Imagen: Yrigoyen (segundo de la derecha) visita en la Sociedad Rural (1920) junto a Joaquín S. Anchorena, presidente de la Sociedad Rural Argentina, jefe de la patronal Asociación Nacional del Trabajo y miembro honorario de la Liga Patriótica. A la izquierda el estanciero y empresario Alfredo Demarchi (Ministro de Agricultura y Ganadería) y detrás José Luis Cantilo, fundador y director del diario La Época e intendente de la Ciudad de Bs. As.
Este aniversario es ocasión para reflexionar acerca del rol cumplido por el radicalismo, pilar histórico del régimen burgués en la Argentina y su vínculo con el movimiento obrero.
Hace unos días Cristina Kirchner volvió a llamar a la construcción de un frente ciudadano,esta vez dialogando con los radicales identificados con el kirchnerismo, al cumplirse el centenario de la asunción de Yrigoyen el 12 de octubre de 1916. El objetivo de presentar al radicalismo como un movimiento de raíz popular pone el foco en ciertos elementos de los gobiernos radicales que lo constituyeron como un partido de base electoral en amplios sectores de masas.
Es una buena oportunidad para reflexionar acerca del carácter de este partido centenario que hoy forma parte del gobierno macrista a través de la alianza electoral Cambiemos.
La UCR en el poder: cambios en el régimen oligárquico
El radicalismo surge a fines del siglo XIX. Su aparición en la vida política nacional se da al calor del cuestionamiento de las formas restrictivas del régimen conservador que excluye de la participación a sectores amplios de masas, en particular de la creciente clase media, pero también de la intervención en el gobierno de sectores de la propia oligarquía dominante a través de mecanismos electorales fraudulentos que conservaban el ejercicio del poder político en una reducida elite.
La ley electoral que amplía la participación política, la Ley Sáenz Peña, se dicta en 1912. Tres levantamientos radicales la precedieron levantando como bandera la reforma política (en 1890, el que dio origen a la Unión Cívica Radical poco después, en 1893 y en 1905). La decisión de la oligarquía de modificar las formas de representación política responde también a la necesidad de encontrar una válvula de escape a la aguda lucha de clases protagonizada por la combativa clase obrera, uno de cuyos momentos más álgidos tuvo lugar en los enfrentamientos del Centenario, un par de años antes.
Medidas de carácter coercitivo adoptadas desde el Estado, como la Ley de Residencia (1902), la Ley de Defensa Social (1910), aunque golpearon ferozmente a los sectores más combativos de la clase obrera, se habían mostrado insuficientes. La Ley Sáenz Peña esperaba responder a la crisis de legitimidad del régimen político como modo de garantizar la estabilidad del sistema incorporando sectores más amplios a través de mecanismos de consenso (1).
La puesta en práctica de la ley electoral consagra el triunfo de Hipólito Yrigoyen como presidente en 1916 culminando la transformación del régimen y abriendo, al mismo tiempo, un escenario diferente para la lucha obrera. La clase trabajadora no enfrenta ahora a un régimen de "pura coerción", sino a una nueva forma de dominación burguesa que combina la represión contra sus elementos más combativos con concesiones y políticas de cooptación hacia ciertos sectores del movimiento sindical y de masas.
Los límites del cambio
Con la llegada de Yrigoyen al poder, por primera vez la oligarquía tiene que aceptar a disgusto la participación política de sectores de masas, de las clases medias, de los trabajadores y de los sectores “plebeyos”, y un gobierno que no es, de forma directa, “su gobierno”. Sin embargo, los límites de esta “experiencia democrática” aparecen a primera vista.
Desde el punto de vista de las demandas democráticas más elementales, Yrigoyen mantiene los límites de la ley electoral que excluye de la participación a mujeres y extranjeros, quienes constituyen una enorme proporción de la población trabajadora. En relación con la Iglesia, el gobierno radical muestra su contenido reaccionario cuando veta la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe, que estable una separación de la Iglesia y el Estado, o cuando se niega a legalizar el divorcio. Pero el mayor límite del “primer gobierno democrático” de la historia argentina está dado porque mantuvo intactos los pilares de la dominación de la oligarquía terrateniente y el modelo primario-exportador.
Dos tareas fundamentales están planteadas en la Argentina si se pretende una “democratización” del país: liquidar la gran propiedad terrateniente y romper la subordinación con el imperialismo inglés que ahogaba la nación, cuestiones que no están dentro de los objetivos del gobierno radical. Durante sus tres administraciones (entre 1916 y 1930, incluyendo la versión más “aristocrática” expresada por Alvear entre 1922 y 1928), la concentración de la propiedad agraria aumenta considerablemente y la renta extraordinaria no es tocada. Los “dueños de la tierra” continúan siendo los verdaderos dueños del poder en la Argentina, aliados al imperialismo inglés. Yrigoyen incorpora en su Gobierno a reconocidos integrantes de la oligarquía, expresión de que su poder sigue intacto; en su primer gabinete 5 ministros están relacionados con el sector exportador o son directamente ganaderos bonaerenses. El ministro de Hacienda, Salaberry, ligado al negocio exportador; Honorio Pueyrredón, un gran terrateniente, ministro de Agricultura y luego de Relaciones Exteriores; y otro terrateniente, Federico Álvarez de Toledo, es el ministro de Marina; el ministro de Obras Públicas, Torello, es un hacendado, al igual que Carlos Becú, el primer ministro de Relaciones Exteriores.
