En la mañana del viernes se conoció la noticia, un genocida mas que se va a la tumba sin ser juzgado y en libertad, en este caso, miembro de la iglesia.
Hace pocos días salíamos a las calles a 42 años del golpe genocida. Hace unos días mas repudiábamos la suspensión del juicio Feced III en las puertas de los Tribunales de Rosario. Hoy, nos anoticiamos de la muerte de Eugenio Segundo Zitelli, imputado en esta causa y un personaje siniestro que le pone nombre y apellido al rol de la Iglesia con el genocidio.
Un sabor amargo que recorre a los organismos de derechos humanos, ya que a sus 85 año el capellán que presenciaba torturas a los detenidos desaparecidos, se muere en la cama de un hospital. Un beneficio más de los que lo acompañaron todos estos años, de dictadura y de democracia, como los tantos otros ejecutores de la dictadura civico militar, que permanecen impunes.
En el nombre de dios
El ex capellán de la Policía estaba acusado de privación ilegítima de la libertad agravada, por aplicación de tormentos y asociación ilícita sobre 14 víctimas. Bendecía los actos de tortura en el Servicio de Informaciones, el mayor centro clandestino que funcionó en la provincia de Santa Fe.
El carácter central que han tenido los miembros de la Iglesia durante el golpe de estado, se pone sobre la mesa una vez más con este cura de Casilda. Usaba sus métodos de confesión al mejor estilo Von Wernich en la provincia de Buenos Aires, pero sabemos que también eran un eslabón importante en el conjunto del plan sistemático, como el mismo Bergoglio, hoy Papa Francisco.
Los que hoy se catalogan “defensores de la vida”, perpetuando la muerte de cientos de mujeres por abortos clandestinos, son los mismos que ayer tiraban agua bendita a los responsables de estas atrocidades.
Gracias a la pelea incansable de los organismos de derechos humanos los genocidas se sentaron en el banquillo, pero hechos como este demuestran una y otra vez que no alcanza con juzgar a un puñado. No podemos permitir que el Estado siga garantizando que los responsables de aniquilar a una generación de luchadores mueran sin más, que aquellos que formaron parte del plan sistemático contra los trabajadores y estudiantes que se organizaban en las fábricas para poner en discusión el orden establecido, sigan gozando de beneficios como el propio Costanzo que va al supermercado en las calles de Rosario violando la prisión domiciliaria. No podemos seguir apelando a las víctimas para que reconstruyan una y mil veces sus tormentos, y así arrancar una pena mayor.
Es imperioso que se abran los archivos que durante estos 42 años encubrieron a militares, empresarios, miembros de la Iglesia, y todos aquellos que siguen muriendo bajo sus frazadas calientes. Esto, que no sucedió bajo ningún gobierno desde 1883, incluido el kirchnerismo, permite que una y otra vez se actualice la impunidad. ¿Hasta cuando vamos a permitir, por ejemplo, que no se juzguen los crímenes del Villazo?
Por la memoria de los 30.000 compañeros, tenemos que exigir al Estado que no puede tratarnos igual que a los familiares de los genocidas, como lo vimos en la audiencia de Larrabure, donde la Policía protegía a los apologistas de la dictadura. No podemos permitir que vuelva a la teoría de los dos demonios.
Hoy, el gobierno de Macri, beneficiario de los negocios durante la dictadura, quiere redoblar la apuesta y recrudecer el rol de las fuerzas represivas. Tenemos que enfrentarlo, como lo hicimos por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y también tenemos que repudiar a cada uno de los gobernadores que reprimen o matan, como ocurre con el peronista Manzur en Tucumán, que imprime la misma “doctrina Chocobar” del macrismo, la que terminó con la vida de Facundo Ferreyra; o como el socialista Miguel Lifschitz, que satura la provincia de Santa Fe de gendarmes y policías asesinos encubiertos por el Partido Socialista.
Celina Tidoni
Abogada | CeProDH Rosario
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