Desairando a las conducciones sindicales oficialistas, el gobierno volvió a confirmar ayer a través del jefe de Gabinete que no habrá cambios en Ganancias. Para Capitanich es una cuestión de filosofía.
Aunque los jerarcas sindicales de la CGT oficialista siguen esperando algún anuncio respecto del impuesto a las Ganancias para el aguinaldo de fin de año, el gobierno sigue desairando esas expectativas. Ayer dio la nota el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. En su habitual conferencia matutina, manifestó que el gobierno considera “que es filosófica e ideológicamente necesario cobrar Impuesto a las Ganancias”.
El argumento, repetido ya varias veces por funcionarios del gobierno nacional y por la propia Presidenta, es que Ganancias “grava la manifestación de la capacidad contributiva. Implica que quien más gana debe ser quien solidariamente más contribuya”. Se machaca así con la supuesta “progresividad” del impuesto.
Sin embargo, el planteo sobre la aducida “progresividad” se cae si analizamos la cuestión dentro de la estructura impositiva como un todo.
Los agujeros fiscales que crea subsidiar al empresariado
Por empezar, la preocupación por la “progresividad” que el gobierno manifiesta en la parte de Ganancias que afecta a los salarios no la extiende a otros rubros. Si observamos el presupuesto del año 2015, vamos a ver que lo que se define como “gastos tributarios”, es decir la pérdida de recaudación producto de exenciones y desgravaciones, esconde múltiples beneficios para sectores empresarios, en particular para especuladores y rentistas financieros. Los 33.600 millones de pesos de “gastos tributarios” correspondientes al impuesto a las Ganancias, que representan el 67% de lo que se recauda por el impuesto a las Ganancias sobre el salario, incluyen 3.600 millones corresponden a exenciones de intereses de títulos públicos, 12.300 millones a exenciones de intereses de depósitos en Bancos, y otros 3.000 millones de pesos a desgravaciones del poder judicial, verdadera casta privilegiada. El resto se reparte entre proyectos de promoción industrial, beneficios para actividades como la minería, etc.
A esto podemos agregar otros 20.000 millones de pesos en “gastos tributarios” correspondientes a la seguridad social, que son exenciones a los aportes patronales correspondientes a microempresas, debidas por zona geográfica, o a los programas de registración de empleo implementados este año por el plazo de dos años.
También tenemos importantes eximiciones de impuestos a empresas petroleras que junto con los subsidios que se les otorgan alcanzarán nada menos que 23.000 millones de pesos según el presupuesto 2015. Y todo esto para que continúen con el vaciamiento energético.
¿Pagan más los que más ganan?
Tampoco se sostiene que pagan más los que más ganan como sostuvo el ministro coordinador. Como analizamos en Ideas de Izquierda, observando los datos provistos por la AFIP para el año 2012, 283 personas ganaron en 2012 más de 10 millones de pesos cada una, sumando de conjunto 4.799 millones de pesos. Esas 283 personas pagaron en concepto de impuesto a las Ganancias 849 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2012. Es decir un 17,7%, exactamente la mitad de la alícuota de 35% vigente para la escala más alta del impuesto.
Mientras tanto, casi la totalidad de los trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias pagan las alícuotas más elevadas, entre 31 y 35%,, las mismas que paga una gran empresa o una persona rica. Hace 10 años la inmensa mayoría estaba incluida en la escala más baja, del 9%. Esto se debe a que nunca se actualizaron las escalas de la famosa tablita de Machinea de 1999. En el medio se mantuvieron las mismas escalas. Esto ocurre cuando el salario real alcanzado por el impuesto, descontando el efecto de la inflación, no subió. Por eso, peso de Ganancias sobre el salario se triplicó en los últimos diez años.
Como se ve, la presión fiscal no es igual para todos. Al revés de lo que sostiene Capitanich, los que verdaderamente más tienen, pagan respecto a sus ingresos un porcentaje que es la mitad de la alícuota que pagan la mayoría de los asalariados por la parte de su ingreso alcanzada por el impuesto.
