¿Por qué un juez cobra $ 270.000 y vos cobrás $ 13.000?

La denuncia sobre los sobresueldos cobrados por diputados como Carrió, reavivó la discusión sobre los privilegios de la casta gobernante.

Según la Real Academia Española, “casta” son aquellos grupos cerrados que constituyen una clase especial y se diferencian de los demás por su raza, religión o costumbres. En Argentina hay diversos grupos que califican como castas: militar, religiosa, política y judicial, por mencionar solo algunas. Esos grupos tienen como característica el sostenimiento y la defensa a ultranza de sus propios privilegios. Precisamente, poseer privilegios es un rasgo distintivo de toda casta.
Que los representantes del pueblo y los altos funcionarios viven como ricos, es algo conocido. Sin embargo, por qué un juez cobra alrededor de $ 270.000 y un trabajador $ 13.000 es una pregunta difícil de responder, si se pretende ensayar una explicación razonable que no tenga como trasfondo la lisa y llana existencia de un privilegio.
Dichos privilegios son los premios que se garantizan los funcionarios políticos a través de las leyes, por administrar el Estado en beneficio de las ganancias de las grandes patronales nacionales y extranjeras. Todo el aparato estatal está puesto al servicio de garantizar, resguardar y maximizar lo más que se pueda la ganancia de los patrones. El funcionariado que en teoría “trabaja” para el pueblo, se constituye en casta con lazos mucho más cercanos a los empresarios, muy lejos de las condiciones de vida de la clase trabajadora y los sectores populares.

Sobresueldos

La diputada oficialista Elisa Carrió hace alarde de transparencia y respeto por las instituciones. Esta semana se supo que apeló a una maniobra que no por legal deja de ser muy cuestionable: canjeó por efectivos los tickets aéreos y terrestres que la cámara le asigna, aunque nunca los utilizó para el desarrollo de sus funciones. Esto le significó un sobresueldo mensual de $19.300 durante los primeros seis meses del año y de $40.000 durante la segunda mitad de 2017, cuando una resolución de Emilio Monzó duplicó el valor de canje de los pasajes.

Costumbres

Los destinos del poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial en Argentina están en manos de castas. En el caso de los legisladores de todos los estamentos del Estado, al menos se trata de representantes elegidos a través del voto. A los Jueces y juezas, una casta más exquisita todavía, nadie los vota.
Todos ellos detentan privilegios creados a partir del ejercicio de funciones públicas. Lejos de constituirse como “humildes servidores”, esos señores y señoras con investidura oficial, hacen de la rapiña y del aprovechamiento de sus puestos una conducta cotidiana. Los sobresueldos cobrados por Carrió y por la mayoría de los legisladores (en esto no se diferencian oficialistas y opositores) son un ejemplo claro de esta conducta.
Ventajeros, se jactan de sus títulos y de los lugares que ocupan. Esto es algo extendido, desde el funcionario que intentó evadir un control de alcoholemia aduciendo que detentaba un cargo, hasta los grandes funcionarios que están de ambos lados del mostrador y aprovechan sus cargos en el Estado para favorecer negocios familiares y de sus amigos.

Salarios

Entre los privilegios que cuentan los legisladores, se encuentra la posibilidad de acordar sus propias dietas y aumentos de sueldo. Actualmente un diputado cobra poco más de 100 mil pesos solo de dieta (lo que sería su básico) pero a eso hay que sumarle los ítems por “desarraigo” y los sobresueldos que cobran en calidad de “viáticos”.
Los ingresos mensuales de la clase trabajadora se definen en acuerdos paritarios pactados entre burócratas sindicales (otra casta privilegiada), cámaras empresarias y funcionarios de Gobierno. Los aumentos de sueldos de los legisladores en cambio, corren por cuenta de la presidencia de cada cámara a través de resoluciones. Acá tampoco hay diferencias entre oficialismo y oposición. Tal como se evidenció en el debate suscitado por el dietazo a fines de 2016, suelen estar de acuerdo cuando se trata de aumentar sus abultadas dietas.
Por entonces, la única voz disidente que denunció el escándalo que representaban los aumentos que se pautaron los “representantes del pueblo”, fue la de los diputados del Frente de Izquierda con Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Néstor Pitrola como principales voceros. De la misma forma hoy, los referentes del FIT en el Congreso Nacional se encuentran entre los pocos que nunca canjearon pasajes que no usaron por plata.
El aumento salarial para el personal del poder Judicial se establece sin negociación paritaria de por medio. Según el aumeto alcanzado en abril de 2017, en promedio, un juez de primera instancia con 15 años de antigüedad en el Poder Judicial percibe unos $ 150.000 en bruto. El sueldo asciende de acuerdo al escalafón ocupado dentro esta casta. Así, los jueces de la Corte Suprema en promedio, cobran entre $ 260.000 y $ 270.000 en bruto, según publicó el diario La Nación.
Entre otros privilegios, los cargos de los jueces son vitalicios y no pueden ser apartados mientras dure su “buena conducta”. Por otro lado, el artículo 110 de la Constitución Nacional establece que la compensación por los servicios de los jueces de los tribunales de la Nación no podrá ser disminuida mientras permanezcan en sus funciones. Otro privilegio que los legisladores envidian, es la eximición de los jueces del pago al impuesto a las ganancias. La propia Corte Suprema tiene la potestad de decidir si tributa o no tributa este impuesto.

Los sueldos no les alcanzan…

¿Por qué es tan difícil acceder a declaraciones juradas y a información sobre el patrimonio de los funcionarios? Legisladores, ministros y funcionarios del poder judicial se han dotado de mecanismos legales y constitucionales para determinar los montos de sus sueldos altísimos. Sin embargo, parece que esto no les resulta suficiente. Muchos de ellos no pueden explicar a través de sus salarios el incremento de su patrimonio a lo largo del ejercicio de sus funciones.
Abundan las denuncias por corrupción que saltan a la luz de acuerdo a un criterio de oportunidad. Según la conveniencia de oficialismo u oposición, se apunta a tal o cual diputado, a tal o cual juez o fiscal. Para este juego se prestan las grandes empresas de comunicación, así como las distintas alas del poder judicial que en determinado momento hacen la vista gorda y en otros avanzan con causas.
El “enriquecimiento ilícito” es una de las figuras legales que más rankea entre las denuncias asociadas a funcionarios. La corrupción es otra forma de aprovecharse de las posiciones dentro del Estado. La obra pública es una de las áreas en donde más se evidencia a través de mecanismos sobreprecios y el pago de coimas. La “patria contratista” es el ejemplo más palpable del empresariado que engorda bajo el amparo de funcionarios ubicados en puestos clave. La pertenencia de la familia Macri a este sector expresa la relación íntima entre funcionarios, empresarios y negociados a costa del Estado.
"Que todo funcionario cobre como una maestra plantea un proyecto de ley presentado por los legisladores del Frente de Izquierda en el Congreso, que los representantes de los demás bloques no quieren discutir. Negados a cuestionar sus propios privilegios, a los funcionarios políticos que definen los destinos del Estado capitalista no les interesa alejarse de las condiciones de vida de aquellos para los que realmente gobiernan: las grandes patronales nacionales y extranjeras.

Juana Galarraga
@Juana_Galarraga