En la represión y desalojo a las obreras y obreros de PepsiCo el Gobierno de Cambiemos busca aleccionar al conjunto de la clase obrera para allanar el camino a mayores ataques a las condiciones laborales.
Por eso tiene un enorme valor la heroica resistencia a los planes de la multinacional yanqui que practica el "ajuste por mano propia". Claro que cuenta con la ayuda de la justicia patronal, la policía, los ministros y hasta el presidente Mauricio Macri.
La resistencia obrera es una advertencia al conjunto de la clase capitalista. Sus planes no pasarán sin lucha, como pretende la burocracia sindical que el día de ayer llamó a una marcha para dentro de cuarenta días. Una burla.
“Hay que bajar el costo argentino”, se escucha insistentemente de parte de los voceros empresariales como si se tratara de la fórmula mágica para que, finalmente, algún día, se decidan a invertir.
Pero las verdaderas causas del “costo argentino” son el atraso productivo, justamente, por la falta de inversiones, la fuga de capitales y la dependencia extrema del capital extranjero.
En 2013, el 77 % de las utilidades de las 500 grandes empresas correspondía a aquellas de capital imperialista. Es decir, el "modelo" Pepsico es el preponderante en el país.
Frente a ese reclamo patronal por el "costo argentino", que repitió la nueva cúpula de la Unión Industrial Argentina en la última reunión con el presidente Macri, el oficialismo promete reformas previsionales, tributarias y laborales regresivas luego de las elecciones de octubre.
La flexibilización laboral reclamada por las grandes empresas que acaba de sancionar el Senado brasileño muestra el carácter regional del intento de avanzada anti obrera.
En el vecino país se introdujeron más de cien modificaciones a ley laboral: otorga más poder a la negociación sectorial e individual que a la propia ley laboral, debilita la organización obrera, amplía la tercerización, habilita nuevos contratos de trabajo precarios, incluso hasta intermitentes, extiende la jornada diaria y las horas semanales, facilita despidos, degrada las condiciones de las trabajadoras embarazadas, permite mayor fragmentación de las licencias por vacaciones, entre otros cambios.
Para Cambiemos significa una presión adicional para introducir modificaciones en las leyes que regulan las relaciones laborales en nuestro país, donde el deterioro del poder de compra del salario, la vía libre para despedir y atacar la organización de los trabajadores, las modificaciones en el régimen de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) o la ley en beneficio de las Pymes, no han sido suficientes para la sed insaciable de ganancias de las empresas.
Como analizó días atrás Izquierda Diario, el Gobierno promete varias reformas antiobreras pasadas las elecciones de octubre, tanto en el sistema tributario como en el previsional.
El oficialismo con el visto bueno de la burocracia sindical avanzó en cambios regresivos en algunos convenios laborales, como ocurrió con el acuerdo para la extracción de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta.
Pero con el discurso contra la “mafia de los juicios laborales” prepara el terreno para un cambio estructural en las leyes laborales que arranque derechos a los trabajadores.
Con la excusa de promover el blanqueo de empleados en negro se buscará beneficiar a las empresas con “cupos” o “créditos” fiscales, reducción de las contribuciones patronales, imposición de pautas de productividad, mayor precarización y flexibilización.
Pablo Anino
@PabloAnino
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