La OCDE aprieta las clavijas

“La OCDE elogió las políticas de Macri, pero recomendó reformas para que la economía crezca de manera sostenible” resumió Clarín (27/7) el contenido del "Estudio Económico Multidimensional de Argentina" elaborado por el organismo y que fue presentado por su directora, Gabriela Ramos, junto al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en una rueda de prensa el miércoles pasado.
“Tras años de políticas económicas insostenibles, Argentina ha emprendido ambiciosas reformas. Pero el trabajo está lejos de estar terminado. Quedan muchos desafíos por delante”, apunta el informe.
Las “recomendaciones” de la OCDE marcan la hoja de ruta del ajuste que sobrevendrá después de las elecciones de octubre. La OCDE es un organismo integrado por 35 países, encabezado por el imperialismo yanqui y europeo, que pregona las “buenas prácticas” en materia de políticas públicas. Sus “recomendaciones” tienen valor de mandato para el gobierno, ya que éste pretende apurar el ingreso de Argentina al mismo.
El estudio insta al gobierno a profundizar la reducción del déficit “para mantener la sostenibilidad del endeudamiento externo” (Ámbito, 27/7); es decir profundizar el ajuste para garantizar el repago de la deuda, que el gobierno incrementó en 30 mil millones de dólares en un año y medio. Entre otros, la OCDE reclama "eliminar gradualmente los subsidios a la energía” (nuevos tarifazos) y reducir el mínimo no imponible sobre Ganancias.
En relación con las jubilaciones, la OCDE sostiene que “el envejecimiento poblacional amenaza la sostenibilidad del sistema [previsional]” –argumento falaz, que oculta el aumento paralelo de la productividad del trabajo– y propone “igualar la edad de jubilación de las mujeres a las de los hombres” –es decir elevarla. También aconseja “indexar las prestaciones por jubilación al IPC [índice de precios al consumidor]”, sellando su disociación del salario en actividad, porque considera que “las pensiones son elevadas en comparación con los salarios”. Esto en un país donde el 80 por ciento de los jubilados cobran la mínima de $6.400, el salario mínimo es de $8.800 y la canasta básica está por encima de los $15.000.
En materia de empleo, el informe critica “las normativas rígidas del mercado laboral obstaculizan la creación de empleo, aumentan el costo laboral y frenan el aumento de la productividad”. En esa línea, precisamente, el gobierno trabaja en una reforma como la aprobada en Brasil, que implica un replanteo integral de las relaciones laborales, en términos ruinosos para el movimiento obrero (eliminación de la jornada de 8 horas, fraccionamiento de las vacaciones, ampliación de la tercerización a la actividad principal de la industria, etc). Un anticipo de esto fueron las modificaciones a la baja de los convenios como las que firmaron los burócratas de petroleros para Vaca Muerta y del Smata para las automotrices. La OCDE plantea “reducir las contribuciones y aportes sociales de manera temporaria para trabajadores de ingresos bajos que se incorporen al sector formal”, justamente una de las iniciativas que el gobierno adelantó. Esto incentivará a las empresas a deshacerse de los trabajadores de mayor antigüedad de sus planteles. La OCDE también reclama “racionalizar del empleo público, especialmente en las provincias”, lo que se traduce en miles de despidos y nuevos ataques al convenio colectivo de los trabajadores estatales.
El ataque a la educación pública ocupa un capítulo específico. “El nivel educativo es bajo”, sentencia; “la calidad de la educación y en especial la calidad de los docentes es baja”. La reforma anti-educativa que puso en marcha el gobierno porteño sigue lineamientos diseñados precisamente por OCDE; entraña un fuerte ataque al Estatuto Docente y alinear los contenidos curriculares con las demandas de un mercado laboral caracterizado por la descalificación y el trabajo precario.
A los autores del informe no se les escapa que “estas reformas implicarán costos porque habrá empleos que se pierdan en algunas firmas y sectores mientras se crean en otros lugares”, la OCDE enfatiza que “el Gobierno debe poner foco en la protección social mientras dura esa transición” (Clarín, ídem). Significa reforzar un esquema asistencial que contenga a una enorme masa empobrecida y de desocupados.
Opongamos a este programa de barbarie capitalista la defensa incondicional de clase obrera y de la juventud junto al Frente de Izquierda.

Jacyn