Sarmiento y de las ciudades de Bahía Blanca, Tandil y Bragado. Además acompañaron la protesta organizaciones sociales que defienden el servicio de pasajeros hacia los pueblos bonaerenses y partidos de izquierda, la CTA y Barrios de Pie.
En los meses en los que la gestión de Vidal negoció con el gobierno nacional el traspaso de Ferrobaires, uno de los gremios que salió a denunciar el “vaciamiento” del servicio de pasajeros bonaerense fue la Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos (Apdfa) que se convirtió en el quinto gremio intervenido por el gobierno de Mauricio Macri, mediante una resolución en la que explica que la decisión fue tomada por supuestas irregularidades en la elección de autoridades.
El viernes fueron notificados 45 trabajadores tercerizados de Ci5 de una semana de vacaciones bajo la excusa de “reestructuración”. En realidad, planifican sacarlos del FF CC Sarmiento para trasladarlos a otras dependencias que contrata el servicio de seguridad, con menos salario y más horas de trabajo. Junto con esto se informó que ofrecerán los mal llamados “retiros voluntarios”, es decir, despidos encubiertos.
No casualmente, entre los trabajadores involucrados hay delegados y activistas que vienen denunciando las brutales condiciones laborales, sin ropa de trabajo adecuada, en lugares poco higiénicos con ratas que circulan en el ámbito laboral, con persecución y hostigamiento inventando causas para sanciones y aplicando descuentos compulsivos.
En el día de hoy se realizarán dos asambleas a contra turno convocadas desde la Seccional Haedo, para evaluar las medidas a seguir porque, como denuncian los trabajadores, hablar de reestructuración significa en principio intentar sacarlos del FF CC y, por otro lado, futuros despidos.
La empresa de transporte Expreso Lomas, que abarca las líneas 112, 165 y 243 y que une los barrios de Monte Grande a Lanús y de Once a Saavedra, se encuentra de paro. Así lo han decidido sus trabajadores, mediante una asamblea, luego de no obtener respuesta alguna a sus constantes reclamos. De acuerdo a un comunicado de prensa, firmado por la agrupación La Loma, los chóferes sostienen que mantendrán la medida hasta que: "quien corresponda o quien sea, nos complete el Parque Automotor para brindar un mejor servicio y garantizar el puesto laboral de los más de 400 trabajadores que conformamos esta empresa".
"Ya no podemos salir así, los colectivos no tienen mantenimiento y eso es un riesgo. De los 140 coches que deberíamos tener solo hay 70 disponibles. Con eso no se puede cubrir el servicio", declaró uno de los delegados.

Azucareros

El pasado lunes, en una reunión mantenida por los sindicatos azucareros que conforman la Federación Regional Azucarera, se definió la implementación de un plan de lucha a escala nacional. Se trasladarán a la ciudad de Buenos Aires, en donde realizarán jornadas de reclamo por cinco días hábiles del 19 al 23 de marzo, con el apoyo de la CTA Autónoma y la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular).
Asimismo anunciaron que estas medidas se enmarcan en un plan de protesta que continuarán a nivel local en las provincias de Jujuy y Salta luego del reclamo en Capital Federal. En este sentido, prevén una jornada de Paro Nacional Azucarero en conjunto con una serie de medidas de fuerza y movilizaciones.
Este jueves lxs trabajadorxs de Tabacal realizaron un paro sin asistencia a los lugares de trabajo. La medida fue en repudio a las amenazas, la implementación del turno relevante, los despidos y las rebajas de sueldos.

Conflicto en medios

En Radio El Mundo se cumplió el miércoles el primer día de cese de tareas, que continuó el jueves, por la incertidumbre en la que entró la histórica señal cuando en enero pasado quienes estaban a cargo de la emisora decidieron fugarse y dejar a más de 90 trabajadores a la deriva.
Por otro lado, y en base a las decisiones que viene tomando Hernán Lombardi desde el Sistema Federal de Medios Públicos que van camino al desmantelamiento de Canal 7, Radio Nacional (con sus 50 filiales) y la agencia oficial Télam, el lunes pasado, luego de una reunión con autoridades de la empresa, los trabajadores de la TV Pública plantearon la posibilidad de levantar las medidas de fuerza a la expectativa de una reunión a realizarse el jueves. Pero las autoridades se negaron a que los trabajadores tengan el derecho a comunicar a través de la pantalla los motivos que afectan la operatividad y la calidad periodística del noticiero central. Frente a esa negativa, la asamblea votó y aprobó mantener la retención de tareas durante las emisiones del día y dejar en suspenso el plan de paros sorpresivos hasta el jueves 15, en espera de una respuesta de las autoridades del canal y del Sistema Nacional de Medios Públicos, a las que responsabilizan por los problemas operativos y la merma en la calidad periodística que pueda percibir la audiencia, así como la no salida al aire de los noticieros por causa de este conflicto.
Otro medio que cesó sus actividades para exigir que se les abonen los salarios que vienen cobrando en cuotas fue C5N. Así lo dieron a conocer a través de Twitter los periodistas Gustavo Sylvestre y Juan Amorín.

