La no apertura de los archivos es una política de estado y un pacto para esconder las responsabilidades civiles y políticas con la dictadura.
Las cínicas e intencionadas “confesiones” del represor Ernesto “Nabo” Barreiro en el megajuicio de La Perla/Campo de la Rivera en Córdoba, las declaraciones de la oposición de derecha como las de Sergio Massa o Mauricio Macri y el 31° aniversario de la democracia, pusieron la cuestión de los “derechos humanos” en la agenda y en la campaña electoral en curso.
En la coyuntura inmediata de fin de ciclo kirchnerista, las declaraciones y “operaciones” son parte de una pulseada política e ideológica para correr -también en este terreno-, el escenario hacia derecha. Para conquistar un nuevo perdón, en el marco de una política de mayor reconciliación. Todos ven en los posibles sucesores, ya sea de Massa, Macri o el mejor posicionado del oficialismo, Daniel Scioli, a interlocutores amigables y reconciliadores a tono con la nueva doctrina papal de Francisco, adoptada por el kirchnerismo maduro.
Sin embargo, la condena a los aberrantes crímenes de la dictadura desnuda -en primer lugar-, la impunidad que reina en la democracia, incluida la "década ganada". Y la impunidad que garantizó la democracia se basó en la negativa total y absoluta a abrir y hacer públicos los archivos de la dictadura.
Sobre la base de ese ocultamiento, genocidas como Barreiro hacen su juego de engaño y operaciones; Cesar Santos del Corazón de Jesús Milani lava sus culpas e incluso se transforma en un “general militante”; esconden su responsabilidad todos los partidos políticos tradicionales, asociaciones empresarias y burócratas sindicales que colaboraron con los represores. La justicia y la cúpula eclesiástica, de la que no se salva ni el papa y que hicieron su gran aporte al genocidio, disfrutan de la impunidad.
Sin la apertura de los archivos, la verdad hay que rastrearla en la memoria de las víctimas derramada en juicios arrancados por años de movilización; en las investigaciones independientes; o queda al arbitrio de apariciones fragmentarias para "carpetazos" obligados por las necesidades de la coyuntura; o de la manipulación de genocidas como Barreiro, que ahora ascienden de su infierno, colmados de "buenas intenciones".
La no apertura general de los archivos es una razón de estado, un hilo negro y un consenso que une a los que se apropiaron del discurso de los “derechos humanos” y no tuvieron límites ni morales ni políticos para cooptar a organizaciones emblemáticas; con los asesinos y sus defensores acérrimos.
Los archivos develarían la condena a todo el régimen político. Por el lado de los demócratas radicales no existieron solamente los famosos dichos de Ricardo Balbín que clamó por terminar con la “guerrilla fabril”, sino también los del “padre de la democracia”, Raúl Alfonsín, que a semanas del golpe afirmaba cosas como esta: "En la difícil situación por la que atravesamos, para preservar el orden y la cohesión, se necesita un mínimo de adhesión, sin la cual nos ubicaremos en el tobogán de la desobediencia que conduce a la resistencia y a la subversión". Y confesaba que el único denominador común que tenía con el nuevo gobierno era ’la lucha antisubversiva’".
Justamente fue el radicalismo el que encabezó la nómina de intendentes puestos a disposición de los genocidas, fueron 301 (35%) los que correspondieron a la UCR. El peronismo no se quedó atrás y aportó 169 (19,3%). La lista se completa con 23 neoperonistas (2.7%); 109 Demócratas Progresistas (12.4%), 94 del Movimiento de Integración y Desarrollo (10.7%), 78 de las fuerzas federalistas provinciales (8.9%), 16 de la Democracia Cristiana (1.6%); y 4 del Partido Intransigente (0,4%).
El Partido Comunista declaraba que había tenido un gran acierto al evitar “el grave error que hubiera significado enfrentar la Junta Militar, así como el de apoyarla ciegamente. Además de ser la suya una política de principios, permitió conservar las posibilidades legales, tan importantes para la lucha por un Convenio Nacional Democrático". Quizá los manuales del “DIAMAT” soviético puedan explicar esta extraña dialéctica del acierto en el error, que permite calificar como “política de principios” a una capitulación grande como una casa. O quizá revele la forma criolla que adoptaron los principios que tuvo el estalinismo a lo largo de su historia infame. Hoy el PC le aporta sus banderas rojas a los actos kirchneristas, para mantener coherencia en los "principios".
La colaboración de la burocracia sindical peronista está más que probada y con la Triple A habían iniciado la represión y los asesinatos. Los campos de concentración dentro de las empresas y las listas negras también se comprobaron y confirmaron la colaboración planificada de los patrones con el genocidio.
Decía Alfonsín, en esos artículos de antología “democrática” de su flamante mensuario “Propuesta y Control” (un nombre que era todo un programa) que comenzó a editar a poco del golpe: “El ámbito para desarrollar la participación es el respeto por la libertad, la igualdad y la dignidad de los hombres, espacio vital imposible de obtener en el marco de una guerra sucia en la que la guerrilla ha logrado el objetivo de que la voz de los exaltados truene como la de Marat: dictadura o derrota".
La realidad es que la esa altura de los convulsivos años 70s, lo que Alfonsín llamaba “guerra sucia” con la guerrilla no tenía ninguna existencia real, por el simple hecho del repliegue y casi desbande de las organizaciones que habían encarado la lucha armada.
El escarmiento que debía tronar era contra un proceso de auge obrero y popular que había tenido su inicio en Córdoba (y su prehistoria en la Resistencia), provincia en la que habían respondido con la represión del Comando Libertadores de América y el Navarrazo; que tuvo su continuidad en Villa Constitución y la “serpiente roja” del Paraná, hasta llegar a las Jornadas de junio y julio de 1975.
Una vez que Perón fracasó en detener ese extraordinario desarrollo de movilización obrera y popular, la opción fue el golpe.
Todas esas responsabilidades deben quedar bien archivadas, porque desnudan al régimen y a todos los encubridores, a los autores intelectuales y a los cómplices. A un sistema organizado y planificado para evitar la insurgencia obrera, que contó con el aval de todos los partidos democráticos y las “fuerzas vivas”.
Más de diez años del gobierno "de los derechos humanos" (con Milani, Berni et al incluidos) y los archivos no se abrieron. Nunca menos. Un nuevo aporte, esta vez “progresista”, a la responsabilidad histórica de la democracia con la impunidad, para ocultar los pilares y fundamentos profundos de la dictadura más sangrienta de la historia argentina.
Fernando Rosso
@RossoFer
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