Por la apertura de los libros contables del municipio
El sacudón que le propinaron los allanamientos a funcionarios ordenados por la justicia federal al gobernador de Chaco, Domingo Peppo, ha vuelto a colocar en la escena pública su gestión como intendente de Villa Ángela, municipio que gobernó durante doce años.
Antecedentes
Desde su asunción en 2003, ha tenido que responder a denuncias por la administración de los fondos públicos. Ese año no pagó a proveedores del Programa Nutrición Chaco, aunque sí los cobró y por eso fue sentenciado, por la jueza Claudia Torassa, a devolver el dinero, más intereses, costas y honorarios de abogados. En 2011, fue sentenciado por el Tribunal de Cuentas, junto a sus colaboradores, el contador Sergio Slanac -presidente de la Fiduciaria del Norte-, su ex mujer, Susana Simonofski -en el directorio de la misma institución-, por irregularidades en la documentación presentada. Ese mismo año, el juez Omar Martínez, en representación de la Provincia del Chaco, le ordenó pagar tres millones de pesos en lo que fue una condena por ejecución fiscal por no haber pagado a organismos estatales. En 2015, el Centro Mandela hizo suya una denuncia de un concejal opositor, ante el Tribunal de Cuentas, por un faltante de 106 millones de pesos durante el ejercicio del año 2013 que, al no tener justificativo, fue cubierto al año siguiente por la intendenta interina, su ex mujer.
Trabajadores vs funcionarios
Los trabajadores también fueron usados para malversar fondos. Es lo que sucedió con Marcelo Bazzan, un cortador de pasto, que ofrecía su servicio a la municipalidad. Bazzan denunció que le retenían el facturero de monotributista y le falsificaban su firma en los cheques. El mismo modus operandi lo denunció Roxana Machado, dueña de una ladrillería. Diferente era la situación de sus funcionarios, que exponencialmente acrecentaban su patrimonio. Así fue que su director de Servicios Públicos, Jorge Ruiz Díaz, tuvo que renunciar por revelarse sus elevadas apuestas en carreras de caballos.
De todas estas irregularidades fue partícipe Aldo Almirón, quien hoy suena como reemplazante del ministro de Gobierno. Almirón ocupó el cargo de secretario de Gobierno durante la intendencia de Peppo y fue, hace pocos meses, coordinador de la Unidad Regional del Sudoeste. De esta última, fue trasladado por su pésima imagen, relacionada a la corrupción.
En vistas de estas circunstancias, el Partido Obrero exige abrir los libros contables del municipio. Hacerlo se vuelve un acto de cordura que echará luz sobre el accionar del gobernador en materia de corrupción.
Adrian Velez
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