Por el interior

La multinacional Cargill difundió un comunicado por el cual rechaza el calificativo de “despido” de trabajadores para enfatizar que lo que decidió es “ reemplazar a 33 colaboradores de las plantas de Villa Gobernador Gálvez y Alvear” por otros tantos –asegura– “con características y perfiles distintos” y bajo las mismas condiciones de contratación: en relación de dependencia. El texto fue emitido este viernes, un día después de que vencieran las conciliaciones obligatorias dictadas por las carteras laborales de Nación y Santa Fe y a 48 horas de que fracasara una última audiencia convocada en Rosario por el Ministerio provincial que comanda Julio Genesini.
"Desde la hora 0 del viernes iniciamos un plan de lucha por tiempo indeterminado en las plantas de Rosario y Bahía Blanca", declaró el secretario general del gremio cerealero de Rosario, Adrián Dávalos, que auguró "un conflicto extenso" con la empresa Cargill.
"No podemos permitir que una de las firmas que más factura en la Argentina eche trabajadores sin tener problemas económicos de ningún tipo", anticipó el sindicalista en referencia a los 41 telegramas de despido que la empresa multinacional giró apenas empezó el año en tres de sus cuatro plantas.
"La empresa argumenta que su intención es cambiarle el perfil a la producción, pero apunta a tener un tipo de trabajador polifuncional, que pueda hacer cualquier tarea dentro de la planta, lo que atenta contra la especialización de nuestro trabajo y, sobre todo, desvirtúa nuestro convenio", denunció Marcos Pozzi, delegado de la planta de Gálvez y miembro de la Comisión Directiva aceitera de Rosario.
Los trabajadores de la empresa metalúrgica Rega de Firmat (Santa Fe) protagonizaron una fuerte y ruidosa protesta para reclamar el pago de salarios atrasados. Si bien ya venían desarrollando un plan de acción con paros de actividades el jueves endurecieron la medida de fuerza ante la falta de respuestas y cortaron la ruta provincial Nº 93 en cercanías del establecimiento fabril.
Las trabajadoras y trabajadores municipales nucleados en ATE rechazaron la propuesta salarial de 16,5 % en tres tramos -con cláusula gatillo- ofrecida por la patronal y convocaron a participar activamente del PARO de MUNICIPALES del miércoles 16 y jueves 15 de marzo.
“Este porcentaje ofrecido en un contexto de tarifazos, inflación y ajuste, no solo se encuentra lejos de una recomposición salarial sino que además sigue dejando nuestros salarios por debajo del salario mínimo estimado en $ 25.884 por la Junta Interna de Ate Indec en Diciembre de 2017”, señalan.
Algo más de 20.000 trabajadores marcharon por las calles de la capital santafesina para reclamarle al gobernador Miguel Lifschitz que mejore la magra oferta de incremento salarial que su administración les realizó a docentes públicos y privados, estatales provinciales y municipales.

Paritarias

Las cámaras empresarias del sector bancario volvieron a ofrecer un 15 % de aumento, pero en 3 cuotas y siguen empantanadas las paritarias del sector.
Según informó la AB, el próximo jueves 22 habrá una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo, y además el Consejo Directivo del gremio se reunirá para “determinar medidas de fuerza si la propuesta sigue sin ser suficiente”.
En línea con los deseos del gobierno, Luz y Fuerza firmó por el 15 %. Será en dos tramos: 11 % en marzo y 4 % en junio. El acuerdo incluye cláusula de revisión en setiembre.
Una versión de las nuevas estructuras de los convenios de trabajo se rubricó en torno a los trabajadores de YPF representados por el Supeh y que tendrá vigencia hasta 2019.
El acuerdo entre la compañía y sus empleados incluye tres capítulos a resaltar: sistema de capacitación para "reconvertir" trabajadores cuya función será afectada o dejará de estar en práctica por la implementación de robótica; la creación de delegados ambientales para llevar a la práctica protocolos internacionales y la premisa de encarar la delicada cuestión de las adicciones, "orientado a sistemas de contención frente al avance de las drogas duras", reseñaron desde la compañía y la organización sindical que lidera Antonio Cassia.

