Una nueva Audiencia pública no vinculante para legitimar los pedidos empresarios de los distribuidores de energía. Millonarios subsidios sin justificar y otro golpe al bolsillo popular.
Sin la repercusión que tuvieron las audiencias por las tarifas de gas, ayer se repitió el escenario de ficción de un debate público cuya resolución se decidirá finalmente entre cuatro paredes. Las tarifas de luz ya se incrementaron en Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense un 470% en promedio, suba que no pasó por ninguna audiencia.
Sin embargo, las empresas distribuidoras Edesur y Edenor piden subir aún un 31% más y reclaman una condonación de deuda por $21.000 millones de multas por el vaciamiento que llevan a cabo desde la privatización, es decir desde hace décadas.
Las empresas energéticas apenas prometen una disminución de cortes del servicio del 55% en los próximos cinco años, y eso a costa de un nuevo ajuste sobre el pueblo trabajador. Los industriales aprovecharon para solicitar más rebajas impositivas y tarifarias.
Por el contrario, las asociaciones de consumidores cuestionaron que, pese al incremento, continuarán los cortes de luz.
En este marco, como ya ocurrió en el caso del gas, la izquierda exige una auditoría por los subsidios de más de $ 340.000 millones recibidos por las empresas en los últimos años. Urge un plan de nacionalización bajo control de usuarios y trabajadores.
Un tarifazo que ya está arreglado
Nuevamente el primer y principal espacio en la audiencia que presidió el ministro de Energía y ex CEO de Shell, Juan José Aranguren, tuvo como protagonistas a las empresas distribuidoras Edesur y Edenor. Sus representantes tuvieron un tiempo para hablar de 25 minutos, mientras que para el resto hubo como máximo solo 10.
El gerente general de Edesur, Juan Carlos Blanco, reclamó un nuevo incremento del 30,7 % en promedio. Las subas irían, según su esquema, del 18 al 53 %, según el caso. Además, anunció que la empresa prevé invertir unos $14.000 millones en un "ambicioso plan" durante los próximos cinco años para reducir un 55% los cortes en Capital y el sur del Gran Buenos Aires.
En esa línea, el CEO de Edenor, Ricardo Torres, pidió un aumento del 31 %, y una incorporación de 15 % extra si se suman la actualización de costos al presente, mientras para las pequeñas industrias y comercios se solicita un alza de 49 % (con 25 % más para ajustarlas al presente). Asimismo, argumentó que tiene un plan de inversiones de unos $ 26.000 millones para los próximos cinco años.
Sin embargo, en 2016 con la “corrección” tarifaria del macrismo, se pronostica que el monto destinado de subsidio el sector energético será de $ 220.000 millones, que estuvieron en parte frenados por el fallo de la Corte Suprema y que el Estado intenta ahora trasladar de lleno sobre los consumidores.
El incremento de 31% de aumento promedio, que exigen las empresas para el año próximo, equivale a sólo el 40% del precio final de la factura de luz. Además, el monto está muy por encima del propio pronóstico de techo salarial del 17% que especula con imponer el Gobierno nacional a los trabajadores, a partir del cálculo de la inflación futura. El resto de la tarifa corresponde al eslabón primario de generación, cuyo precio se espera que sea todavía mayor, y que no está sometido siguiera a audiencia o algún otro mecanismo de discusión.
Estatización de la deuda II
Exótico. Así es el pedido realizado recientemente por la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica (Adeera) al Gobierno nacional para que le condone la deuda que mantienen las empresas con Cammesa, la administradora del mercado mayorista que controla el Estado.
Pretenden que el Estado se haga cargo, a través de la ley de Presupuesto del 2017, de una deuda de $21.000 millones a cargo de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa que opera Yacyretá. Sostienen, esencialmente, que el “retraso tarifario” no les permitió realizar inversiones.
Para las empresas eléctricas, el tarifazo no es suficiente, y siguen aprovechando la ocasión para ejercer el mismo lobby que las empresas de gas sobre el Gobierno nacional presentando los números que ellos mismos elaboran, sin ninguna apertura real de los libros contables que permita demostrar la veracidad de sus supuestas “pérdidas” económicas.
En contraposición, por parte de la Defensoría del Pueblo porteña, Alejandro Amor les exigió a las empresas que elaboren “un plan de contingencia para este verano con la incorporación de grupos electrónicos y cuadrillas, porque aumentará la tarifa y aun así habrá cortes de luz”. En la misma línea, le reclamó a Edenor y Edesur que se “hagan cargo del pago de las multas establecidas por el ENRE, porque en un sistema capitalista tienen el derecho de invertir y ganar. Pero también tienen responsabilidad social y cuando no cumplen con las inversiones y hay cortes de luz que perjudican a los usuarios”.
Consumidores contra el vaciamiento energético
Héctor Polino, de la asociación de Consumidores Libres señaló que “es inaceptable el planteo porque no pueden ser los usuarios los que financien las inversiones. Tienen que ser las empresas las encargadas de la inversión”, y señaló que las “empresas han recibido dinero vía tarifa, vía subsidios, y además están fuertemente endeudadas con Cammesa. Las distribuidoras se hicieron cargo de la concesión en 1992, pero en vez de mejorar han empeorado el servicio. No hay ninguna garantía de que puedan mejorar y por eso he pedido la rescisión de los contratos de Edesur y Edenor por reiterados incumplimientos”. Esta exigencia ocupó los aplausos del público, frente a la mirada descontenta de los gerentes, funcionarios y empresarios.
Por su parte, Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor, reclamó que "se amplíe a 300 ó 500 kilowatts la tarifa social, según la condición del grupo familiar" y alertó sobre la suba en el cargo fijo (se iría a $ 68 a $ 76), que hoy se encuentra en $ 7.
“¿Y cuál es el ejemplo más claro del fracaso”, se preguntó Alejandro Amor de la Defensoría porteña, y respondió: “Los cortes que han padecido todos los sectores de la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires y de los barrios del Gran Buenos Aires. Los trabajadores, las clases medias. Cortes que muchas veces fueron imprevistos y que se desconocía su duración. Cortes que muchas veces fueron programados y anunciados con periodos concretos, pero que se prolongaron más de lo establecido”.
Auditoría de los subsidios y una salida de fondo a la crisis energética
Las empresas concesionarias del servicio eléctrico -principalmente las distribuidoras como Edenor y Edesur- reclaman hace años la posibilidad de aumentar tarifas para ajustar sus costos, razón por la cual argumentan haber tenido grandes pérdidas económicas.
Pero no hablan sobre la fiesta de subsidios que recibieron por parte del Estado, que entre los años 2004 y 2014 sumaron entre luz y gas, cerca de $ 342.000 millones de pesos corrientes, según datos de la ASAP, destinados principalmente a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) y la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA).
Sin embargo, estas transferencias no se tradujeron en verdaderas inversiones que mejoraran el servicio a los consumidores, como han denunciado sus organizaciones y los referentes del Frente de Izquierda, sino que las condiciones se han deteriorado generando graves consecuencias en las condiciones de vida y la actividad económica.
Esta situación de degradación de la red de aprovisionamiento energético en pos de la maximización de ganancias, es insostenible. La provisión de energía eléctrica es un servicio público y debe ser brindada por una empresa estatal, que bajo la gestión de sus trabajadores y con participación de comités de usuarios, ponga en el centro un servicio de calidad a bajos precios o gratuitos para los sectores de bajos ingresos.
Dicha perspectiva se enmarca en una visión de planificación del conjunto del sistema energético y de los principales resortes de la economía al servicio de las necesidades del pueblo trabajador.
Lucía Ruiz
Economista
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