El portal Infobae ha dado conocer la existencia de un segundo informe del Servicio Penitenciario Federal a la justicia con 1.436 presos que se encontrarían en condiciones de ser excarcelados y que incluye al genocida Alfredo Astiz. Se trata de una lista actualizada con respecto a la primera, que contenía 1.111 nombres y entre ellos un listado de 96 represores.
El argumento del gobierno –que integra la mesa de gestión penitenciaria a través del Ministerio de Justicia- es que se necesita desagotar un sistema carcelario sobrepoblado. El primer listado contemplaba a los represores debido a que superaban los 70 años, mientras que en caso de Astiz –que tiene 67– se debería a su estado de salud, a pesar de que cuenta con atención médica en la cárcel.
Asistimos a una nueva tentativa oficial de impunidad para los genocidas. Si la justicia accediera al pedido del Servicio Penitenciario, estaríamos ante un beneficio de mayores alcances que el indulto menemista. El gobierno, derrotado por la movilización popular en su intento de imponer el 2x1, vuelve a la carga. En paralelo, procura instalar nuevamente la teoría de los dos demonios.
La impunidad para los represores va en línea con el intento de reintroducir a las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, algo que el gobierno está pergeñando por medio de la reforma militar. Bajo el pretexto de las “nuevas amenazas” como el terrorismo, se apunta a una eventual rebelión popular contra el ajuste en marcha.
La cínica fundamentación del gobierno para elaborar el listado de presos en condiciones de ser liberados omite que la superpoblación del sistema carcelario no podría responder de ningún modo al 1% de los genocidas detenidos. Antes bien, habría que poner en cuestión un colapso de infraestructura provocado adrede para maltratar a los detenidos y el aumento de la población detenida como resultado –entre otros motivos- de la aplicación de la ley de flagrancia y la restricción a las excarcelaciones.
Mientras las cárceles se llenan de pobres, el gobierno busca salvar a los represores.
Astiz fue condenado dos veces a prisión perpetua tras una prolongada lucha de los organismos de Derechos Humanos. En su última condena, en el juicio Esma III, reivindicó el terrorismo de Estado y atacó a la población mapuche.
Rechacemos la nueva maniobra de impunidad del gobierno.
Prensa Obrera
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