El gobierno radical y el movimiento obrero
La reactivación económica y del trabajo industrial permite una mejor posición para la lucha de los obreros que buscan mejorar sus salarios y condiciones. Bajo el impacto de la radicalización a nivel mundial iniciada al final de la guerra que tuvo su mayor hito en la Revolución rusa, a partir de 1917 se desarrolla un ascenso de la lucha de la clase obrera. Este ascenso tuvo tres expresiones centrales, la Semana Trágica, la Forestal y la Patagonia Rebelde, pero incluye un salto en el número de huelgas y la cantidad de huelguistas por año, alcanzando, en 1919, la cifra de 300.000 trabajadores, con los conflictos de municipales, ferrocarriles, frigoríficos y marítimos, hasta 1921.
Yrigoyen despliega una política hacia el movimiento obrero que contiene aspectos novedosos. Situándose como "árbitro", definiendo a favor de los trabajadores en algunos casos y permitiendo por primera vez la circulación de dirigentes obreros por los pasillos de la Casa Rosada, el gobierno radical evidencia nueva formas de relación con la dirigencia sindical, que no dejan de provocar resquemores en sectores de la oligarquía frente a la presencia de la “chusma” en la casa de gobierno.
Yrigoyen desarrolla una doble política, concesiva y negociadora, por un lado, y represiva, por otro. Su aspecto represivo, siempre presente, se demuestra abiertamente frente a los conflictos más radicalizados como la huelga de los talleres Vasena (la Semana Trágica) y la de los peones rurales de la Patagonia, actuando con la más brutal represión, propinando derrotas ejemplificadoras.
De conjunto, su política tiene un objetivo acorde con las necesidades de las clases dominantes y con el proceso que, desde la reforma electoral, lleva al poder al radicalismo: disciplinar al movimiento obrero, despojarlo de las tendencias combativas y cuestionadoras del orden social que viene desarrollando en la etapa previa. Su vínculo con las direcciones hegemónicas del movimiento obrero cumple aquí un rol central.
Radicalismo y sindicalismo
Durante el primer gobierno radical la corriente sindicalista se hace hegemónica en el movimiento obrero mientras profundiza su deriva reformista, de creciente adaptación al Estado unida a una concepción corporativa y economicista de las organizaciones sindicales. Los sindicalistas encuentran en Yrigoyen un Gobierno dispuesto a dialogar, estableciendo una relación en la cual el apoyo político y el mantenimiento de la paz social ofrecido por la dirigencia sindical es retribuido con la mediación gubernamental favorable en determinados conflictos y el otorgamiento de ciertas concesiones, como ocurre en los conflictos protagonizados por los marítimos, sector, además, clave en la economía.
Mientras tanto, el Partido Socialista profundiza su estrategia parlamentaria y se establece una suerte de “división del trabajo” entre socialistas y sindicalistas, que impide que las organizaciones obreras adopten una perspectiva política revolucionaria. El anarquismo continúa su retroceso, aunque durante el período 1917-1921 vuelve a tener protagonismo en algunas luchas radicalizadas, sostiene una posición sectaria que no considera los cambios en el régimen y su impacto sobre la clase obrera. El nuevo impulso industrial de los años 20 será aprovechado sobre todo por el Partido Comunista, que fundamentalmente desde 1925, comienza su creciente penetración en el movimiento obrero, pero lo hacen al mismo tiempo que profundizan su deriva estalinista, expresada en esta etapa en la orientación sectaria de formación de "sindicatos rojos”, sin aspirar a disputar la dirección a los sindicalistas (2).
Así, la política estatal de la mano de los gobiernos radicales fortalece a las direcciones más conciliadoras y disciplina y reprime a los sectores más combativos.
Yrigoyen será derrocado, en su segundo gobierno, por un golpe de Estado. En plena crisis capitalista, su dependencia de una base electoral y sus arrebatos populistas lo hacían poco eficaz para sostener las ganancias terratenientes; sin embargo, había hecho un gran servicio a las clases dominantes. El movimiento obrero llega debilitado, fragmentado y desarmado políticamente frente a la crisis de 1929 que se descargará sobre sus hombros y sin oponer resistencia frente al golpe de 1930.
La década del 30 planteará nuevas oportunidades para que el movimiento obrero construya una alternativa revolucionaria que enfrentara la consolidación de una nueva variante burguesa como será el peronismo.
Alicia Rojo
Notas:
1. Ver, por ejemplo, David Rock, El radicalismo argentino, 1890-1930, Bs. As., Amorrortu, 1977 y Milcíades Peña, Masas, caudillos y elites, Bs. As., Ediciones Fichas, 1973.
2. El análisis de los gobiernos radicales y de las políticas de las direcciones del movimiento obrero se desarrollan en el libro que Ediciones IPS se encuentra concluyendo: “Cien años de historia obrera. De los orígenes a la Resistencia (1870-1969)”.
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