Congresos sindicales

Con la presencia de compañeras y compañeros delegados de todo el país, durante miércoles y jueves pasado se realizó en la Ciudad de Buenos Aires el Noveno Plenario de Delegados de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina.
El Plenario ratificó la defensa del Salario Mínimo, Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es: “la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.
“Porque, tal como ha defendido nuestra organización sindical, al salario no lo fija el porcentaje arbitrario de un gobierno ni una patronal, al salario lo fijan las necesidades de los trabajadores”, sostuvieron los aceiteros.
En ese sentido, el Plenario expresó su rechazo ante cualquier limitación que se le pretenda imponer a la negociación colectiva. Los delegados se pronunciaron asimismo en contra de la modificación a la baja del Convenio Colectivo, sea tanto con la pretensión de flexibilizar aspectos del mismo por la parte empresaria, como mediante el avance de la Reforma Laboral regresiva e inconstitucional que pretende impulsar, en todo o en partes, el gobierno nacional.
El Plenario también mandató a la Federación a iniciar las medidas de fuerza a nivel nacional que considere necesarias, tanto de cara a la negociación colectiva de los acuerdos salariales, como en relación a la defensa de los derechos de nuestros compañeros y sus puestos de trabajo.
Este viernes 16 de marzo se llevó adelante en la Federación de Box de la Ciudad de Buenos Aires (Castro Barros 75) un nuevo Congreso Extraordinario de la CTA Autónoma, sector “Perón”, enfrentada a la conducción de Pablo Micheli.
Al respecto, Ricardo Peidro, Secretario General Adjunto de la Central, manifestó: “Hay un solo Congreso que es el construido por la mayoría: Contamos con mayoría y quórum de la Mesa Ejecutiva Nacional, así como con mayoría y quórum de los secretarios y secretarias en la Conducción Nacional y con mayoría y quórum de los Secretarios y Secretarias Generales de las provincias, como así también con la mayoría y quórum de los congresales, que ya confirmaron su presencia a los congresos del 16 de marzo y 28 de abril. Por consiguiente, desde todo punto de vista, el único congreso legítimo es el convocado para el 16 de marzo y el 28 de abril. Cualquier decisión que se tome fuera de estos congresos no tiene legitimidad ni representatividad para hablar en nombre de todos los trabajadores y trabajadoras que nos organizamos en la CTA Autónoma”.

Corrupción M

La bolsa de valores de Estados Unidos, Securities and Exchange Commission (SEC), confirmó que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, fue uno de los dueños de la empresa Noctua Partners hasta noviembre de 2015, situación que había sido negada por el funcionario.
En la declaración emitida por SEC se vincula a Martín Guyot y Luis Caputo con las empresas Noctua Partners II LP -principal dueña de la afiliada Noctua Assets Management LLC- y Noctua Partners II LP, una sociedad registrada en las islas Caimán.
“Nunca fui propietario ni accionista de Noctua ni de Princess sino asesor, administrador, fiduciario y/o mánager, por lo tanto que no debía declararlas”, había sostenido en su descargo el ministro.
El ministro de Finanzas de Macri, un multimillonario, tiene un patrimonio declarado de 55.750.000 millones de dólares y es el segundo hombre más rico del Gabinete argentino.
Este mutimillonario es el mismo que en abril de 2016, cerró el pago a los fondos buitres por U$S 9.300 millones, desembolso que representó un nuevo capítulo de endeudamiento del país.
Previamente dos funcionarios que dependen directamente del presidente Mauricio Macri aparecieron involucrados en el manejo vinculado a negocios futbolísticos. Se trata del subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, luego renunciado, y el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, ahora denunciado por la Policía Federal brasileña.
Díaz Gilligan dependía de la Secretaría General de la Presidencia, cuyo control Macri confirió a Fernando de Andreis como si fuera “un hijo”. De Andreis ya pasó por el escándalo de los Panama Papers en abril de 2016, cuando La Nación reveló que su esposa figura junto a varios familiares dentro de un poder amplio para manejar la firma offshore Parquemar Group, radicada en Panamá.
También Pablo Clusellas, funcionario de esa cartera, aparecía en la lista de obsequios VIP que hacía el Estudio Mossack-Fonseca, especializado en crear cuentas offshore.
No es la primera vez que el Gobierno de Macri se ve salpicado por la participación de sus miembros en paraísos fiscales. En abril del 2016, el propio presidente fue señalado de estar involucrado en los Panamá Papers.
Estos documentos revelaron que Macri tenía una participación en el directorio de la firma Fleg Tranding Ltd., asentada en las islas Bahamas y que funcionó desde 1998 hasta 2009. Aquella investigación también vinculó al mandatario argentino con la empresa Kagemusha S.A., otra sociedad offshore radicada en Panamá en 1981.
En agosto del 2017 la justicia argentina decidió cerrar la causa por lavado de dinero en el caso de Panamá Papers contra Macri.
Finalmente, según un artículo de una Ley promulgada el 29 de diciembre pasado, haberse quedado con aportes de los trabajadores hasta $ 100.000 por mes y por tributo ya no es delito.
Los empresarios y empleadores comenzaron a recibir sobreseimientos en las causas penales que estaban camino a juicios con penas de hasta 6 años de cárcel.
Uno de los principales beneficiarios es Luis Cetrá, ex dueño de Radio Rivadavia, luego de haberse quedado entre diciembre de 2003 y abril de 2007, al menos en 29 períodos mensuales, con los aportes de los trabajadores por unos $ 730.000. Se trata de uno de los primeros casos, aunque acaso podría haber miles en todo el país.
La Ley en cuestión que excluye a un evasor previsional de la condición de delincuente es la 27.430, que modificó el régimen del impuesto a las ganancias. Si un empleador retenía el aporte de su trabajador al ANSES durante más de 10 días hábiles cometía un delito reprimido con prisión de 2 a 6 años por un monto de $ 40.000 “por cada mes”. La modificación sancionada actualizó la última parte de la norma, y elevó el “monto no ingresado” a $ 100.000.

Mario Hernandez