“Las autoridades de la Policía de Córdoba tienen que tener cuidado con algunos desequilibrados que dejan entrar a la fuerza”, afirmó el fiscal Víctor Chiapero, en el marco del caso ocurrido en Villa el Libertador, donde Luis Leanza, integrante de la Policía Barrial, quedó detenido y acusado de “lesiones graves calificadas por el uso de arma de fuego, por tratarse de un policía, y amenazas calificadas y reiteradas”. Si bien lo que dice el fiscal no deja de ser cierto estamos quienes entendemos que éste no es el caso de la gran mayoría. Primero, porque el prontuario delictivo policial es abrumador y eso nos da la pauta de que no sólo se trata de “manzanas podridas”. Y por otro lado, porque existe una política de Estado que le dice a los miembros de las fuerzas que cometen delitos gravísimos -como homicidio, robo, amenazas, etc.- que gozan de impunidad.
Me refiero concretamente a prácticas delictivas por parte de los agentes que están siendo permitidas, apañadas y silenciadas por las cabezas políticas que deben encargarse de que esto no suceda. E inclusive, con cabezas políticas involucradas no sólo por omisión sino por acción. Hablo de una red de complicidades, de una estructura aceitada que hace que por más cambios jerárquicos que existan, nada mejore. Y esta política represiva provincial está enmarcada y alineada con la política represiva nacional anunciada por el presidente Mauricio Macri y su “Doctrina Chocobar“.
Prontuario policial cordobés:
Hagamos un repaso. Tenemos una reciente condena judicial al ex jefe de la Policía, Julio César Suárez, por amenazas a un periodista en el marco de una causa de gatillo fácil. Conocemos el famoso robo de armas, por el cual fue allanada la Jefatura. El faltante de armas no había sido denunciado, pese a que el ex ministro de Gobierno y Seguridad, Walter Saieg y, al menos tres jefes policiales estaban aparentemente al tanto del hecho: el jefe de la Dirección de Seguridad Zona Sur de la Capital, comisario mayor Fabián Chirichian ; el jefe del CAP V, comisario Martín Carranza y el jefe de la Dirección de Administración, comisario mayor Gerardo Vaca . A fines de 2012, el entonces jefe de Policía, Sergio Comugnaro , debió marcharse cuando comenzaba a asomar un escándalo en el Depto. Sustracción de Automotores. Podemos también considerar la investigación periodística y judicial sobre el narcoescándalo, que hizo que rodaran muchas cabezas de las cúpulas policiales, como el mismísimo Jefe Ramón Frías , y el Ministro de Seguridad -ex Jefe de la Policía- Alejo Paredes . El acuartelamiento policial de 2013, donde muchos agentes fueron investigados por tener vinculaciones con los saqueos y actualmente están siendo juzgados. En 2014, se conoció la investigación contra una agente de Robos y Hurtos, Maribel Soria . Esta causa se dio cuando cayó la llamada “banda de los falsos gendarmes”. En las escuchas telefónicas a los delincuentes quedó registrado un diálogo telefónico entre la policía y uno de los sospechosos. En invierno del 2015, tuvimos el comisario Gabriel Álvarez jefe de la división Robos y Hurtos de la Policía de Córdoba, apartado de su cargo. Álvarez cruzó al menos 700 llamadas con una persona que estaba detenida y acusada de tener un desarmadero clandestino en La Calera en connivencia con los agentes de Sustracción de Automotores. En esos momentos, Julio César Suárez, también midió fuerzas con su jefe político, el ministro de Gobierno y Seguridad, Walter Saieg, y lo obligó a dar marcha atrás con el retiro voluntario de 203 efectivos que ya no querían pertenecer a la fuerza y que había sido publicado en el Boletín Oficial. Luego de la remoción de Álvarez, fue nombrado el Comisario Miguel Capdevila, quien en 2017 fue denunciado por Martín Acosta, quien se sacó fotos en la Jefatura y dijo que fue contactado para hacer “trabajos” a través de la liberación de zona, como el robo a una estación de servicio Petrobras en 2016.
El 2018 comenzó con el tiroteo y robo en plena Nueva Córdoba, donde murieron tres personas , siendo una de ellas miembro de la fuerza. Causa en la cual, existen serias sospechas de la implicación de personal policial en el hecho delictivo.
A todo esto, se le suman casos que claramente no trascienden en los medios. Y las causas de gatillo fácil.
¿Podemos creer entonces que son “casos excepcionales”, “policías malos”? ¿No estamos en presencia de conductas delictivas que son generales, con jefes políticos totalmente involucrados, donde el delito más grave que se comete es el homicidio, pero a su vez y paradójicamente éste es el que menos preocupa al Estado y al gobierno cordobés, si lo comparamos con faltas administrativas, robo, y/o corrupción policial?
