Con gran publicidad mediática y apoyo del Gobierno la marcha #ParaQueNoTePase reunió a unas cuatro mil personas frente al Congreso. Una unidad difusa tras el mito del “Estado ausente”.
Según un dicho popular, “el que mucho abarca poco aprieta”. Sin desvalorizar la seriedad del caso, sobre todo porque está de por medio la memoria de muchas vidas perdidas, ese refrán podría aplicarse al resultado de la convocatoria #ParaQueNoTePase, que ayer a la tarde reunió a no más de cuatro mil personas en la Plaza Congreso de la Ciudad de Buenos Aires.
La concentración tuvo dos elementos distintivos. Por un lado el variopinto abanico de personas y organizaciones convocantes. Y por el otro, el apoyo explícito y hasta militantes del propio Gobierno de Mauricio Macri y de las grandes empresas periodísticas. De allí que haya sorprendido a más de uno el escaso número de participantes, muy por detrás de importantes movilizaciones populares que carecieron de semejantes apoyos institucionales y mediáticos (y hasta sufrieron sus boicots).
Difusa unidad
“Dolor” y “Justicia” fueron las dos palabras más escuchadas, tanto desde la concurrencia como desde el escenario, donde Lorena Maciel y Luis Novaresio leyeron un documento escrito en común por quienes convocaron. Ambas palabras son, probablemente, las que mejor expresan lo que “unió” a personas tan diferentes y con causas tan disimiles. Por un lado el dolor de haber perdido a un ser querido y por el otro un pedido para que el Estado “repare” esa pérdida de alguna manera.
“Nuestro denominador común es el dolor”, dijeron desde el escenario. Y agregaron que todos son “víctimas de impunidad e injusticia” mientras “el Estado tampoco está presente, dejándonos abandonados”.
Pero si se sale de esa precaria unidad, es posible y necesario preguntarse qué une en verdad a los familiares de quienes murieron a manos de empresarios voraces y funcionarios corruptos como en Cromañón u Once con quienes perdieron a su familiar policía en un confuso tiroteo; o a parientes de víctimas de salideras bancarias con madres y padres de chicas desaparecidas por redes de trata o asesinadas por femicidio; o a víctimas de mala praxis en clínicas o en accidentes de tránsito con la hermana de José Luis Cabezas. Posiblemente, nada más que el dolor personal y un difuso pedido de “justicia”.
“Las fiscalías, todo el sistema es una porquería”, decía ante un móvil en vivo la madre de un chico atropellado en una calle del sur del Gran Buenos Aires. “Los asesinos tienen más derechos que nosotros”, agregó frente a otra cámara la madre de un niño de ocho años que recibió un balazo mortal en un confuso tiroteo. “¿Para qué los sueltan si después matan otra vez?”, manifestaba ante un tercer micrófono un padre al que en un robo le asesinaron a su hijo.
Los testimonios se sucedieron toda la tarde en vivo y en directo. El llanto de madres, padres, hijos e hijas se mezclaba con insultos a fiscales y jueces y con “propuestas” de mayor punición y rigor represivo.
En ese reducido espacio (media Plaza Congreso) ocupado por la concurrencia se pudieron escuchar consignas y exigencias de todo tipo y color. La noche anterior Noemí Miralles, una de las organizadoras, había dicho ante la TV Pública que “mano dura no, justicia justa es lo que uno pide como familiar”. Y en la plaza Alberto Lebbos, padre de la joven tucumana Paulina Lebbos (en cuyo asesinato está implicada la familia del exgobernador José Alperovich), agregaba que “no se piden penas más duras ni que se violen las garantías de los delincuentes”.
Sin embargo a metros de él algunas decenas de personas cantarían poco más tarde “pena de muerte, pena de muerte”. Y no faltó quien se animara a decir a boca de jarro entre los presentes que todo esto se da mientras ya van “treinta años que siguen currando con los 30 mil desaparecidos”.
La Izquierda Diario pudo comprobar que en menos de tres metros cuadrados estaban los familiares de un chico asesinado por gatillo fácil policial junto a los de un agente de la Bonaerense asesinado en un robo y los de una chica jujeña víctima de femicidio.
“No somos personas que buscamos venganza, no creemos en la justicia por mano propia”, insistieron desde el escenario. Pero la unidad aparente no se mantuvo mucho. Al momento de leer adhesiones al acto, cuando se dijo que las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora apoyaban el pedido de justicia, al menos dos de las cuatro mil personas presentes abuchearon y silbaron. Por el contrario, el aplauso fue generalizado segundos después, para saludar la adhesión de la Fundación Axel Blumberg.
Apoyos y campañas
Según se esforzaron previamente en aclarar quienes la organizaron, la movilización “no es contra de nadie sino a favor de la vida y de quienes hasta hoy no han sufrido hechos violentos y evitables”. Quizás por eso desde la Casa Rosada se sintieron aliviados y el Gobierno de Mauricio Macri hasta se animó a ser parte de la convocatoria.
En las horas previas tanto el Presidente como su ministro de Justicia y Derechos Humanos saludaron la marcha. Durante la mañana y la tarde Germán Garavano dijo en varias entrevistas que no solo apoya a quienes organizaron la concentración sino que incluso viene “trabajando con ellos” hace tiempo.
