No fue casual que De Vido haya elegido como escenario para ejercer su defensa la Audiencia Pública que se realiza en el Senado por las represas de Santa Cruz. Sucede que la trama que está detrás de su construcción muestra la línea de continuidad existente entre las camarillas que se enriquecieron con el anterior gobierno y el macrismo.
Las represas de Santa Cruz fueron parte de los pactos secretos que el gobierno de Cristina Kirchner suscribió con China. El macrismo se opuso en ese momento a la iniciativa, cuestionando sus altos costos de construcción y financiamiento y el impacto ambiental que causaría en la provincia. El macrismo denunció también que las represas escondían una corruptela en favor del grupo Electroingeniería, propiedad del empresario kirchnerista Gerardo Ferreya, quien junto a Lázaro Báez y Cristóbal López formaban el triángulo empresarial de la ´década ganada´. Antes de asumir Macri le había enviado una carta al embajador chino en la Argentina anticipando que de llegar al gobierno daría por cancelada la obra.
Ahora sabemos que las cosas se dieron exactamente al revés. En su viaje a China Macri convalidó todos los acuerdos suscriptos por Cristina Kirchner, manteniendo incluso su carácter reservado. En relación a las represas de Santa Cruz no sólo se comprometió en avanzar en su construcción, sino que además mantuvo en el consorcio encargado de la obra a Electroingeniería. Además se comprometió ante el gobierno chino a que la Corte Suprema levantaría la medida judicial que paralizó la construcción de las represas por su impacto ambiental, lo cual supuso un avasallamiento a la independencia del Poder Judicial.
Al convalidar los acuerdos firmados por Cristina Kirchner y China, Macri se colocó en el mismo campo que De Vido. Esto se plasmó palmariamente en la Audiencia Pública de hoy, donde De Vido y el gobierno macrista hicieron un frente único para defender la construcción de las represas contra las organizaciones ambientales y populares que lo cuestionan, entre ellos nuestro partido. Electroingeniería y su propietario Ferreyra aplauden la ´seguridad jurídica´ que el actual presidente y el ex ministro de Infraestructura le ofrecen, sin revisar siquiera los sobreprecios pagados hasta el momento –más de 100 millones ya gastados sin que la obra haya empezado. La ´seguridad jurídica´ alcanza también su participación en la construcción de los gasoductos de Córdoba, donde actuó en sociedad con Odebretch y la empresa Icesa, propiedad de la familia Macri.
El silencio de Carrió ante este negociado que alcanza al anterior gobierno y al actual, y que tiene por beneficiario a una de las empresas amigas de la familia K, muestra que el pedido de expulsión de De Vido forma parte de un auto encubrimiento del gobierno sobre sus propias fechorías, muchas de ellas heredadas del gobierno pasado.
Gabriel Solano
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