Justicia por Julián Antillanca, Justicia por Maxi Almonacid

La provincia de Chubut comienza a vivir un momento decisivo para el futuro de todas y todos los que vivimos en ella. Un momento en el que el poder judicial deberá decidir si sigue actuando de padrino de la muerte y la tortura, o si por el contrario, de una vez por todas, demuestra que quiere dejar de ser visto como una corporación empeñada en darle legalidad a las violaciones a los derechos humanos perpetradas a diario por la policía de la provincia de Chubut.
Hoy comienza el nuevo juicio por el asesinato de Julián Antillanca y en 18 días más el nuevo juicio por la violación, tortura y vejaciones a Maxi Almonacid. Cabe recordar que estos nuevos juicios fueron ordenados por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut que asumiendo su rol constitucional, anuló los vergonzosos fallos de los primeros por entenderlos arbitrarios. Las sentencias arbitrarias de los primeros juicios no sólo constituyen una flagrante negación de justicia para las familias Antillanca y Almonacid sino que contribuyeron a profundizar la situación alarmante de violencia institucional en Chubut. Desde el asesinato de Julián en 2010 la policía se ha visto implicada en un sinnúmero de casos de flagrantes violaciones a los derechos humanos. Los nombres de BRUNO RODRÍGUEZ MONSALVEZ, CESAR MONSALVES, ANGELO VARGAS, DIEGO ESCOBAR, LUIS EMILIO MARÍN y MAURO CASTAÑO, nos remiten a los casos quizás más graves de los últimos 3 años, pues en ellos fue violado nada menos que el derecho a la vida misma.
La situación resulta a su vez particularmente agravada por la actitud que asume el poder ejecutivo de proteger a los policías que cometen estos crímenes. ¿Cómo se explica si no, que Mario Bevacqua y Jesús Carballo, quienes confesaron en juicio abreviado haber participado de la violación de Almonacid, sigan trabajando para la policía de Chubut? Sobre estos agentes pesa una condena por inhabilitación para ejercer funciones como policías y dos sentencias judiciales le ordenan directamente al Poder Ejecutivo que la inhabilitación debe ser interpretada como la baja, pero el gobierno de Chubut parece interesado en tener violadores confesos en las filas de la policía. En la misma tónica resulta inexplicable que recién a 18 días de iniciar el juicio la jefatura de policía informe que se desconoce el paradero de Carlos Pato, imputado por la violación a Maxi, y que sobre éste pesa un sumario por abandono de trabajo desde 2013.
El hecho de que la única acción del Poder Legislativo de Chubut respecto de esta situación haya sido el nombramiento del abogado de la Policía, Héctor Simionatti, como Defensor del Pueblo de Chubut, completa un cuadro de impunidad que oscurece el futuro de nuestros pibes.
Quienes firmamos este comunicado asumimos un compromiso de lucha en defensa de la vida y de solidaridad con los familiares, que con su inclaudicable exigencia de justicia representan lo mejor de nuestro pueblo. Por esa razón estaremos particularmente pendientes del desempeño de los jueces que deberán conducir estos dos nuevos debates. Sabemos perfectamente que el juez ALEJANDRO DEFRANCO, quien fue designado para integrar el nuevo tribunal del caso Almonacid, fue parte del tribunal del primer juicio Antillanca y que con su voto contribuyó a consolidar la impunidad. Sabemos que los jueces DARIO ARGUIANO y ADRIAN BARRIOS, designados para juzgar el asesinato de Julián en el juicio que empieza hoy, absolvieron a los violadores de Maxi en una sentencia con niveles de obscenidad indignantes, planteando entre otras barbaridades que una violación no puede ser considerada como tortura.
No nos desmoviliza la complicidad de sectores del estado, por el contrario nos indigna y empuja a luchar. Porque a la justicia se la empuja con la lucha y al miedo se lo vence con organización.

JUSTICIA POR JULIAN ANTILLANCA, JUSTICIA POR MAXI ALMONACID

BASTA DE ABUSOS POLICIALES EN CHUBUT

NI UN PIBE MENOS

Resumen Latinoamericano