Acaba de ser presentado, con la firma de diputados del Frente para la Victoria y del GEN, un proyecto de emergencia social. Elaborado por el Movimiento Barrios de Pie, la CTEP (Corriente de Trabajadores de la Economía Popular) del Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Lo primero que llama la atención es que, proponiendo un Salario Social Complementario (SSC) que debería alcanzar “como mínimo el monto delimitado como básico para un trabajo decente (salario mínimo vital y móvil)”, lo que supondría aumentar el ingreso del trabajador/a del plan Argentina Trabaja de los 3.450 pesos actuales a 7.560 a partir de septiembre y 8.060 desde enero de 2017, las organizaciones que apadrinan el proyecto no llaman a un plan de lucha con ese objetivo.
En el proyecto se establece un larguísimo proceso que incluye, luego de la aprobación de la ley, un plazo que los autores estiran hasta seis meses para “proponer”, recién, el monto del Salario Social (lo que exige, previamente, determinar “lineamientos, metodologías, pautas y normas para la definición de un índice de canasta popular” en base al cual se determinaría ese monto).
Lo segundo que llama la atención es que ni en sus nueve artículos ni en sus largos fundamentos se menciona una sola vez la exigencia de salario bajo convenio, de un seguro al desocupado, de la prohibición de despidos y trabajo en negro, del pase a planta de todos los precarizados ni del reparto de las horas de trabajo.
Metodológicamente, es un proyecto que fractura a la clase obrera, buscando institucionalizar a los “trabajadores de la economía popular”. Apunta a crear un subproletariado, que no recibirá siquiera el salario mínimo que el proyecto propone, porque la burguesía no está dispuesta a aceptar ni siquiera ese monto y que pretende cristalizar en la Argentina una tendencia mundial frente a la bancarrota capitalista.
El capital actúa, frente a la crisis, en función del abaratamiento del “costo laboral” y la fragmentación social de la clase obrera. El relato de la UIA, del gobierno y sus epígonos es que el trabajador argentino es “caro”, porque hay que aportar a una obra social y se le paga un salario de convenio. Si a un trabajador se le pagara la mitad, habría más empleo, y si no lo hubiera quedarían recursos libres para crear un fondo y pagar un salario “asistencial”. El proyecto parte de asumir la división de la clase obrera: “entendemos prioritario avanzar en la visibilidad institucional y reconocimiento de este sector del trabajo como medida inicial”. La segmentación de la clase obrera tiene como otro protagonista a la burocracia sindical, que se opone a afiliar a los precarizados -lo que plantearía la lucha por el pase a planta y pondría en crisis los acuerdos con el Estado y las patronales, que lucran con la precarización laboral masiva.
Estatización
El corazón del proyecto establece la creación de un Consejo de la Economía Popular, consultivo, “en la órbita del Ministerio de Trabajo” cuya finalidad será muy vasta, por cuanto “recomendará políticas públicas concernientes al ámbito de la Economía Popular”. Estará integrado por un representante del Ministerio de Trabajo, otro de Desarrollo Social, “y hasta tres representantes de todas las organizaciones inscriptas dentro del Registro de Organizaciones Sociales de la Economía Popular y Empresas Auto Gestionadas”. Al mismo tiempo se dispone el empadronamiento de todos los trabajadores de la Economía Popular en un registro, como condición para percibir el Salario Social.
En 2002 la Mesa de Diálogo, bajo influjo de la Iglesia, propuso crear el “Consejo de Ejecución y Control del Salario de Inclusión Social” para seguir el manejo de los planes, integrado por representantes del Estado, del empresariado, de la CGT y de “tres” ONG. El papel de las ONG, en la nueva versión, es reemplazado por el triunvirato del Vaticano.
Del encuentro reciente con la CGT y de la elaboración del proyecto de Ley de Emergencia fueron excluidas las organizaciones de la izquierda del movimiento de desocupados, entre ellas el Polo Obrero.
“No somos desestabilizadores”
El lanzamiento público de la Ley de Emergencia tiene como estación final una movilización al Congreso a la que los propios organizadores han quitado todo carácter de movilización política: “el gobierno tiene que entender que cuando salimos a la calle no somos desestabilizadores”.
Las organizaciones que patrocinan el proyecto están cerca del Vaticano pero también del propio gobierno -que los ha favorecido con planes sociales y la posibilidad de erigirse en Unidades Ejecutoras, beneficiarias de la tercerización de la obra pública (véase Prensa Obrera N° 1413, 2/6).
Lo que corresponde es un plan de lucha por las reivindicaciones genuinas del movimiento piquetero, como parte indisoluble de la clase obrera: plan de obra pública bajo convenio, seguro al parado equivalente al 75 % de la canasta familiar, aumento del Argentina Trabaja y de la AUH, pase a planta. Gran parte de ellas están contenidas en los tres proyectos de ley presentados por las bancas del PO FIT en el Congreso.
Christian Rath
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