A los hacedores de esa operación de ocupación y exterminio que se llamó Conquista del Desierto les falló el nombre con el que quisieron inmortalizar la supuesta gesta. No se puede “conquistar el desierto” porque supone la apropiación de la nada y no hay conquista concebible con tal propósito. En Estados Unidos, los colonos tuvieron que avanzar hacia el Oeste en una guerra cruel contra tribus armadas y afincadas de comanches, sioux, apaches, cheyennes. En la Argentina, como la definió Alem, fue una “operación de policía”.
Su efecto inmediato fue la consolidación del latifundio y del conventillo, en el que se hacinaron los inmigrantes. Fuera de la lista de los beneficiarios del reparto de tierras, existe otra estadística reveladora. El 45 % de los inmigrantes llegados entre 1857 y 1869 – primer censo nacional – volvieron a sus países, una cifra que se elevaría al 57 % de los que arribaron entre 1891 y 1899. Otra enorme proporción se quedaba en Buenos Aires o en los alrededores en lugar de ir al campo. Quien quiera comparar con las cifras de Estados Unidos en los mismos períodos observará que el retorno fue insignificante por la colonización y el desarrollo impetuoso de la industria. La deserción, en nuestro caso, era reveladora de la imposibilidad de acceder a la tierra. “En lugar de colonos, el Estado argentino pidió peones” dirá Ortiz, a modo de balance.
En 1876, al inicio de la Conquista del Desierto, Avellaneda dictó la ley 817, una burla macabra, pues presentada como una ley de colonización, no preveía la entrega de la tierra. Si alguna provincia o una empresa particular requerían brazos, el Estado nacional se comprometía a trasladar gratuitamente los inmigrantes al lugar señalado. ¿Pero, acaso su artículo 85 no ordenaba “que los cien primeros colonos…que sean jefes de familia y agricultores recibirán gratis, cada uno, un lote de cien hectáreas…”? Así es, ¿y las tierras para este reparto? Hay que retroceder al artículo 82: “El Poder Ejecutivo determinará los territorios destinados a la colonización, la que deberá principiar tan pronto como sea posible…” (negrita nuestra).
¿Varió algo con la Conquista del Desierto? Nada. No hubo ni milicianos ni trabajadores “colonos”, sino la mayor apropiación de tierras ordenada desde el Estado en beneficio de un grupo de parásitos que se enriqueció con los beneficios de la renta agraria y la especulación. Para la financiación de la Campaña del Desierto el Estado organizó un empréstito basado en la venta de cuatro mil títulos públicos a cuatrocientos pesos cada título, para recaudar 1,6 millón de pesos fuertes. La compra de cada título le daba al comprador la propiedad de una legua (2.500 hectáreas) de tierra. Es decir se consumó la privatización de las tierras para lograr los fondos que permitirían realizar la campaña. En una primera etapa familias de fortuna se apropiaron de ocho millones de hectáreas. Una parte de las tierras fueron entregadas a los soldados, carentes de recursos para afincarse en tierras lejanas. En un caso o en otro las tierras terminaron en manos de quienes tenían los recursos para comprarlas y atesorarlas. El fin de la historia es la apropiación de cuarenta millones de hectáreas a 3.000 familias cuyos nombres no es necesario repetir aquí.
El frigorífico y el ferrocarril
Hacia 1875 se produjo un cambio relevante: la introducción del método frigorífico de conservación de carnes. Culminó un ciclo -el de la lana- y se inició otro. A través del enfriamiento de la carne y la mejora del mestizaje la Argentina reunió las condiciones para convertirse en la gran proveedora de carne del mercado británico. La Conquista del Desierto estuvo motivada por la sed de pasturas que planteó esta perspectiva, lo que suponía, a su turno, dirimir la posesión de la Patagonia –apetecida por Chile. Aunque relegada en relación a la ganadería, la producción agrícola pegó un salto en los diez años siguientes, impulsada por el alza en los precios mundiales.
¿Quién fue el protagonista del vuelco político y económico que la historia oficial asigna a la “generación del 80”? El capital extranjero. El arraigo del capital inglés en la industria frigorífica no significó transferir a la Argentina los beneficios que significó pasar de la exportación de ganado en pie al envío de la res sacrificada enfriada. Estos beneficios tendieron a acrecentar los resultados del capital inglés por doble vía: la industria frigorífica y el dominio de los trenes, los puertos y el transporte frigorífico por vía marítima.
