El fiscal Facundo Trotta y los abogados querellantes Claudio Orosz (HIJOS y Familiares) y Adriana Gentile (Fundación María Elba Martínez) analizan el desarrollo de la megacausa solo comparable con la ESMA y Campo de Mayo. Aseguran que hay prueba documental y testimonial significativa. En agosto podrían comenzar los alegatos.
Tras la última audiencia realizada el jueves 18 de diciembre Prensared dialogó con el fiscal general y con dos de los abogados querellantes en el juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza desde hace dos años en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal n°1. Facundo Trotta evaluó como “muy positivo” el desarrollo de la investigación que reúne 22 causas acumuladas. Anticipó que faltan cerca de 400 testimonios por receptar. Desde el inicio, declararon 435 personas. El funcionario calcula que “en agosto se podría ingresar en la recta final” de la investigación que comenzó el 4 de diciembre de 2012.
Destacó la incorporación de cinco expedientes nuevos entre los que se encuentran Maffei (sobrevivientes de los campos La Perla, La Ribera, UP1 y Buen Pastor), Rodríguez II (detenidos desaparecidos del campo La Perla) y Tófalo (militantes del Partido Comunista).
Otra de las causas resonantes es la usurpación extorsiva de la empresa Mackentor S.A. como parte del plan sistemático que abarca al “enemigo económico”. Con la excusa de que solventaba a la subversión “El Tercer cuerpo de ejército, por orden de Menéndez, intervino la empresa mediante procedimientos llevados a cabo simultáneamente en Córdoba, Santiago del Estero y Buenos Aires, secuestró a directivos y empleados, usurpó sus activos y con la complicidad del poder judicial logró que la empresa quedara fuera del mercado”, recordó.
“En la causa Díaz que investiga el asesinato del matrimonio Parodi- Orozco y el robo del bebe de ambos, me refiero al nieto de Sonia Torres, vamos a tomar nuevos testimonios. El último relato de la señora Acosta fue muy importante porque presenció el parto de Silvina Parodi, precisó la fecha y además está acompañado de documentación”, afirmó.
El funcionario aclaró que desde el ministerio público el análisis de los testimonios “sirve para corroborar o no las hipótesis de la acusación que plantea la existencia de un plan sistemático de exterminio en Córdoba. Hasta ahora, los testimonios han sido concordantes y no hacen más que ir corroborando los hechos en cuanto a su existencia y a la participación de los acusados”, explicó.
En ese sentido, consideró fundamental la declaración de la sobreviviente Ana Iliovich, quien permaneció en el campo desde el inicio del golpe hasta 1978, “Y memorizó y copió nombres y apellidos, identidades políticas y DNI, de personas secuestradas en el campo que figuraban en un carpetón y que están desaparecidas”. Y cuando pudo lo denunció ante la Conadep y otros organismos. También ponderó los datos aportados por Charlie Moore en las causas Barreiro, Acosta y Vergez. Al mismo tiempo lamentó que muchos de los actores de la complicidad civil estén muertos.
La valentía de los sobrevivientes
“Fue un trabajo enorme. El 4 de diciembre cumplimos 2 años. Hasta marzo de 2013, se realizaron lecturas, indagatorias e incidentes, incluso un abogado fue echado por querer hacer una parodia de este juicio. (N de la R se refiere a Jorge Agüero). Llevo releído todo ese material pensando en los preparación de los alegatos”, anticipa, Claudio Orosz.
El abogado valoró “la fuerza y la valentía de tantas víctimas que vinieron a contar lo peor que les pasó en la vida: cómo fueron secuestrados y torturados y cómo sobrevivieron porque había otro que así lo decidía”.
Este concepto lo lleva a criticar la actitud del represor Barreiro cuando anunció dos semanas atrás que junto a otros imputados indicarían lugares donde se habrían realizado enterramientos clandestinos.
En este punto recordó que “muchos genocidas se olvidan que durante los juicios de la verdad se recogió una enorme cantidad de prueba documental, hasta un manual de torturas, seguramente, escrito por alguno de ellos”. El compendio, cuenta, establece los métodos a seguir durante un interrogatorio, cómo hacer contrainteligencia, seguimientos y allanamientos.
“Dice como secuestrar, torturar y eliminar personas” prosigue. Y citó al juez Severo Caballero “claramente de raigambre derechista” cuando dijo que “En argentina existió un plan sistemático y generalizado de eliminación de la oposición política”. Desde la doctrina jurídica apuntó que la teoría del dominio del hecho tiene en cuenta “al hombre de atrás” -el que imparte la orden desde un escritorio- y al ejecutor. En ese sentido “Escuchar que en La Perla no se mató a nadie, que no pasó nada, que se hacía inteligencia con papeles, realmente es ridículo porque la prueba no solo es testimonial, sino documental”, aclaró.
