El propósito de caracterizar la crisis política en Venezuela sin salir de sus fronteras es una tarea infructuosa. Desde las guerras imperialistas en Asia y África del Norte, hasta el ascenso de Trump; del Brexit, el conflicto armado en Ucrania, la cuestión palestina y la amenaza de choque violento entre Qatar e Irán –de un lado– y las monarquías del Golfo y Arabia Saudita –del otro–, el hilo conductor de su desarrollo es la crisis capitalista mundial y la política de las fuerzas sociales y estatales en presencia. El área geográfica y política se extiende al choque de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) con Corea del Norte por los ensayos nucleares y a China, Corea del Sur y Japón; o a la crisis interna de Rusia, Turquía y los Balcanes. Las crisis bancarias no cesan –en Italia, Portugal, España y China–, y se desarrolla una tendencia a la desintegración del mercado mundial.
El choque violento de fuerzas en Venezuela tiene un correlato con otras crisis en América Latina, especialmente la brasileña.
La caída del precio internacional del petróleo, amplificada por la especulación financiera, ha tenido un efecto demoledor. El gobierno de Chávez impulsó el pago de importaciones con títulos públicos, y el aumento enorme de la deuda externa. Maduro, para pagar esa hipoteca, las ha reducido en alrededor de un 70% y desatado una crisis alimentaria. Recientemente, vendió títulos públicos a Goldman Sachs, al 35% de su precio nominal, lo cual implica una tasa de interés que se acerca a los tres dígitos. La compra de petróleo, por las refinerías norteamericanas que operan en la zona del Golfo de México, es el único ingreso del que dispone. La lápida que pesa sobre el gobierno de Venezuela se encuentra inscripta en el derrumbe de la cotización de los barriles de petróleo.
PDVSA, Petrobras
Lo que en la superficie se presenta como una pelea entre golpistas antiguos, de un lado, y una camarilla que gobierna por decreto, del otro, es subterráneamente un choque de alcance internacional por los destinos de las reservas petroleras de Venezuela. Es lo que ocurre en Brasil, donde la llamada lucha contra la corrupción ha sido un pretexto para quitarle a Petrobras el monopolio en las licitaciones y asociaciones petroleras, destruir el derecho laboral, liquidar los derechos previsionales y montar un violento ajuste con despidos y caídas de salarios. Así como Petrobras estaba arrasada por deudas, PDVSA está financieramente quebrada, en primer lugar por deudas internacionales, en segundo lugar con sus contratistas, en tercer lugar por una producción de apenas 2,5 millones de b/d (barriles diarios). La producción propia de la petrolera estatal es un 20% de la que realizan las asociaciones con compañías internacionales.
En la campaña electoral de 2013, contra Hugo Chávez, la plataforma de Henrique Capriles, el candidato de la derecha, planteaba en forma abierta la privatización petrolera (“Guías para el programa de gobierno de unidad nacional”).
Como en Brasil, el programa de mínima es privar de mayoría a Pdvsa en las asociaciones que explotan la cuenca del Orinoco y, más allá, abrir las licitaciones a todas las corporaciones internacionales. La energía es, en la actualidad, el motivo principal de los conflictos y las guerras en todo el mundo. En todos los casos, han sido disimulados como un enfrentamiento entre la democracia y la dictadura. Perón fue derrocado, en 1955, por una ‘libertadora’, y algo parecido ocurrió en 1976. El destrozo y la barbarie, en el Medio Oriente, invoca “la lucha ‘global’ contra el terrorismo” desde la invasión de Irak –como antes en Yugoslavia. La victoria de la ‘democracia’, en Venezuela, tiene un programa de entrega petrolera y privatización generalizada.
La California Oil de Nicolás Maduro
En las vísperas del golpe ‘libertador’, Perón imaginó que apaciguaría al imperialismo yanqui habilitando el ingreso a Argentina de la California Oil (Rockefeller). Maduro está haciendo lo mismo con los yacimientos mineros (Arco del Orinoco, 111.800 km²), la creación de “zonas económicas especiales” para el capital extranjero y “el relajamiento gradual de los acuerdos con corporaciones extranjeras en el Orinoco” (International Viewpoint, 19/5). La producción de gas es privada. O sea que el madurismo ya aplica en parte significativa el programa de la derecha. No le irá mejor que a Perón, como es obvio.