No podría sorprender este resultado, ya que existen toda una serie de condiciones favorables a los estratos de mayores ingresos que los habilitan a reducir el monto de los pagos. A esto se agrega la evasión fiscal a gran escala, de la cual el accionar del banco HSBC con las cuentas en Suiza es apenas la punta de un iceberg. Estos defraudadores son los mismos que reciben de premio los cedines y otros mecanismos para blanquear capitales evadidos.
Dime de quién recaudas
Más del 50% del salario está afectado por impuestos. El salario obrero se destina casi en su integridad al consumo de alimentos y vestimenta, que está cargado con el IVA (impuesto al valor agregado) que es del 21%. Cada vez que un trabajador efectúa una compra en un supermercado, en un almacén o en una tienda de ropa paga ese 21%.
En cada recibo de sueldo el trabajador ya tiene de por sí un descuento de mínima del 17% para obra social y jubilación. El 65% de la recaudación de las provincias argentinas está constituido por tributos donde los ingresos brutos que afectan a muchos consumos populares son la principal fuente. Las alícuotas pueden llegar a ser de hasta un 5% y se aplican sobre todo monto facturado por las empresas y que éstas, como resulta evidente, descargan sobre el precio que pagan los consumidores, en su mayoría trabajadores. Los municipios suman otras tasas como las que se pagan por alumbrado, barrido y limpieza que pagan todos los hogares.
Sumando el impuesto a las ganancias, el IVA, los descuentos por recibos, el gravamen a los ingresos brutos y las tasas municipales un trabajador en blanco termina afectando más del 50% de su salario al pago de impuestos.
Por muchos discursos que acumulen la Presidenta y sus ministros sobre la supuesta progresividad de mantener el “impuesto al salario”, lo cierto es que la estructura impositiva argentina se concentra en recaudar mayormente sobre los asalariados, mientras que el grueso de los gastos (excluyendo salarios y jubilaciones) va a pagar la deuda y subsidiar la ganancia capitalista. Un estado que sostiene a la clase capitalista financiándose sobre la clase trabajadora.
¿Y la burocracia sindical?
Hugo Moyano dijo ayer, apuntando contra el Ministro de Economía, que “estos son marxistas con la plata de los otros”. Ahora amenaza con nuevas medidas, como otro paro de transporte, esta vez de 24 horas. Los de la CGT Balcarce como Lingieri dicen que “el mínimo no imponible debería subir de 15.000 a 20.000 pesos, y también debería modificarse las escalas intermedias” pero ni siquiera amenazan con medidas, aunque se abren fisuras en algunos gremios que podrían plegarse a un paro de transporte la semana próxima. La bronca es extendida: el impuesto al salario recae sobre los que cobran a partir de 12.450 pesos neto. En las CGTs se habla de “unidad” para el 2015, pero no proponen una lucha unificada para eliminarlo y aumentar los salario. Hay que exigirles asambleas y un plan de lucha, empezando por una medida de alcance nacional que bien podría ser un paro activo de 36 horas, antes de fin de año.
Para pelear por terminar definitivamente con el “impuesto al salario”, así como con el regresivo impuesto al valor agregado. Que el Estado de los capitalistas que financie con impuestos a las grandes fortunas, a las rentas (financieras y del suelo) y gravámenes directos al capital y las ganancias personales más elevados que los vigentes, cortando con las deducciones y exenciones que beneficias a los empresarios. Junto con esto, la nacionalización de toda la banca para conformar una banca estatal única bajo control de los trabajadores es fundamental para cortar con todas las maniobras de evasión y fuga de los capitalistas.
Con estas medidas simples –que para conquistarse requieren una amplia movilización obrera y popular– podrían obtenerse decenas de miles de millones de pesos, para garantizar a todos los trabajadores un salario acorde a la canasta familiar, sostener el 82% móvil para todos los asalariados –hoy retaceado por el gobierno– y encarar rápidamente las obras de infraestructura vial, de vivienda y de provisión energética que hoy son postergadas o realizadas a cuentagotas con el argumento de la falta de recursos.
Esteban Mercatante
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