La propiedad privada vale más que la vida de un joven:
El último informe de la CORREPI dejó el dato alarmante de que en Argentina las fuerzas de seguridad asesinan a una persona cada 23 horas .
De las 725 personas asesinadas en lo que va de la gestión de Cambiemos, el 84% estaban caminando por la vía pública, o estaban detenidas . Los rangos de edad de estas personas: el 47% de los casos corresponde al segmento de 15 a 25 años, y llega al 50% con menores de 15 años. Se confirma, según dice la CORREPI, que “en el segmento mayoritario, que son los fusilamientos por gatillo fácil y las muertes en lugares de detención, la selectividad de la represión apunta a la edad, además de la clase”. En Córdoba, desde el retorno de la democracia en 1983 hasta inicios de noviembre del 2017, CORREPI tiene contabilizados 410 casos de personas asesinadas en manos de las fuerzas de seguridad (incluyendo gatillo fácil).
Desde que asumió José Manuel de la Sota en 1999 hasta enero de 2018, 60 personas fueron asesinadas por balas policiales en casos de “gatillo fácil”, principalmente jóvenes. Desde las organizaciones antirepresivas de Córdoba denuncian que en 2017 y en lo que va del 2018, se llega a un promedio de un asesinado en manos del Estado por mes. S in dudas, como afirma CORREPI, “ estamos ante la escalada represiva más grande vivida en democracia”. Son delitos, crímenes de Estado, muertes en manos del Estado. Son vidas humanas que han sido arrebatas por el Estado, son sueños truncados, son madres y padres que pierden a sus hijos/as. Son familias, amigos, amigas totalmente destrozadas. Y son también muertes que el Estado utiliza como un perverso mensaje: la vida de ciertas personas, para el Estado, no valen. A lo sumo valen menos que la propiedad privada.
Los casos de delincuencia policial más graves (homicidios) no son cabalmente investigados. Esto responde a una política estatal que entiende que cuando un policía mata a un “delincuente” -a pesar de que éste huyendo, armado o no, y dándole la espalda (no existiendo riesgo inminente de muerte para ese policía y para terceros)- lo hace simplemente en el ejercicio legítimo de su cargo. En cumplimiento de su deber. O bien, actuando en “legítima defensa”. Casi en su totalidad éstas causas son cerradas por “Sobreseimiento” y no llegan a un juicio. La condición de “delincuente” de quien fue asesinado, parece ser suficiente para justificar la muerte, sin considerarse la condición de ser integrante de las fuerzas de seguridad del Estado de cada policía que asesina, y todo lo que esto implica en términos jurídicos y socio políticos.
Tenemos el caso de Güere Pellico de Bº Los Cortaderos, asesinado por la espalda por Leiva y Chavez. Güere no tenía antecedentes y no estaba cometiendo ningún delito. Esta causa es la que origina las amenazas ejercidas por el ex Jefe de la Policía Julio César Suárez, contra el periodista Dante Leguizamón, por lo que fue condenado la semana pasada. Demostrando así, lo que venimos diciendo acerca de la complicidad requerida por parte de autoridades políticas en estos delitos.
Otro juicio que podemos recordar es aquel contra el policía Esteban Goico, acusado del asesinato de Luciano Chávez en inmediaciones a la Plaza Rivadavia de Alta Córdoba en 2013, quien tampoco tenía antecedentes ni estaba cometiendo un delito, sino que pasó un control policial, y fue baleado en el tórax. Goico fue condenado a 10 años y ocho meses, pero como su condena no está firme, sigue en libertad. La carátula fue homicidio calificado por el uso de arma de fuego.
David Moreno, un niño de 13 años de Villa 9 de Julio, quien tampoco tenía antecedentes, ni estaba cometiendo ningún delito, fue asesinado en las represiones de diciembre de 2001. El caso demoró 15 años en llegar a un juicio, el asesino condenado: Hugo Cánovas, sigue en libertad porque la condena “no está firme”.
Franco Amaya , joven de Carlos Paz, asesinado por la espalda con 18 años de edad, tampoco tenía antecedentes y no estaba cometiendo un delito, sino que pasó un control policial. La causa rápidamente fue elevada, y un dato que no es menor: los policías involucrados en el asesinato estaban alcoholizados.
Otra causa de gatillo fácil que tiene datos alarmantes es la del joven Rodrigo Sánchez de 17 años. Rodrigo aparentemente estaba cometiendo un robo, ya en franca huída, sin estar armado y dándole la espalda a un policía de civil (Lucas Gastón Carranza) recibió más de 2 disparos, a menos de 6 metros. Uno le impactó en la cabeza. El policía Carranza tenía en sangre altos niveles de cocaína y marihuana, estaba fuera de servicio pero portaba su arma reglamentaria. Estuvo libre durante todo el proceso hasta el año pasado, que fue detenido tras robar una campera en un Shopping de la Ciudad. Es decir, si un policía roba, va preso; si mata, no necesariamente. La causa sigue en la etapa de Investigación Penal, estando ahora en manos del Fiscal de Cámara Jorge Osvaldo Leiva.
