Alentadas por el discurso oficial, las patronales aplican el ajuste por “mano propia”: miles de anuncios de despidos y suspensiones. El mega endeudamiento aceita el ataque contra la clase obrera.
Pepsico, Hutchinson, Wallmart, Atucha, Lanxess, son sólo algunos de los resonantes anuncios de despidos de los últimos días.
Como se sabe, los economistas son geniales para diagnosticar y pronosticar cosas que finalmente no sucederán, a veces por mala praxis, otras intencionalmente.
Estamos ante “un proceso bastante firme de recuperación de empleo”, afirmaba el 7 de marzo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. El funcionario salía así al cruce sobre las denuncias de la pérdida de empleo, uno de los ejes de la marcha convocada para ese día por la CGT.
Semanas atrás el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) desmintió al ministro Dujovne al informar que la tasa de desocupación trepó a 9,2 % en el primer trimestre (enero-marzo) del año: se trata de 1,15 millones de trabajadoras y trabajadores sin ocupación en los aglomerados urbanos relevados por Indec. Es decir, 212 mil desocupados más que en el relevamiento previo del último trimestre de 2016.
Los más perjudicas son las mujeres, cuya tasa de desocupación es de 10,2 % contra el 8,5 % de los varones. Lo mismo sucede con los jóvenes: el 20,1 % de las mujeres y el 17,2 % de los varones de hasta 29 años están desocupados.
Cuando se proyectan los datos de los aglomerados relevados por Indec a todo el país (es decir, considerando las áreas no comprendidas en el operativo del organismo de estadística), se eleva a 1,8 millones el número de personas que buscan empleo sin conseguirlo.
De acuerdo a datos dados a conocer ayer por el Ministerio de Trabajo, en abril se destruyeron más de 50.632 puestos de trabajo registrado (en "blanco") en el sector privado en relación a marzo. En términos desestacionalizados (algo que tiene que ver más con las estadísticas que con la realidad), la pérdida es menor: 1.475 puestos.
Algunos especialistas y el Gobierno aducen que lo ocurrido en los primeros meses del año se debe a factores estacionales.
La burocracia sindical está en "modo" tregua infinita. El año pasado, luego del veto a la “ley antidespidos”, dejó correr el cínico acuerdo entre el Gobierno y los empresarios para no despedir por 90 días.
Un pacto similar se selló en noviembre último. El compromiso era no despedir hasta marzo de este año. Los resultados están a la vista.
Nueva oleada
En estos días el caso más resonante de despidos es el de Pepsico, planta Florida, que con un cierre fraudulento quiere dejar 600 familias en la calle.
Luego de la defección de la burocracia sindical de la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA), dirigida por Rodolfo Daer, que negó un llamado a paro y destinar el aporte solidario a los despedidos, la respuesta obrera dio un primer paso con la permanencia en la fábrica para defender los puestos de trabajo.
El colectivo de trabajadoras y trabajadores avanza hacia otras medidas audaces con el bloqueo de la logística de la empresa llamada para hoy jueves, además de la campaña “No al cierre. No compre productos Lays y PepsiCo” y la puesta en pie de un fondo de lucha.
En lo que transcurrió de 2017 la industria alimenticia registró despidos o cierres en Nevares, Agrana Fruit, Soriano, La Campagnola, Helados Vito, Bimbo, Canale, Dulcypas, Criave y sigue la lista.
El martes se conocieron 51 despidos en la sucursal Sarandí de la multinacional yanqui Walmart. La empresa aduce una “crisis”. Según el testimonio que brindó a Izquierda Diario una trabajadora, “se les negó el ingreso a los despedidos, mientras que a los que quedaban se les hacía firmar un nuevo convenio, presentado como ‘Acuerdo de Modificación de Pautas Laborales’”.
La modificación de las “pautas”, obviamente, es para desmejorar las condiciones. Trabajadoras y trabajadores impulsaron un bloqueo de la entrada de cajas del hipermercado como medida para lograr reincorporaciones.
Ayer miércoles le tocó el turno a Hutchinson que con el cierre de su planta de Martínez dejó a 390 familias en la calle. El motivo: una supuesta “falta de competitividad”.
Los despidos y suspensiones constituyen una estrategia para presionar e imponer el aumento de los ritmos de producción, pautas de flexibilización y mayor precarización.
El acuerdo “1 millón” impulsado por el macrismo en el sector automotriz busca aumentar la productividad a costa del cuerpo de los trabajadores.