De acuerdo a un informe de Bloomberg (11/7), “la Casa Blanca sopesó aplicar un embargo petrolero a Venezuela, algo que los grupos que representan a las refinerías, incluyendo a Valero, Phillips 66 y Chevron, reclamaron que no se lleve a cabo”. La agencia de noticias atribuye esta posición de las corporaciones al temor de que provoque un aumento de precios y una represalia de Maduro contra las asociaciones que tienen con Pdvsa en la cuenca Orinoco. Lo que se busca, en realidad, es evitar que la cuestión de la entrega petrolera ocupe el centro del escenario.
En las últimas horas, sin embargo, el asunto alcanzó las primeras planas, como consecuencia de los debates que ha suscitado la pseudo Constituyente del oficialismo. Un asesor de Maduro, Hermann Escarrá, está coqueteando con un planteo de nacionalización integral de las empresas mixtas, que luego desmintió.
El negociado que hizo Goldman Sachs con la deuda venezolana no ha sido el único intento de lograr una inyección de divisas al Tesoro de Venezuela. Con reservas en divisas inferiores a los u$s10 mil millones, Maduro ha estado negociando un préstamo de u$s500 millones con la yanqui Fintech Advisory Inc (Stratfor, 5/4). Esta diplomacia de apaciguamiento fue aplicada también en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, en Cancún, adonde el secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson (ex jefe de Exxon), envió a su segundo, para sacarle el cuerpo a un choque directo. La derecha local y la prensa internacional se lo reprocharon en forma severa. Tillerson representa al lobby petrolero en el gabinete de Trump.
Tampoco en 1955 los EEUU enfrentaron en forma abierta a Perón, como ocurriera en 1945: no cortaron las importaciones de combustibles, para salvar así la confrontación entre dictadura y democracia. La similitud con Venezuela es flagrante entre el golpe de 2004 y el lockout patronal y la decisión ahora de no aplicar un embargo. Hay que salvar la imagen de una lucha por la democracia.
El intento del gobierno de asociar a la rusa Rosneft con Pdvsa, que no fue avalado por la Asamblea Nacional (derecha), mostró el propósito de contrapesar la presión petrolera yanqui con el apoyo de Rusia y China. La operación ha fracasado: China no ha aceptado extender los enormes créditos concedidos a Venezuela. La fantasía de reemplazar el mercado norteamericano por el chino no ha funcionado.
La renegociación de la deuda externa y la privatización petrolera han acentuado la crisis política, porque son responsabilidad de la Asamblea Nacional. La convocatoria a la pseudo Constituyente tiene el propósito de superar este ‘escollo’. La Corte Suprema había pedido la disolución de la Asamblea para poder habilitar asociaciones con el capital extranjero y el financiamiento exterior (Financial Times, 1/4).
La Iglesia, los militares y los cerros
La Iglesia local ha tomado la convocatoria, por parte de la derecha, a un referendo de facto en contra de la Constituyente oficial y en defensa de la “Constitución bolivariana”, para lanzar una campaña para derrocar a la que ha pasado a calificar de “dictadura” sin aditamentos. La votación que promueve la derecha para el domingo 16 se realizará en sedes de la Iglesia y de las patronales, y tiene ese propósito. El clero instrumenta de este modo el fracaso de la ‘mediación’ del Vaticano. El intento de Maduro de reavivar la mediación mediante el traslado del jefe opositor, Leopoldo López, a su domicilio –acordado con el Vaticano– nace agotado. La diplomacia internacional pone como condición para el ‘diálogo’ la anulación de la pseudo Constituyente del chavismo. El referendo paraestatal del referendo de la derecha es un acto jurídicamente subversivo. De no impedir su realización, Maduro habría sellado su muerte política.
La pseudo Constituyente de Maduro tiene el objetivo de establecer un nuevo régimen político con un sustento político menor que el actual. Sería un principio de disolución política –el taparrabos de un régimen militar, con fuerzas armadas divididas, una crisis económica creciente y la inminencia de un ‘defol’. Una falta de reconocimiento internacional bloquearía la refinanciación de la deuda e incluso el comercio. Podría, contradictoriamente, ser el escenario de una sustitución de Maduro, quien ha prometido renunciar ante ese órgano que califica de “soberano”. Entre el referendo de la derecha y la pseudo Constituyente de los remanentes del chavismo, la crisis de poder alcanzaría su punto más alto.