La única causa elevada a juicio en éste último tiempo, donde el joven asesinado sí estaba cometiendo un delito (robo), es la de Lucas Rudzicz de apenas 13 años. Fue asesinado por Martín Murúa, quien sigue en libertad. El policía era el custodio (de civil) del cura Mariano Oberlin, quien trabaja en barrio Muller con jóvenes con problemas de consumo. A pesar del logro de llegar a un juicio con éstas características excepcionales -de ser un homicidio en el marco de un robo-, la carátula con la cual la causa es elevada es: homicidio culposo por un exceso en las causas de justificación (art. 35 del Código Penal). Estableciendo la fiscalía que “si bien actuó en el ejercicio legítimo de un cargo, su obrar excedió los límites de la absoluta necesidad. Esto, toda vez que (y cumpliendo con todos los requisitos de la legítima defensa-en defensa del tercero a quien él custodiaba-) superó los límites impuestos por la necesidad, excediéndose en el modo que requería la acción, ya que efectuó los disparos mientras los sujetos estaban en fuga, y el disparo fue en una zona vital (la cabeza). Todo esto, en el marco de la preparación que recibe el personal policial como así también por la normativa vigente, citando -y esto es lo positivamente novedoso a nuestro entender- la Ley Nº 9728 Régimen para el Personal con Estado Policial de la Provincia de Córdoba, (art 15, inc D) Ley Nº 9235 Ley de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba (Art 3, II, Art 17)”.
Vemos que de la enorme cantidad de causas de gatillo fácil, solo éstas pocas han sido elevadas a juicio, y de éstas pocas, sólo una, es la de un joven que estaba cometiendo un delito. El mensaje en términos de política de seguridad parece claro: quien roba, merece morir.
Como si las leyes provinciales citadas por la Fiscalía en la elevación a juicio del caso de Lucas Rudzciz no fuesen aplicables a todos los casos de gatillo fácil de Córdoba. Como si los miembros de la fuerza, como primera opción y deber, tuviesen el de asesinar y no el de identificar al sospechoso, intentar reducir al sospechoso y como medida última y totalmente necesaria en el marco de una defensa legítima, utilizar el arma de fuego. Aún así, su utilización no es apenas discrecional, sino que está regulada como una utilización que debe ser en caso de “extrema necesidad”. Debiendo entonces todos los miembros de las fuerzas tener la formación adecuada que les permita actuar dentro de todo este marco de normas. Y no como lo están haciendo: a mansalva y al margen de la ley.
No es un policía, es toda la institución:
Durante 2017, cada 32 horas un policía fue dado de baja en Córdoba. En lo que va de 2018, tenemos el caso que da inicio a la nota, el policía que está detenido por tener cocaína y que resistió la detención a patadas contra el móvil en Saldán, y se le agrega el uniformado que fue apresado acusado de integrar una banda que, a los tiros, dio un golpe millonario en una concesionaria. Aunque sin dudas queda mucho por decir, se hace evidente que no estamos hablando de “manzanas podridas”, ni de policía malo o bueno, ni de que todos estos casos sean culpa de ciertos “desequilbrados” con uniforme y portación de un arma.
Estamos hablando de una política represiva y racista, admitida inclusive por el Juez de Control Esteban Díaz a través de su sentencia en 2017, que va escalando a números de espanto. Una política de ajuste que necesita la represión para sostenerse. De una fuerza formada para matar antes que nada. Estamos diciendo entonces, que no es un sólo policía, sino que la delincuencia policial, la represión, el gatillo fácil y la muerte en manos del Estado, es una política decidida, planificada, financiada y realizada sistemáticamente, con complicidad de todos los Poderes del Estado.
Siendo esto posible por muchos factores: va de la mano de la situación económica que se atraviesa y es algo que está reflejado en los informes que desde 1983 realiza CORREPI, donde se advierte que en épocas de mayor ajuste, mayor es la represión. Va de la mano del prejuicio social que invade también tribunales, donde el robo muchas veces provoca mayor enojo e indignación que un homicidio, y de la funcionalidad a las clases altas y a la burguesía, colaboradora y necesaria al status quo donde la propiedad privada termina siendo un valor supremo a la vida de quien atenta contra ella. Pero sobretodo porque es política de Estado. Esto implica un mecanismo de funcionamiento, una red de conductas humanas visibles y no tan visibles en todos los niveles de las instituciones involucradas, una estructura aceitada de autoridades políticas que terminan garantizando la impunidad.
Victoria Siloff. Abogada, Militante del Encuentro de Organizaciones (EO).
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