Es una de las conclusiones del informe anual sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad “El sistema de la crueldad IX”, que presentó este lunes la Comisión por la Memoria bonaerense. Allí se analizaron los datos correspondientes a los años 2013-2014, en los que se produjeron al menos 548 muertes en lugares de detención y/o por prácticas policiales. Además de registrarse 20.986 denuncias por casos de tortura y malos tratos, y el incremento en 600% de los índices de sobrepoblación en algunas comisarías.
“Las políticas de seguridad basadas en la exacerbación del punitivismo -la represión, la persecución y el castigo penal como vías de resolución de los múltiples problemas sobre los que se demanda respuesta- no sólo son ineficaces sino que han agravado la violación de derechos de determinados sectores sociales a niveles históricos desde el advenimiento de la democracia. La política criminal impulsada por el gobierno de la Provincia ha desencadenado una situación de grave crisis en materia de derechos humanos. En el periodo analizado en este informe se registra la mayor tasa de encarcelamiento de la historia de la Provincia de Buenos Aires, que ha implicado una agudización del hacinamiento en cárceles y comisarías, y un agravamiento en la situación estructural, ya existente, de vulneración masiva y sistemática de los derechos de las personas detenidas”, expresa la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su informe anual 2015, presentado el pasado lunes 22 de junio en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata.
La CPM afirma que también ha aumentado en este período el ejercicio de la violencia policial, no sólo en relación a prácticas sistemáticas de tortura y detenciones arbitrarias sino también en el uso letal de la fuerza: “La estrategia de saturación territorial a través de la presencia de efectivos y patrulleros en los barrios pobres de las periferias urbanas ha generado restricciones en la circulación en el espacio público de un sector de la población estigmatizado como peligroso, generando situaciones de hostigamiento, maltrato y persecución arbitraria por parte de la policía, lo que ha incrementado los niveles de violencia estatal y cercenamiento de derechos. Esta violencia cotidiana –naturalizada muchas veces por quienes la padecen y por su entorno- en la gran mayoría de los casos no se traduce en una denuncia ante el sistema de justicia, y crea condiciones de posibilidad de hechos aun más graves como torturas o ejecuciones sumarias, más conocidas como ‘gatillo fácil’”.
La Comisión asevera además que la emergencia en seguridad dictada por el gobierno de Daniel Scioli agravó la llamada violencia institucional: “No albergamos ninguna duda de que la declaración de la emergencia en seguridad, vía decreto en abril de 2014, fue la herramienta normativa que activó una aceleración profunda en el deterioro de la situación de los derechos humanos en la Provincia, producida por las fuerzas de seguridad, penitenciarias y policiales, al tiempo que minó el financiamiento de las ya deficitarias políticas de promoción y protección porque reorientó el gasto a la política represiva”.
A su vez, el informe remarca especialmente la “escasísima prioridad del Estado provincial al fortalecimiento del sistema de promoción y protección de niños/niñas y adolescentes”. En este sentido, asegura que “prevalece una mirada punitivista en las formas de intervención sobre uno de los sectores más vulnerados de la sociedad”. “La brutal desproporción entre los recursos presupuestarios destinados a las políticas de niñez y a las políticas de seguridad es indicador suficiente del sesgo represivo con que el Estado ha decido intervenir. La cuestión de la salud mental y el sistema de encierro es otra demostración de un Estado que sostiene sus políticas reproduciendo estigmas sociales discriminatorios sobre las poblaciones más vulneradas y desprotegidas de nuestra sociedad”.
Números
En su informe, la Comisión Provincial por la Memoria da cuenta que entre 2013 y 2014 se registraron 20.986 hechos de torturas o malos tratos que están contenidos en los 9.822 habeas corpus o acciones urgentes presentados por esta institución. En los mismos años, el Registro Nacional de Casos de Torturas o Malos Tratos relevó 4.987 hechos de torturas padecidas por 1.136 personas en la provincia de Buenos Aires. A su vez, la población encerrada es de casi 35.000 personas, esto implica una tasa de encarcelamiento de 218,5 personas cada 100 mil. Se trata de un récord histórico que supera las 27.840 personas detenidas en 2008 al inicio del gobierno de Daniel Scioli.
Algunos ejemplos de esta sobrepoblación: al 1ero de abril de 2015 había 1060 camastros para 2178 personas detenidas en comisarías bonaerenses, según datos del propio Ministerio de Seguridad. El índice de sobrepoblación en comisarías de La Matanza es del 523% de su capacidad, y en Lomas de Zamora del 470%.
También para abril de este año, sólo el 39,6% de los detenidos en la Provincia de Buenos Aires tenía condena. El 45,7% contaba con prisión preventiva, y el 14,7% con sentencia no firme.
De las causas que actualmente se tramitan en el sistema penal provincial, el 90% de los casos refiere a personas detenidas en flagrancia por la policía bonaerense. Esto significa que solo el 10% de las personas fueron detenidas por orden judicial y a través de un trabajo de investigación judicial previo. Es lo que la Comisión llama la “policialización” de la justicia.
En 2013 y 2014 se registraron 548 muertes en lugares de encierro de la Provincia de Buenos Aires: 286 ocurrieron en cárceles y 18 en comisarías. A su vez, 111 personas fueron “abatidas en enfrentamientos” según la versión policial entre abril y octubre de 2014, y 133 muertes en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero entre febrero del 2012 y el mismo mes de 2014.
Para la Comisión Provincial por la Memoria, “las torturas y las muertes padecidas por las personas captadas por el sistema penal (fuerzas de seguridad, actores judiciales, fuerzas penitenciarias) son de una dimensión y gravedad que socavan los cimientos del propio orden democrático”. “Argentina padece una profunda disociación entre su condición de referencia internacional por el proceso de enjuiciamiento de los crímenes de la dictadura y los ataques planificados, sistemáticos generalizados que se implementan contra una parte de la sociedad civil, sobre los que judicialmente se consagrará la impunidad. Ningún funcionario responsable por hacer o dejar hacer es juzgado por estos crímenes. Las torturas y muertes actuales son crímenes que interpelan los valores de verdad, justicia y memoria”.
En este sentido, la CPM asegura que los tres poderes del Estado son responsables de este retroceso en materia de derechos humanos, tomado desde la perspectiva del sistema penal.
Red Eco Alternativo
Fuente: http://www.redeco.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=16232:la-mayor-tasa-de-encarcelamiento-de-la-historia-de-la-provincia-de-
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