Ya lleva varios días una guerra encubierta que aparece en los diarios como fallos que al gobierno le disgustan y recusaciones de jueces. En el medio, un plan que aparece como intento de transparentar la Justicia, pero que busca blindarse en el Poder Judicial.
El discurso de Cambiemos de defensa de la independencia de poderes, como pasa con todos los gobiernos se da de bruces con la realidad.
Esta vez el propio Macri se encargó de tirarlo por la borda cuando en una entrevista televisiva, rodeado de periodistas adeptos, al ser preguntado por el fallo de la Cámara de Apelaciones Federal que dejó libre a Cristóbal López, dijo: “esto no fue lo que acordamos” .
El enojo presidencial se conoció a través de los medios por la acordada de la Corte Suprema (CS) que inhabilitaba al Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N° 9 para juzgar las causas contra Lázaro Báez, por desvío de dinero de la obra pública (“la ruta del dinero K”) y la de encubrimiento contra Cristina Kirchner, por la firma del memorándum con Irán.
Pasa que los jueces que integran ese tribunal, eran jueces ordinarios de la Ciudad (que integraban tribunales de esa órbita) y el gobierno, sin pasar por el acuerdo de los 2/3 del senado, mediante una ley votada con apoyo del PJ, traspasó dichos tribunales a la Justicia Federal.
De esa ilegalidad se valieron Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, para con un fallo dividido de los otros dos ministros de la Corte, argumentar la inhabilitación del tribunal.
Allí comenzó el enfrentamiento público. Días después, para mostrar una Corte Suprema “ecuánime” –a instancias de Lorenzetti, viejo conocedor de equilibrios palaciegos- emitieron el pedido de que se investigue si hubo irregularidades en la forma en que Jorge Ballestero, con el voto de Eduardo Farah dejaron en libertad a Cristóbal López.
Cuando se conoció este fallo, Germán Garavano, el Ministro de Justicia, se encargó en persona de pasearse por los canales de televisión para despotricar contra “un sector del Poder Judicial”, apuntando directamente a los jueces federales de Comodoro Py. Emprendió lisa y llanamente una campaña mediática. Otra vez volvía a quedar en evidencia que el relato de Cambiemos de la independencia de poderes, es solo eso: un relato.
Mientras hay fuego cruzado entre fallos y pedido de apartamiento de jueces, se conoció este fin de semana el plan del gobierno para “depurar la Justicia”, al decir del oficialista La Nación, una hoja de ruta para su demagogia republicana, que también se puede leer como una advertencia a jueces que no respondan directamente a sus designios.
Están en la mira por una auditoría del Consejo de la Magistratura las causas que siguen jueces federales como Daniel Rafecas, Rodolfo Canicoba Corral, Sebastián Casanello, Ariel Lijo y Luis Rodríguez. Pareciera que comenzaron por este último, a quien Laura Alonso del PRO y titular de la Oficina anticorrupción (OA), ya pidió que sea apartado de la causa donde está siendo juzgado Julio De Vido, por presunto vaciamiento de la mina de Río Turbio.
También se supo que el gobierno logró financiamiento del Banco Mundial (y sigue aumentando la deuda externa) para habilitar declaraciones juradas on line, públicas y disponibles. Ya es conocido cómo a pesar de la obligación jurídica de presentar declaraciones patrimoniales, que tienen los funcionarios públicos, estas suelen falsearse u omitir información. Ahí está Luis Caputo –el Ministro de Finanzas- para demostrarlo.
Sería una medida elemental que los jueces comiencen a pagar el impuesto a las ganancias. Actualmente solo pagaran los ingresantes al Poder Judicial a partir del 2017, lo que deja a fuera a todos los actuales magistrados, incluidos los integrantes de la Corte Suprema. Millonarios absolutamente alejados de la vida cotidiana del pueblo trabajador, pero que deciden sobre asuntos que atañen a sus vidas y nadie los elige.
Por eso es acertada la propuesta que realizan los diputados del PTS/FIT acerca de que los jueces tienen que ser elegidos y revocados en elecciones generales, así como también habilitar juicios por jurados populares.
Un nuevo capítulo tiene al fiscal Germán Moldes, el fiscal que insiste en ver tras las rejas a César Arakaki y Dimas Ponce, militantes del Partido Obrero, por haber participado de la enorme manifestación del 18 de diciembre último, contra la reforma previsional, la ley que instituyó el robo a los jubilados, represión mediante.
Moldes pidió que se investigue a Macri por la firma del Memorándum de entendimiento con Qatar, luego de que el juez Rafecas lo sobreseyera. Lo llamativo es que el fiscal venía alineado con el gobierno, sobre todo en lo que respecta a la denuncia de Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner (por encubrimiento de iraníes -por la firma del Memorándum con Irán- en la causa de la voladura de la AMIA).
Tal vez sea más fuerte la necesidad de una defensa de los intereses corporativos y eso explica la actitud de Moldes.
Comodoro Py y la cloaca del Estado
El gobierno hoy tiene una preocupación extra. El jefe de la AFI (Agencia Federal de Investigaciones), Gustavo Arribas, fue nombrado en Brasil como posible implicado en una causa de lavado de dinero. Se trata de una investigación en el marco del Lava Jato, donde fue mencionado varias veces por arrepentidos y por los propios investigadores brasileños. Ya el año pasado tuvo que presentarse en Comodoro Py, ante Canicoba Corral, por denuncias de coimas de empresarios de ese país. Si bien Canicoba Corral en ese momento lo sobreseyó, hoy su nombre aparece ligado otra vez a esos delitos.
Sucede que el Señor 5 -del PRO y amigo personal de Macri-, no tendría completa hegemonía entre sus agentes, que siempre guardan “carpetas” bajo el brazo y es presumible que los “jubilados” se hayan llevado unas cuantas, que siempre son bien recibidas por sus amigos, los titulares de juzgados de Comodoro Py.
Este sería uno de los motivos por los cuales el macrismo arremete contra los jueces federales. Garavano habló de “un ratio de jueces federales que no imparten justicia”.
Pero ¿qué es Comodoro Py? Allí se tramitan las causas federales más resonantes y es conocida la relación casi simbiótica de esos jueces con la “cloaca del Estado”, se nutren de ellos: los servicios de inteligencia que siempre tuvieron y tienen bastante de juego propio.
Caminaba sus pasillos el servicio más famoso, por ejemplo, Jaime Stiuso. Entrado en “desgracia” en los últimos tiempos del gobierno de Cristina Kirchner, antes fue durante años el informante por excelencia de Nisman en la causa AMIA.
Muchos de sus “muchachos” continuaron revistiendo en la ex SIDE (hoy AFI) a pesar del pase a retiro que realizó el gobierno en su primer año de gestión.
Resulta vital para Cambiemos poder tener a la sede de los juzgados federales, donde anidan las ratas de esa cloaca, de su lado. Tal vez esa sea la causa que mueve a Macri y a su ministro Garavano a insistir en su arremetida mediática y en su plan de depuración judicial.
Mirta Pacheco
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