El escenario militar se muestra, por su lado, más convulsivo que nunca. Trascienden numerosos arrestos en distintos rangos y niveles. El mandamás del régimen, Diosdado Cabello, habría sido quien desplazó al general Vladimir Padrino de la jefatura del ejército al ministerio de Defensa, según el boletín Stratfor, para impedir un golpe militar en su contra. La salida militar a la crisis abriría un periodo de transición hacia un acuerdo con la derecha y la diplomacia extranjera. El pasaje de la fiscal general, Luisa Ortega, inscripta en el chavismo, a la oposición, la ha convertido en un eje político de la etapa pos chavista. En las últimas semanas ha irrumpido el tema de las coimas pagadas por Odebrecht a funcionarios chavistas, en especial con relación a la construcción de un subte en Caracas.
La crisis social también se ha agravado. La corresponsal de Le Monde (16/6) señala que “los cerros están al borde de una explosión generalizada”; lo mismo decía un cable en Clarín (7/7). Esto significa que las movilizaciones diarias no se limitan a los sectores que apoyan a la derecha. Por otro lado, las publicaciones de la izquierda destacan un crecimiento de asambleas y reuniones en los sindicatos. Precisamente, Maduro ha prohibido las elecciones sindicales, con el propósito de evitar triunfos de la izquierda. El chavismo lidia con la derecha con métodos reaccionarios.
La izquierda no pasa la prueba
En Venezuela, la derecha pro-imperialista ha combatido al chavismo desde el comienzo, apelando a toda clase de métodos, incluidos el golpe y el lock out capitalista a gran escala, con la finalidad de abortar sus medidas parcialmente antiimperialistas. A partir del derrumbe económico ha tomado la iniciativa para hacerse del poder, aprovechando una crisis sin salida del régimen –que pasó de un sistema plebiscitario a un régimen de facto (gobierna por decreto).
Todos los métodos aplicados por el gobierno, así como el conjunto de su política para contener el derrumbe económico y social, sólo han agravado la crisis y la situación de las masas. Maduro-Cabello pelean contra la derecha con métodos reaccionarios –en especial el maniatamiento, la regimentación y la represión contra el movimiento obrero. La derecha apoya su ofensiva en esta política de desmoralización de las masas que ejercita el madurismo. Defender al gobierno de Maduro y a su clique boliburguesa y militar, es una causa perdida para los trabajadores. La derrota de la derecha y del imperialismo solamente es posible por medio de métodos revolucionarios, que desarrolle la clase obrera.
La izquierda revolucionaria tiene la obligación, en primer lugar, de denunciar el carácter contrarrevolucionario de la movilización encabezada por la derecha y, en segundo lugar, las limitaciones del chavismo para hacerle frente, incluida la denuncia de sus propios métodos contrarrevolucionarios contra el movimiento obrero independiente. La inmensa mayoría de las fuerzas de izquierda caracteriza, sin embargo, que estamos ante un conflicto entre democracia y dictadura y apoya, en consecuencia, la movilización derechista apoyada por el capital financiero internacional y el imperialismo.
La tendencia que encabeza esta capitulación ante la derecha es Marea Socialista, que durante quince años ha sido incondicional del chavismo. En alianza con otros emigrados del chavismo, plantea una alianza con el llamado ‘chavismo crítico’ en favor de una salida pactada con la derecha. Esto ha llevado a su ruptura con un ala histórica de esta corriente, encabezada por el sindicalista Stalin Borges.
El partido Socialismo y Libertad, que en Argentina integra el FIT por medio de Izquierda Socialista, caracteriza que el gobierno, no la derecha, representa los intereses directos del imperialismo, y que el conflicto es entre la democracia y la dictadura –o sea que no denuncia el carácter de clase de la movilización derechista, privatizadora y ajustadora, y hasta la presenta como independiente.