Lo mismo en el plano político. Avellaneda y Roca culminaron, a sangre y fuego, la “unión nacional”. “El capital extranjero no podía depender de localismos por lo común incompatibles con su expansión” (Ortiz) tal como había ocurrido al momento de instalarse los ferrocarriles. Requería un Estado nacional consolidado, por lo que la enaltecida “Generación del 80” consumó lo que Rivadavia no pudo lograr con la Constitución unitaria de 1826: unir el país bajo el dominio de terratenientes, comerciantes y el capital inglés, bien que ahora con la unión de las oligarquías del interior y el patrocinio del Ejército nacional. Como moneda de cambio, Roca otorgó a la oligarquía porteña la federalización de Buenos Aires.
Como la Patagonia llegó a ser “nuestra”
En 1874, en plena Campaña del Desierto, el gobierno de Perú decretó el monopolio estatal del comercio del salitre, obligando a las salitreras de Tarapacá (en parte capitales chilenos, europeos e ingleses) a entregar la producción al Estado, al precio que éste fijara. En 1875, expropiaron las salitreras. En 1878, en Bolivia, el gobierno decidió un impuesto sobre el salitre que afectaba a la compañía salitrera de Antofagasta (empresa chileno inglesa en una provincia entonces boliviana). Ésta se negó a pagar y reclamo el auxilio del gobierno de Chile, ante lo cual el gobierno de Bolivia expropió a la empresa. Chile declaró la guerra a ambos países, a cuenta del mandante inglés, y derrotó a la confederación de ambos países, apropiándose de la salida al mar de Bolivia y varios territorios de los derrotados. La guerra del Pacífico significó un salto en la dominación de Latinoamérica por Gran Bretaña, que pasó a controlar directamente la economía de las naciones envueltas en la contienda. Tanto Perú como Bolivia reclamaron a la Argentina, desde 1874, un pacto defensivo común, que los gobiernos argentinos (Sarmiento 1868/74, Avellaneda/Roca 1874/1880) rehusaron, pactando con Chile el reparto de la Patagonia, que le significó a este país la propiedad de la mitad de Tierra del Fuego, del estratégico puerto de Punta Arenas y del Estrecho de Magallanes (bajo la inspiración también de la corona británica, que no quería el dominio de un sólo país sobre vías de comunicación estratégicas). Argentina rechazó hacer causa común con los países agredidos por el capital inglés, actuando como cómplice de la corona británica.
Quienes son los aliados
La Conquista del Desierto fue una cruzada bárbara y antinacional –en el sentido de que sirvió al interés social del naciente imperialismo y de una burguesía “nacional” que había renunciado hacía tiempo a sus objetivos históricos. Cuando los editoriales de La Nación rugen en su defensa -con numerosos escribas dispuestos a repetirlos- planteando que gracias a ella la Patagonia es “argentina”, se impone una pregunta: ¿cuál sería la diferencia entre el dominio argentino o chileno en relación a un territorio que tiene hoy las mismas marcas de atraso que hace cien años? Bajo uno u otro destino el futuro habría sido el mismo.
La unidad nacional construida en la Argentina sobre la apropiación de tierras y el asesinato de las tribus indígenas conformó el país capitalista atrasado y dependiente que somos hoy. A la vez, trajo consigo la formación de la clase obrera, llamada a constituirse en la nueva protagonista de la revolución social. Una clase obrera que se constituyó atestiguando el desarrollo desigual y combinado. “Los grandes establecimientos fabriles no crecieron desde orígenes modestos -acertará Peña-, desplazando y absorbiendo competidores más débiles… surgieron en la arena económica argentina como vástagos plenamente desarrollados de grandes empresas extranjeras”.
La llamada “cuestión indígena” ha vuelto a replantearse por las movilizaciones mapuches contra la apropiación de tierras y la destrucción del hábitat por las energéticas y forestales en Chile y Argentina (recordar Benetton y Lewis). También por la constatación de que la vocinglería en favor de los “pueblos originarios” de parte del gobierno supuestamente nacional y popular fue pura demagogia.
Es necesario abrir el debate con el activismo de los pueblos originarios desenvolviendo el frente único por sus reclamos genuinos y la necesidad de fusionarlos con las luchas reivindicativas y de conjunto de los trabajadores urbanos y rurales. El llamado a empeñarse en la construcción del partido obrero no es menor: no habrá solución plena al llamado despectivamente “problema indígena” sino bajo un gobierno de trabajadores.
Christian Rath
Bibliografía citada:
Ricardo M. Ortiz, Historia Económica de la Argentina, Plus Ultra, Buenos Aires, 1974.
Heraclio Bonilla, Guano y burguesía en el Perú, FLACSO, Ecuador, 1994.
Milciades Peña, Industria, burguesía industrial y liberación nacional, Ediciones Fichas, Buenos Aires, 1974.
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