Barreiro repitió lo que ya se conocía. Especulaciones de todo tipo ante los dichos del represor. Amnistía, reconciliación y perdón con los genocidas.
El pasado miércoles 10, Día internacional de los derechos humanos, el genocida y ex carapintada Ernesto Barreiro, detenido en Bouwer desde 2012, causó una “conmoción” mediática al declarar que revelaría datos sobre la desaparición de 25 personas y nuevos lugares de enterramientos clandestinos. En declaraciones a la prensa, estuvo acompañado por los represores Luis Manzanelli, José Hugo Herrera y Héctor Romero, asegurando que uno de sus objetivos sería “que no hubiera un monopolio con la historia de los años 70”.
Barreiro está imputado por 518 delitos en la megacausa “La Perla-Campo de la Rivera”, que agrupa a 25 causas por delitos de lesa humanidad. En esta causa hay 716 víctimas, y los imputados suman 54, entre los que se encuentra el ex represor Luciano Benjamín Menéndez.
La noticia se expandió rápidamente en los medios nacionales, incluso internacionales. Parecía que se rompía el “pacto de silencio” que tienen los militares argentinos que perpetraron el último golpe en 1976.
Tras los dichos de Barreiro, ese mismo miércoles, la justicia cordobesa (Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba) dispuso una serie de inspecciones oculares en Hornos de La Ochoa, a pocos kilómetros de La Perla para corroborar lo que decía el genocida ex carapintada.
Cabe recordar que desde hace más de una década, en proximidades de La Perla, se vienen relevando terrenos tratando de encontrar enterramientos clandestinos de las víctimas del último golpe.
Las expectativas y esperanzas de los familiares y víctimas del terrorismo de Estado ante esta posibilidad duraron poco. Al día siguiente de estas inspecciones, el fiscal Facundo Trotta declaraba que “no hay nada nuevo” y que las declaraciones de Barreiro no aportaban nada nuevo a la Megacausa “La Perla-Campo de La Rivera”, ya que los sitios que el represor describe ya han sido explorados e identificados con anterioridad, incluso en ellos se encontraron restos y que “se está esperando el resultado de la comparación de los ADN”, declaró el fiscal.
Mientras esto sucedía, Barreiro, su abogado Osvaldo Viola y su esposa Ana Maggi, comenzaron a salir en varios medios de comunicación a explicar sus declaraciones. Evidentemente es su estrategia, y tuvieron a los grandes medios a su disposición.
Lo novedoso de las declaraciones de Barreiro es que habló de hechos ocurridos antes del golpe, asegurando: "empecé a contar lo que sé por 1975 pero en 2015 voy a seguir dando información". Por lo demás asegura que él "era integrante del Destacamento de Inteligencia 141", mientras que "La Perla dependía del Comando de la IV Brigada o del Área 311", y que "el Destacamento de Inteligencia 141 no asesinó, ni fusiló, ni enterró absolutamente a nadie”, excluyendo de esta manera a Luciano Benjamín Menéndez, responsable de Tercer Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba, con varias cadenas perpetuas en su contra.
Al mismo tiempo se desligó de cualquier responsabilidad con el Golpe del 76, declarando que, tanto él como el resto de los subordinados, cumplían órdenes de sus superiores (Leyes de Obediencia Debida). Además, junto con todos los acusados en las causas, repiten que ellos sólo pueden ser juzgados por tribunales militares, desconociendo los juicios en curso.
Como se ve en estos puntos, el genocida Barreiro no sólo que no aporta nada nuevo sino que repite los argumentos que vienen desplegando hace años. Incluso vuelve a sembrar dudas sobre los testigos que pasaron por La Perla, afirmando que eran infiltrados en las organizaciones y que trabajaban para los militares o que delataron a sus compañeros para sobrevivir.
Razones
¿Cuáles fueron las causas que hicieron hablar a Barreiro? “Show mediático” se dijo desde víctimas de las torturas de este feroz represor y sectores ligados al kirchnerismo. Fue también desde el kirchnerismo de donde se señaló una vinculación entre estas declaraciones de Barreiro y las de Macri sobre “el curro de los derechos humanos”.
Pero en este caso se señala además que el objetivo de Barreiro y la “comisión” de genocidas -conformada junto a Manzanelli, Romero y Herrera- sería alargar el proceso durante el años 2015, de tal forma de llegar a la asunción de un nuevo gobierno que, en esta hipótesis, les otorgara algún tipo de amnistía o indulto.
El hecho de que Barreiro afirme que la mayoría de los nombres de las listas que entregó a la justicia pertenecen a personas asesinadas antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976 -es decir bajo el gobierno de Isabel Perón- ha sido leído en algunos medios como un mensaje político hacia el peronismo. La amenaza de que “recién están empezando a hablar” va en ese sentido. Se trataría de una operación de coacción tanto sobre el kirchnerismo como sobre el próximo gobierno que, muy probablemente, podría ser de signo peronista, tal vez de Scioli o de Massa. En el sentido de pedir una amnistía va también el discurso que propone hablar para paliar “el sufrimiento” de las familiares de detenidos-desaparecidos.
Pero otras fuentes señalan un intento de negociar varios escalones más abajo. Según afirmó el diario La Nación en fuentes castrenses se habría señalado como una estrategia que le permitiera algún tipo de beneficio personal como mejores de las condiciones de detención. En declaraciones telefónicas al periodista Juan Carlos Simó, de La Voz del Interior, Barreiro descartó esta hipótesis para sí mismo por su estado de salud pero señaló que varios de los represores que cumplen condena con él se encuentran con un estado der salud más comprometido.
Las audiencias por la megacausa La Perla-Campo de La Rivera continuaran hasta el próximo 17 de Diciembre y, a causa de la feria judicial, se retomaran el 4 de febrero del año entrante. En los próximos días se podrá ver como sigue este proceso donde los genocidas parecen estar buscando un nuevo protagonismo.
Un clima político de derecha
El hecho de que los genocidas vuelvan a aparecer en la escena mediática no puede despegarse de un contexto político más general donde se viene dando un giro político a la derecha del cual el gobierno no está exento. Al permanente reclamo sobre la llamada “seguridad” que enarbola el conjunto de la oposición, y el gobierno tomó como propio a partir de la sanción del Código Procesal Penal –aunque haya limado algunas aristas muy criticadas por parte de su propia tropa-, hay que sumarle el hecho de sostener la designación de Milani a pesar de los numerosos testimonios que lo sindican como parte de la represión en la dictadura. El encumbramiento de Scioli como referente del kirchnerismo y la represión a la protesta social, como se vio en el caso de la fábrica Lear, son parte de ese giro a la derecha.
La importante repercusión mediática de los dichos de Barreiro y el aire que tuvo en muchos medios de comunicación son parte de este clima político, donde éstos vienen trabajando en imponer una agenda basada en la llamada seguridad y un creciente peso de las fuerzas policiales para imponer mayor control social. Es muy probable que este tema continúe basado en esta agenda de derecha que quieren imponer los medios.
Carlos Villalón
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