“El Partido Socialismo y Libetad –dice en una declaración– llama a la clase trabajadora a incorporarse desde sus empresas y sindicatos a la masiva rebelión que sacude al país en contra del gobierno”. Presenta esta movilización como independiente de los polos anti-obreros en pugna. Es lo que esta corriente ha planteado también en Medio Oriente en apoyo de las fuerzas respaldadas por la Otan, y antes en la ex Yugoslavia. Se inspira, de modo explícito, en una tesis acerca de la Revolución Democrática, que es señalada como la etapa previa a una revolución socialista. Es la posición que adoptó ante el lock out patronal en Argentina, en 2008. Insisto: hay que denunciar que la ‘rebelión’ de la derecha se encuentra bajo la dirección del imperialismo y de la oligarquía venezolana, y enseguida denunciar los métodos de Maduro contra esta ‘rebelión’ como métodos militaristas y reaccionarios, y para una política de arreglo con el capital financiero internacional y las petroleras. En 1946, una revolución popular, en Bolivia, llevó al poder a la oligarquía (gobierno de La Rosca), con el partido comunista de punta de lanza. En Argentina, la Unión Democrática fue fuertemente popular, bajo la dirección de la oligarquía. Lo mismo ha ocurrido, recientemente, en Ucrania y Egipto.
Siempre hay que caracterizar a los movimientos sociales, con un enfoque de conjunto, en primer lugar el carácter de su dirección. Por eso León Trotsky puso tanto empeño en caracterizar a la Revolución de febrero de 1917, en Rusia, como proletaria –no democrático-burguesa.
La “clase trabajadora” debe organizar su propia rebelión, que exige, antes que nada, que no se la confunda con la derecha. El contubernio entre la izquierda y “la rebelión que sacude al país” se ha convertido en el obstáculo más importante para la convocatoria de un congreso de trabajadores.
El PTS, por su lado, (ver ID, 1/6) tampoco denuncia las movilizaciones dirigidas por la derecha como una operación política proimperialista, y hace una diferenciación del gobierno y de la MUD (Mesa de Unidad Democrática), de características abstractas e ideológicas. No desenmascara la falacia del antagonismo dictadura-democracia. Plantea una Constituyente soberana en el marco de una polarización dominada por la derecha. Aunque denuncia el llamado del PSL a sumarse a la “masiva rebelión” que conduce la MUD, ofrece una unidad a los partidos de izquierda que sí acompañan a la derecha. Los extremos reaccionarios de los métodos del gobierno y los compromisos que contrae con el capital financiero han acentuado en la izquierda su fuerte tendencia democratizante y una confusión política colosal, que consiste en ocultar el carácter pro-imperialista de la ofensiva política y social de la derecha.
Para abrir una alternativa obrera y revolucionaria a la crisis en Venezuela, el punto de partida es denunciar el carácter concreto de la ofensiva derechista (y de ningún modo adjudicarle una inspiración democrática) y desenmascarar el carácter reaccionario de la política oficial (militarización, ‘ajuste’ contra el pueblo, incapacidad para detener el derrumbe económico).
Es necesario poner en primer lugar el llamado a ocupar las empresas y desterrar de ellas a la burocracia boliburguesa, en la industria y en Pdvsa; imponer la gestión obrera y el control del abastecimiento alimentario –en especial cuando la derecha y el clero reclaman una “asistencia internacional”, que daría un control decisivo al imperialismo. La administración de los recursos nacionales debe pasar al control obrero. El rechazo al pago de la deuda externa se ha convertido en un eje fundamental. La lucha de clases en Venezuela es el caso extremo de lo que ocurre en toda América Latina, en la que el capital quiere imponer la privatización de recursos estratégicos y la destrucción del derecho laboral y de los derechos sociales.
Desenlace inminente
La pelea entre el referendo de la derecha y la pseudo Constituyente del oficialismo lleva a la crisis política al punto de desenlace. Llamamos al boicot de uno y de la otra. El fracaso de ambos intentos es lo mejor para los trabajadores.
La realización de una votación nacional en ámbitos privados, incluida la Iglesia, es un acto constitucionalmente subversivo, al igual que la convocatoria de una Constituyente digitada por decreto presidencial. En este punto de la crisis, el único árbitro que resta es el ejército, cuya división crece día a día. Los sindicatos independientes deben convocar a un congreso obrero para convertir al proletariado en otro polo de la crisis política.
Jorge Altamira
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