Nicolás Caputo y Eduardo Gutiérrez son los beneficiarios de millonarias sumas de dinero otorgadas durante el kirchnerismo y el gobierno actual de Cambiemos.
Si hay una actividad más que rentable para empresarios y funcionarios corruptos es el negocio con la obra pública. Los empresarios (pero también los políticos) “la levantaron con pala”, como dijo una vez la expresidenta Cristina Kirchner, durante su gestión, la de Néstor Kirchner y ahora con Cambiemos.
Dos claros ejemplos son Nicolás Caputo, íntimo amigo y ex socio del presidente Macri, y Eduardo Gutiérrez, signado por diversos medios periodísticos como aportante a la campaña del PRO y acusado de ser testaferro de José López (el ex secretario de Obras Públicas de la Nación durante el kirchnerismo, detenido cuando trataba de ocultar un bolso con millones de dólares).
Tanto Caputo como Gutiérrez se llevaron gran parte de las licitaciones para realizar obras en el Hospital Posadas, cuyos plazos fueron postergados y sus montos originales incrementados de manera exponencial tres veces durante el mandato de Cristina Kirchner y una vez más en lo que va del gobierno de Mauricio Macri.
En el Hospital Posadas fueron despedidos unos 150 trabajadores, en su mayoría enfermeras que son sostén de hogar. Pero cuando de empresarios se trata, tanto el kirchnerismo como ahora Cambiemos, desembolsaron de las arcas del Estado Nacional, más de medio billón de pesos, $ 591.360.000 para ser exactos, que fueron a dar a los bolsillos de Caputo y Gutiérrez.
En el 2010 se licitó la ampliación y remodelación del Posadas y resultó ganadora una UTE (Unión Transitoria de Empresas) conformada por: Caputo S. A., la empresa “familiar” de Nicolás Caputo, (cuya mayoría accionaria fue vendida este año a la desarrolladora inmobiliaria TGLT), SES S.A. –otra empresa de Caputo- y el grupo Farallón Desarrollos Inmobiliarios S.A., de Eduardo Gutiérrez.
Las obras alcanzaban una superficie de 21.800 m2 y deberían haber finalizado en 2013. En el 2010, el monto inicial presupuestado para la ejecución de dichas obras era de $ 176.201.841,95 y en 6 años aumentó más de 3 veces llegando en 2016 a los $591.360.000, ya que la UTE solicitó durante esos años readecuaciones en los montos presupuestados y varias prórrogas en los plazos de finalización de las obras.
En 2012, se amplió el monto de la obra en 4 millones de pesos. En el primer año del gobierno de Macri, la UTE de Caputo y Gutiérrez recibió un aumento del 336% (del precio original), lo que da la cifra millonaria de más de medio billón de pesos.
Tres veces el kirchnerismo autorizó el corrimiento de plazos y tres aumentos presupuestarios y otra vez en lo que va del gobierno de Macri, volvió a extenderse el plazo de finalización de las obras.
El último límite de tiempo establecido para su conclusión total era el 30 de noviembre de 2016, al día de hoy algunas de esas obras concluyeron y otras no.
La readjudicación de precios otorgada por el gobierno de Macri fue concedida al titular del Grupo Farallón mientras ya se conocía el procesamiento que le dictó el juez Daniel Rafecas en la causa por la que permanece en la cárcel José López.
Gutiérrez está acusado de ser testaferro de López. Es el dueño legal de la lujosa casa del Tigre, valuada en 680 mil dólares en la que vivía aquel. Allí escondía los 9 millones de dólares, antes de llevarlos al famoso monasterio.
Por otra parte, además de que el grupo constructor Farallón habría sido aportante a la campaña de Macri para las presidenciales, figura como “donante” de la Fundación SUMA, cuya titular es Gabriela Michetti, la vice Presidenta. Como se ve, muchos lazos monetarios unen a esta constructora con el macrismo.
La “patria contratista”, ayer y hoy
A mediados de los 70 en Argentina se empezó a utilizar el concepto de “patria contratista” para definir un grupo de grandes empresas proveedoras del Estado que se enriquecieron gracias a increíbles negociados, sobre todo con la obra pública. Uno de los exponentes emblema de esa “generación” es el propio grupo Macri, que comenzó su relación comercial con el Estado argentino bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía y que fue altamente beneficiado por la última dictadura cívico-militar. Dicho grupo pasó de tener 7 empresas, en 1973, a ser el propietario de 47, en 1983.
Dos máximas de los miembros de la “patria contratista” son conocidas. Hacer “buenas migas” con los gobierno de turno y más allá de sus adhesiones político-ideológicas particulares, apostar a dos puntas para asegurarse la continuidad de sus negocios una vez que el Estado pase a ser manejado por otra fuerza política.
Así lo hizo el grupo Macri, que durante las gestiones kirchneristas hizo millonarios negocios. Tal es así que en el 2015, un comunicado del ministerio de Planificación reveló un listado de las empresas que más licitaciones habían recibido en obras públicas, en tercer lugar se ubicó Iecsa, una de las empresas del holding familiar, que luego fue vendida.
Nicolás Caputo y Gutiérrez son dos representantes actuales de la “patria contratista”. Caputo es el hermano del ministro de Finanzas Luis Caputo (que ocultó ser dueño del Fondo de Inversión Noctua Partners) y forma parte de una familia millonaria ligada a los negocios de la construcción desde 1932.
Por su parte, Gutiérrez inició su carrera empresarial en la empresa familiar de los Caputo en 1976 y fue empleado de Caputo SA hasta que en los 90 formó el Grupo Farallón Desarrollos Inmobiliarios S.A.
Ambos empresarios son socios en tres UTE con las que han obtenido varias licitaciones para obras concedidas tanto por el Gobierno nacional, el de la Ciudad y el de la Provincia de Buenos Aires. Entre ellas, la construcción del Museo y Memoria de Islas Malvinas, viviendas del Plan PROCREAR (Ciudad de Buenos Aires).
Los únicos privilegiados: los amigos empresarios
Caputo y Gutiérrez transformaron las obras de remodelación y ampliación de áreas del Hospital Posadas en una usina de dinero en beneficio propio. Gracias primero al kichnerismo, en la figura del ex ministro de Planificación Julio De Vido y ahora gracias al gobierno de Cambiemos. ¿Por qué? Porque, aunque con algunas diferencias, ambas fuerzas políticas defienden intereses similares: los de la clase capitalista, en este caso de aquellos que amasan fortuna en base a los negociados con el Estado y a costa del empobrecimiento de la vida de los trabajadores y el pueblo.
Hoy son las enfermeras, técnicas, médicos y camilleros despedidos del hospital los que padecen las consecuencias de las políticas de ajuste del gobierno nacional, que ataca sus puestos laborales, pero que también deteriora aún más las condiciones de los hospitales públicos.
Mientras esto pasa, con Cambiemos también los empresarios que hacen negocio con la obra pública, la siguen “levantando en pala”.
Mirta Pacheco
Celeste Vazquez
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