Otros 23 despedidos de la fábrica de ascensores Servas de Laferrere se concentraron ayer frente al establecimiento para reclamar su reincorporación. No obtuvieron respuestas. Están encuadrados en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de La Matanza.
La semana pasada Atucha, perteneciente a Nucleoeléctrica Argentina, una empresa con participación accionaria estatal, notificó la cancelación de 600 contratos de mantenimiento y construcción en Zárate. Tampoco se renovarán 137 contratos de trabajadores de la Unión Empleados de la Construcción y Afines de la República Argentina (Uecara). El número total de despidos en Atucha podría ascender a 1.000 en el inicio de julio. En la misma localidad hubo 170 despidos en la química alemana Lanxess.
A principios de esta semana, obreras y obreros de la gráfica Fangraf en el barrio porteño de Floresta decidieron tomar el establecimiento frente al anuncio patronal del cierre del taller. En Pompeya, al comenzar junio, también fueron notificados del cierre y la consecuente pérdida de su fuente de trabajo los empleados de la Revista Veintitrés del Grupo Crónica.
En otros lugares de trabajo los despidos no son masivos, pero ocurren por goteo. En Fate San Fernando hubo despidos de tercerizados en las últimas semanas. Los afectados: trabajadores del comedor y de limpieza.
En otros casos, la creatividad patronal apela a los “retiros voluntarios”, a la rescisión o extinción de contratos para disimular los despidos.
A lo largo y ancho del país
En Córdoba, 207 trabajadoras y trabajadores del transporte fueron injustamente despedidos por la gran lucha que dieron en defensa de sus salarios. Ayer se supo que Autobuses Córdoba suspendió a 6 delegados que encabezaron la protesta prohibiendo su ingreso a la planta.
El martes se anunció el cierre de la cantera Quilpo poniendo en peligro los puestos de sus 70 empleados, aunque la empresa dice que está buscando "alternativas". En marzo, Daniel y Rodrigo Funes de Rioja despidieron a 500 trabajadores del "call center" Task Solutions. En esa provincia también hubo varios cierres de empresas.
Rosario sufre una tasa de desocupación más alta que el promedio nacional: 10,3 % en el primer trimestre. Los últimos días, cerca esa ciudad, 70 empleados se quedaron sin trabajo por el cierre de los talleres ferroviarios Rioro. En Santa Fe arrecian las suspensiones, como las 500 de Sancor y las 350 de General Motors. Según la UOM, cerraron 1.500 Pymes en la provincia desde la asunción de Macri.
En Neuquén, la firma OPS, dedicada a servicios y obras de petróleo y gas, despidió ayer a 193 trabajadores. No son los únicos: desde agosto del año pasado el plantel de la empresa se redujo de 1.200 a menos de 300. En esa provincia el empleo petrolero y en la construcción es el más afectado. En 2016 se cerró Textil Neuquén desatando la respuesta de sus valientes obreras que tomaron la planta.
Los trabajadores petroleros denuncian entre 5.000 y 6.000 suspensiones y 6.000 los despidos en las provincias de Santa Cruz, Chubut y Neuquén.
Este miércoles, debido a la crisis frutícola, Expofrut envío telegramas de despido a 15 trabajadores en Río Negro. En La Pampa, a fines de mayo, Cipsa echó a los últimos 14 trabajadores salineros de la empresa ofreciendo el 50 % de las indemnizaciones que les correspondía. Más de 50 familias sufren despidos por el cierre de la planta de Pepsi de Trelew, propiedad de Cervecería y Maltería Quilmes.
Otros 180 trabajadores fueron dejados sin empleo por Puma de La Rioja. En Santiago del Estero los trabajadores decidieron tomar las zapaterías Goya y Calzados Diez frente al cierre. En Salta se anunciaron 60 despidos entre los 110 trabajadores de zafra del Ingenio San Isidro.
En el Estado también
El ataque no se detuvo en el ámbito privado. A los miles de despidos de trabajadores estatales del año pasado, se suman los 36 empleados tercerizados de limpieza despedidos por el Ministerio de Trabajo de Nación en el centro porteño, las trabajadoras de limpieza de la Universidad Nacional del Comahue, en Mendoza, entre tantos otros. Los investigadores de Conicet también se convocaron este miércoles para fortalecer su lucha y organización contra el ajuste.
Para después de octubre las alertas están encendidas porque la reestructuración de los ministerios nacionales amenaza con poner en situación de desocupados a otros miles de empleados públicos.
En suspenso
A este panorama de despidos hay que sumar las suspensiones: General Motors, Fiat Chrysler, Ford, PSA Peugeot, Toyota y Renault Nissan, entre otras empresas multinacionales radicadas en el país.
