El brutal desalojo a la ocupación de Pepsico, en la mañana del jueves pasado, no sólo coincidió con el debut ‘legal’ de la campaña electoral. Terminó develando, sin rodeos, a la verdadera cuestión que está en el eje de la política oficial y en la de todos los partidos capitalistas. Nos referimos a la tentativa de enjugar la crisis nacional a costa de un retroceso histórico de la clase obrera argentina.
Pepsico es un laboratorio de esta escalada antiobrera, como antes lo fue AGR. Detrás del traslado de su planta, la multinacional alimenticia pergeñó el despido de sus casi 700 trabajadores, para reemplazarlos por otros sin antigüedad ni conquistas laborales y, principalmente, sin una organización gremial de lucha. Es lo que ocurrió meses atrás en AGR, cuando el pulpo Clarín despidió a trabajadores que defendieron durante años, con su comisión interna clasista al frente, las conquistas arrancadas a la empresa. La jauría de ‘comunicadores’ y voceros empresarios que salieron a defender a la patronal de Pepsico y a la ‘libertad de despedir’, pusieron de manifiesto que en el conflicto de Vicente López estaba en juego una cuestión estratégica. La clase capitalista reclama el levantamiento de todas las barreras o límites a la explotación obrera, y ha colocado esta cuestión en el centro de las exigencias políticas a los partidos del régimen.
Brasil
La agitación antiobrera de las patronales argentinas ha coincidido con la reforma laboral que votó el Parlamento de Brasil y que implica una degradación sin precedentes para los trabajadores de ese país. Entre otras disposiciones, la reforma le otorga prioridad al convenio por empresa por encima de los convenios por actividad, e incluso al acuerdo individual entre empleador y empleado. Habilita a la jornada laboral de 12 horas sin pago de extras y elimina los pagos por desplazamiento. Además, permite que las empresas tercericen su tarea principal, lo que implica la liquidación del convenio y las condiciones laborales en el corazón de las plantas. Además, desvincula al monto de las indemnizaciones del salario. Este fue uno de los puntos que más intensamente saludaron los voceros de la UIA. En un país con 40% de capacidad industrial ociosa, la reforma laboral que reclaman los capitalistas locales no pretende crear empleo -como afirman cotidianamente-, sino abaratar el costo del despido.
El conflicto de Pepsico ha sido la excusa para que los funcionarios macristas se embanderen con esa pretensión patronal. Patricia Bullrich responsabilizó a las comisiones internas de izquierda por el cierre de fábricas, ello, como si por cada Pepsico o AGR no cerraran otras treinta, pero en silencio y con la complicidad de la burocracia sindical. Pero, en lo fundamental, lo de Bullrich es un chantaje: “O renuncian a sus conquistas laborales -que los delegados e internas del clasismo defienden consecuentemente- o bajamos la persiana”. En un país asolado por un derrumbe industrial, por una crisis de deuda en puerta y por el fracaso de todas las tentativas de relanzamiento económico, el gobierno condiciona cualquier reactivación a retrotraernos a las condiciones laborales de hace un siglo. El final anticipado de esta película está presente en Vaca Muerta y otros enclaves petroleros, donde se impuso la flexibilización laboral con los mismos argumentos sin que por ello asome el menor aumento de la producción. A pesar de los tarifazos y la sobreexplotación, los pulpos petroleros paralizan sus pozos al calor del derrumbe internacional de precios. Además de brutal, la ofensiva contra los trabajadores carece de todo futuro, al calor del progreso de la crisis capitalista internacional.
Elecciones
La clase capitalista exige la reforma antiobrera, pero ni ella ni sus partidos quieren que la cuestión sea el eje de la campaña electoral. Si ello ocurriera, como de alguna manera pasó al calor de la lucha en Pepsico, se pondría de manifiesto la verdadera ‘grieta’ que sacude al país -entre los negreros, de un lado, y los que son empujados a la miseria salarial o a un régimen de precarización permanente, del otro. Para evitarlo, el gobierno pretende cambiar el eje e instala la agenda de la “corrupción”. La impostura pasa, en primer lugar, por quiénes son los pretendidos cruzados de la transparencia: nos referimos a los involucrados en Panamá Papers, Odebrecht y las transferencias a Suiza del jefe de la ex Side. Pero, por eso mismo, los ‘cruzados’ carecen de cualquier interés en desentrañar la corrupción. Si lo hicieran, saldría a la luz el vínculo de hierro entre los partidos, el Estado y la patria contratista, que entrega a los gestores del Estado el vuelto chico de lo que obtienen por el desfalco de los fondos públicos y la superexplotación de los trabajadores. Sergio Massa, que se ha subido al carro de la cruzada anticorrupción, ha sido jefe de Gabinete del gobierno de Cristina y De Vido todos entrelazados en el régimen de las valijas de José López. La expulsión sumaria de de Vido encubre la complicidad de la justicia con todos los políticos de Odebrecht. Las expulsiones parlamentarias no terminarán con los corruptos: son sólo la excusa para conformar un régimen político de excepción, que será utilizado más temprano que tarde contra los trabajadores, sus luchas y sus voceros.
Quién es quién
La lucha de Pepsico ha sido ejemplificadora, también, para anticipar el lugar que jugará cada bloque político en la reforma laboral antiobrera. Cristina Kirchner lanzó su campaña rodeada del padecimiento de los “ciudadanos comunes”, pero ni ella ni sus seguidores movieron un pelo en defensa de los obreros organizados, los de Pepsico, cuando arreció el ataque estatal. Hasta la recalcitrante kirchnerista Hebe Bonafini pidió disculpas por la ‘borrada’, horas después de la represión. Pero no es sólo este silencio el que los desautoriza: el kirchnerismo gobernó con más de un 35% de precarización laboral, y la practicó activamente desde el Estado y las concesiones públicas. La tercerización en los ferrocarriles fue uno de los mayores crímenes del clan De Vido, y, significativamente, el que menos se menciona. El año pasado en el Congreso, massistas y kirchneristas dejaron pasar, por acción u omisión, la alteración reaccionaria del régimen de riesgos del trabajo, una suerte de anticipo de la reforma laboral en ciernes. A la luz de este cuadro, la presencia de la militancia y parlamentarios del Frente de Izquierda en Pepsico, AGR y otras luchas no es sólo la expresión de una elemental solidaridad de clase. Revela al único bloque político que, en esta escalada de la clase capitalista, está colocado del lado de los trabajadores. Es necesario denunciar, finalmente, el más ominoso de los silencios -el de la burocracia sindical de los más diversos pelajes, para la cual los despidos masivos en Pepsico, Atucha, Ingredion y muchas otras sólo merecieron una marcha de concreción incierta… para dentro de un mes y medio.
El FIT
Las conclusiones son claras: haremos de la campaña electoral del Frente de Izquierda un gran factor de debate y organización de los trabajadores, por un programa de defensa de todas sus conquistas amenazadas. Llamamos a las organizaciones obreras combativas de Brasil a debatir un frente común, con acciones de lucha en los dos países contra la reforma laboral reaccionaria. Si somos los trabajadores los que le hacemos morder el polvo a los derechistas continentales, estaremos creando las mejores condiciones para imponer una salida obrera y socialista a la crisis en que nos hunden los partidos y gobiernos responsables del saqueo del país y la degradación de los trabajadores.
Marcelo Ramal
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