El letrado subrayó que en esta provincia el terrorismo de estado comenzó el 7 de septiembre de 1974 cuando arribaron Lacabanne y la triple “A”. Al año siguiente “el Destacamento de Inteligencia toma en sus manos la dirección y la planificación de la eliminación del opositor político que culmina con la toma concreta del poder por parte de la Junta Militar para desarrollarlo plenamente en todo el país”, historizó.
No hubo una guerra
El abogado negó la teoría de la guerra a la que aluden cada que vez que toman la palabra los acusados. “Nosotros hemos recuperado documentos donde organizaciones político – militares han pretendido tener el estatus de beligerante ante las Naciones Unidas y les ha sido negado por el estado argentino. Se lo caracterizó como un hecho del derecho penal y se hablaba de bandas de delincuentes subversivos”, se explayó.
Por otra parte dejó claro que si un miembro de cualquier organización comete un delito “requiere que se pruebe y condene y no que se lo secuestre y mate” como ocurrió incluso con militantes de partidos políticos legales y de otras organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y barriales.
“Hubo una política de eliminación de todo aquel que se opusiera a la creación de un estado clerical, que ellos llamaban occidental y cristiano, y una sociedad estratificada estilo mussoliniana y que la posibilidad de desarrollo de las fuerzas productivas solo sea a partir del mercado, de la concentración. Había que legarles a los argentinos, un país donde los ricos sean cada vez más ricos y los pobres más pobres.
Casi lo logran. Y será el pueblo argentino el que lo impedirá”, sostuvo.
Prueba hay
Adriana Gentile analiza que “En estos dos años de juicio se ha acumulado suficiente prueba como para condenar a todos los imputados. Hay importante material probatorio, tanto en las testimoniales como en la documental sobre la complicidad civil y eclesiástica en los crímenes cometidos durante la dictadura”.
Resaltó que los trabajadores han acreditado mediante testimonios la complicidad de las patronales en el secuestro y desaparición de los delegados y de muchos trabajadores de las empresas SANCOR, Perkins, Motores Diesel, Fiat, entre otros.
Gentile recordó que estas querellas junto “a la persecución al movimiento de curas tercermundistas y la complicidad de la iglesia católica en estos hechos, tanto por acción como por omisión, cómo lo fue el secuestro y tortura sufridos por los curas y seminaristas de La Salette, las inició María Elba Martínez”.
Los imputados y sus aportes
Durante las últimas dos semanas de audiencias “por primera vez los acusados en el marco del derecho a la defensa en juicio deciden manifestar su intensión de aportar al conocimiento de la verdad. Pensé que esto nos abría una oportunidad frente a laposibilidad de poder encontrar los restos teniendo en cuenta que los familiares necesitan hacer su duelo, más allá de que se haga justicia”, razonó, el fiscal Trotta.
No obstante “Hoy por hoy, los resultados no han sido lo esperado. En la penúltima audiencia Barreiro reiteró que la intención es contribuir y que pensaban seguir aportando datos. Espero que en lo sucesivo los acusados sepan que con este tipo de datos no se puede jugar, no se puede improvisar. Hay que ser cautos, hay que tener en cuenta las expectativas que se generan no solamente en las partes sino en los familiares para evitar la revictimización. Ha sido un año muy importante, con jornadas largas desde febrero a diciembre”, reflexionó.
La querella se manifestó cauta con esta propuesta que para muchos fue parte de una estrategia mayor dirigida a instalar el tema recurrente “acá hubo una guerra” y avanzar con la demanda de una hipotética amnistía.
Derecho a la defensa
Fiel a su estilo frontal, Orosz no anduvo con eufemismos. “Escuchar las sandeces que dicen los imputados no es cómodo, mucho menos salir a pasear por los campos buscando los nombres que ya conocíamos, los lugares que ya fueron descubiertos por el Equipo Argentino de Antropología Forense, pero es su derecho a la defensa y lo respetamos”, dijo, aludiendo a la supuesta colaboración que los imputados Barreiro, Herrera, Manzanelli y Barrera, le presentaron al tribunal.
“Es el ejercicio de sus derechos. Es lo que nos enorgullece ante la comunidad internacional. Lo que estamos haciendo en la Argentina, con la tramitación de nuestra peor noche, es el mejor ejemplo para las generaciones futuras y para los genocidas futuros: el que las hace las paga”, dijo, con firmeza.
Según datos proporcionados por el ministerio público fiscal las víctimas suman 716. De ellas, 283 fueron secuestradas y asesinadas y permanecen desaparecidas. 67 fueron fusiladas en enfrentamientos fraguados y los cuerpos recuperados, 13 murieron como consecuencia de la tortura aplicada en el campo de concentración La Perla y están desaparecidas, y las demás son sobrevivientes.
El próximo 5 de febrero de 2015 se reanudará el debate, a las 10, en la sala de audiencias de TOF 1.
Katy García
Prensared
www.prensared.org.ar
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