Otro tanto sucede en Alpargatas: anunció 1.100 suspensiones en la provincia de Tucumán y amenaza con extender la medida a sus plantas de Catamarca, Florencio Varela y La Pampa.
En la textil Damar, localizada en Corrientes, 104 trabajadores fueron suspendidos tras exigir el pago de sus sueldos en tiempo y forma. Otras suspensiones hasta diciembre tienen lugar en Calzados Dass de Coronel Suárez.
“Don Carlos” no se queda atrás
Desde algunos sectores vinculados al kirchnerismo se quiere dar la idea que mientras las grandes empresas despiden, las Pymes intentan preservar el empleo. Olvidan que allí prolifera el empleo en negro, la mayor precarización laboral y los bajos salarios.
Entre los ejemplos de despidos antes reseñados muchos ocurren en pequeños establecimientos. El Instituto de Estudios de Consumo Masivo (Indecom) junto con sus cámaras asociadas, registró 151.433 despidos entre enero y febrero de este año. No sólo eso: cerraron o frenaron sus actividades unas 6.800 pequeñas y medianas empresas.
Incluso los indicadores del Ministerio de Trabajo exhiben que, en las empresas de entre 10 y 49 trabajadores, el empleo en la comparación anual cayó desde abril del año pasado hasta marzo de este año que dejó de ser negativo.
Lejos de la mítica imagen de aquel bonachón “Don Carlos” de la publicidad de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), los pequeños y medianos patrones también atacan las condiciones de vida del pueblo trabajador.
El plan de Cambiemos
Lo único que crece decididamente en la Argentina macrista es la deuda pública. El bono a cien años emitido la semana pasada es sólo una muestra de la fiesta que está viviendo el capital financiero internacional, es decir los especuladores de todo el mundo, con el endeudamiento público del Tesoro.
Empresas periodísticas internacionales, como el Financial Times o la BBC de Londres, tomaron cuenta de la escalada especulativa gracias a las medidas mercado “friendly” de Cambiemos.
Otro tanto ocurre con la “bicicleta financiera” que promueve el Banco Central con las altas tasas de interés, una medida que influye fuertemente en la contracción económica.
En la tarde de ayer, el Indec dio a conocer el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) que registra una situación de estancamiento: 0,4 % creció la economía en el acumulado entre enero y abril, aun cuando la comparación es con los peores meses del año pasado luego de la devaluación de diciembre de 2015.
Excepto por la construcción, que crece al calor de la obra pública con fines electorales, las otras ramas en terreno positivo son la pesca y el agro con escasa capacidad de generar empleo.
En cambio la minería, la industria y el comercio continúan en descenso. En particular, las dos últimas son las grandes demandantes de puestos de trabajo.
En este contexto, el derrumbe del consumo se produce por dos vías: la pérdida de poder de compra del salario y por la desocupación.
No es novedad que el Gobierno que conduce Mauricio Macri apunta estratégicamente a producir un cambio profundo en la relación de fuerzas entre las clases fundamentales a favor de los empresarios degradando las condiciones de vida de los trabajadores.
Con el denominado Plan Productivo Nacional, el oficialismo tiene en la mira, para la “reconversión”, a nada menos que 364 mil empleos de sectores “latentes y sensibles” como electrónicos, textiles o calzado.
Considera que es más económico importar muchos de esos bienes. La avanzada importadora tiene su reflejo en las cifras del Indec: ayer dio a conocer la balanza de pagos que exhibe el paso de superávit a déficit comercial en el primer trimestre de este año en relación a 2016. La explicación es el aumento de los bienes traídos desde el exterior.
La campaña contra las “mafias de los juicios laborales”, los cambios en las ART, la búsqueda de leyes más precarizadoras y flexibilizadoras, en especial hacia la juventud, las reformas regresivas que se preparan para el sistema previsional, abonan el terreno sobre el cual se desarrollan los ataques patronales. Las empresas aprovechan este clima para desplegar su sed infinita de ganancias.
Desde la asunción de Cambiemos los problemas económicos y sociales prexistentes se agudizaron: economía estancada, desocupación, mayor pobreza e indigencia, déficit fiscal, saldo comercial negativo, la inflación sigue alta a pesar de la desaceleración.
La escalada de endeudamiento es el lubricante del ajuste. La apuesta del capital financiero internacional es imponer, más temprano que tarde, mayor austeridad sobre la clase obrera.
Pablo Anino
@PabloAnino
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