Por la tarde, el mismo Macri quiso estar en sintonía y, desde la Casa de Gobierno, reclamó “agilidad” a la Justicia “ante las demandas de la gente”, criticó a la procuradora Alejandra Gils Carbó por “no colaborar” e instó a jueces y fiscales a “cumplir su rol” para “terminar con la impunidad de delincuentes” y “la puerta giratoria”. Fue durante un acto donde juntó a Garavano, al presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti y a medio centenar de jueces y fiscales de todo el país, para proponerles “modernizar la Justicia”. Porque “el ciudadano demanda respuestas” y porque se ve “en los medios todos los temas que están relacionados con la inseguridad”, dijo.
Justamente las grandes empresas periodísticas se sumaron eufóricas a la convocatoria. La concentración había sido difundida durante semanas por redes sociales y en las últimas horas contó con la inestimable difusión permanente de los grupos mediáticos más importantes, desde Clarín hasta el Grupo Indalo de Cristóbal López.
Ya en la plaza TN, Crónica TV, C5N y otros canales montaron una cobertura casi de “cadena nacional”, algunos hasta con dos o tres móviles en un radio de no más de 1000 metros cuadrados.
Por la escasa concurrencia no hizo falta cortar las calles que rodean a la Plaza Congreso. Irónicamente ése sería un hecho positivo para el informante del tránsito de TN, quien mostrando la plaza diría “vean cómo la gente se moviliza con orden y sin alterar el tránsito”.
Como era de esperar, Crónica TV se despachó con placas que rezaban “el grito de todo un país: Que no te pase” y “las lágrimas de un pueblo”.
Ya sobre el comienzo del acto, y ante las evidencias mostradas hasta por un dron, desde el piso del canal de noticias de Clarín se llamaron a la reflexión. “Que vayan aquellos que no tienen casos personales, para que no nos pase a nosotros también”, hizo un último pedido la periodista Paula García a las 18. Media hora más tarde un apesadumbrado Nelson Castro sentenciaría: “No hay ni media plaza llena y eso es preocupante. Lo de Blumberg hace más de diez años fue muy valioso a la luz de esto que vemos”. Y concluyó afirmando que “no hay mucha gente. Decir otra cosa sería mentir”.
El mito del Estado ausente
El domingo la tapa del diario Clarín titulaba, que según un encuesta de Management & Fit encargada por el propio matutino, el 77 % de las personas no confía en la Justicia y que se ve a un Estado “ausente”. Debajo de ese titular, media página estaba ganada por el anuncio de la marcha #ParaQueNoTePase. La encuesta agrega que el 50,5 % aprueba “la justicia por mano propia”. Y que el 31,7% de los consultados cree que esos casos ocurren por la ausencia del Estado mientras que el 27,4 % por la desconfianza en la Justicia.
El artículo de Clarín no informa quiénes son ni de dónde los dos mil encuestados por M&F. Pero aún considerando esa aproximación a la “opinión pública” lo que no puede hacer Clarín ni ninguna otra empresa periodística es apoyar esos pareceres “ciudadanos” en datos reales.
La Izquierda Diario viene publicando cotidianamente una nutrida información sobre las diversas políticas oficiales, sostenidas desde hace décadas por todos los gobiernos, tendientes a fortalecer la “presencia” del Estado y el poder de fuego de sus brazos armados: las policías y otras fuerzas represivas.
No hay informe estadístico elaborado por agencias estatales y, sobre todo, por organizaciones civiles de derechos humanos o de víctimas, que no arroje datos certeros sobre la participación permanente y deliberada del Estado en cada instancia y estamento del crimen organizado.
El cúmulo de “inseguridades” que enfrenta la población trabajadora en su vida cotidiana (desde la falta de trabajo y salud hasta la violencia urbana en los barrios) está convalidado por un Estado que ante todo cumple el rol estratégico de defender la gran propiedad privada, en manos de una porción minoritaria de la sociedad, principalmente de las grandes empresas nacionales y multinacionales.
No es que hay “injusticias”. Hay una Justicia de clase, que procesa, sentencia y condena con una orientación precisa, llenando las cárceles de pobres (en un alto porcentaje con causas armadas contra inocentes) y cubriéndoles las espaldas y salvándoles el pellejo a las mafias policiales e institucionales.
La impunidad no es para todos. Es para quienes tienen en sus manos los medios de producción e intercambio. Es para el empresariado que roba y saquea sin rendir cuentas y para sus agentes políticos que se encaraman en el Estado para garantizar que la maquinaria capitalista no se detenga. Y también para sus sabuesos armados hasta los dientes, a quienes se les “regala” la calle para regentear junto a otros empresarios “no declarados” la trata de personas, la explotación sexual, el narcotráfico, el contrabando de cuanta mercancía circule, el juego clandestino y tantos otros “delitos complejos”. Delitos que tienen una cifra irrisoria de detenidos en cárceles VIP pero que son los que más muertos y heridos dejan en el tejido social.
Por eso, también, la impunidad reina entre los genocidas de la dictadura cívico-militar, habiendo a la fecha poco más de un condenado por cada centro clandestino de detención que hubo en el país.
No hay dudas, el Estado está muy presente. Con su justicia de clase, con su democracia para ricos y con sus mafias judiciales y policiales.
Daniel Satur
@saturnetroc
Colaboraron Eduardo Castilla y Lucho Aguilar
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