Liberan a un juez federal condenado por delitos de lesa humanidad

El 14 de julio, fue excarcelado el ex juez federal Manlio Torcuato Martínez, condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.
Martínez, era uno de los funcionarios judiciales más influyentes e intocables en Tucumán antes de su detención en abril de 2014.
Martínez había sido condenado a 16 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, prevaricato, encubrimiento del asesinato de cinco militantes populares en una vivienda de San Miguel de Tucumán y privación ilegítima de la libertad de otra persona, Miguel Romano, en mayo de 1976. Cumplía la condena con arresto domiciliario.
En el caso de Miguel Romano, quien fue detenido por orden de Martínez y luego fue torturado en varios centros clandestinos de detención de Tucumán, sus familiares declararon en el juicio que Martínez “no movió un dedo” para ayudar al detenido.
La defensa del ex juez, luego del fallo, apeló a Casación con argumentos que significan una clara reedición de la obediencia debida y punto final. Planteó que Martínez era “joven e inexperto” cuando cumplía sus funciones como juez en plena dictadura y que debía tenerse en cuenta el contexto en el que tomaba decisiones.
La Sala I de Casación dio lugar a estos argumentos y anuló el punto de la condena referido al delito de asociación ilícita en contra de Martínez y desestimó la imputación por abuso de autoridad y otras cuestiones relativas al homicidio de cinco personas. La Sala, en virtud de estas anulaciones, resolvió que debe dictarse un nuevo fallo.
El fiscal Federal Pablo Camuña señaló que “llama la atención el total desinterés de los jueces por valorar los testimonios de las casi dos docenas de víctimas que declararon en el juicio y que señalaron la forma en que Martínez, desde su magistratura, colaboró para mantener o agravar su situación, ignoró denuncias directas de torturas atroces o armó causas para intentar engañar a la CIDH. También los más de 600 habeas corpus rechazados”.
La libertad del ex juez Martínez no constituye un hecho aislado, sino que está en consonancia con toda la política de “reconciliación” del actual gobierno y de reinserción de las Fuerzas Armadas en la vida política, un camino emprendido por los K con la designación de César Milani al frente del Ejército.
El camino para enfrentar esta avanzada amnistiadora es la movilización independiente, como quedó demostrado en la lucha con el fallo del 2x1 a los genocidas.

Alejandra Del Castillo