El gobierno de Antonio Bonfatti dejó desierta la licitación para el traslado y reactivación del puerto de Santa Fe. Los argumentos esgrimidos por la Casa Gris (nombre con el que es conocida la casa de gobierno provincial) para la caída de la licitación son formales pero la verdadera causa es evitar que escalen las denuncias por narcotráfico. El caso se ganó la atención de todos los medios locales en plena campaña electoral, pero no es el único. Los puertos en manos privadas son caldo de cultivo para el floreciente negocio narco en la región.
Las “manzanas blancas”
En agosto de este año, el concejal rosarino Héctor Cavallero envió una carta al gobernador Antonio Bonfatti expresando una serie de denuncias contra el único grupo económico oferente para llevar adelante la megaobra del puerto de Santa Fe. Se trata de la Unidad Ejecutora del Proyecto de Reconversión y Traslado del Puerto de Santa Fe (UTE), integrada por varias empresas. Una de ellas, la argentina House to House, estuvo involucrada en el famoso operativo Manzanas Blancas en 2009, que decomisó un cargamento de drogas escondido en un embarque de manzanas proveniente de Río Negro.
Pero hay más: hasta hace muy poco el directorio de House to House estaba integrado por Bernabé Moschella, detenido en marzo con un centenar de pastillas de éxtasis, vinculado al caso del cargamento de 24 kilos de cocaína que se pretendía enviar a Europa escondida en esquíes.
Una denuncia que pesa 3000 kilos de cocaína
Otra de las empresas que integra el Grupo UTE, que pretendía hacerse con la concesión del puerto, es la paraguaya Puerto Fenix. En la carta de Héctor Cavallero se recopilan una serie de denuncias que entre 2006 y 2013 suman en total más 3000 kilos de cocaína allanados –la mayoría en Europa– que provenían del puerto que controla esta empresa en Paraguay. Además, en junio de 2011 se detuvo un barco de bandera boliviana que iba hacia aquel puerto con dos toneladas de lidocaína. Y en marzo de este año se incautaron cargamentos con ropa de contrabando por un valor de 12 millones de dólares.
Todos narcos
La densidad de la denuncia, en un año donde se juega la continuidad del Partido Socialista en el gobierno provincial, prendió las alarmas en la Casa Gris y precipitó la caída de la licitación. Pero no es el único ejemplo que vincula a la administración de los puertos con el floreciente negocio narco. La empresa Terminal Puerto Rosario SA, que ganó la concesión de las Terminales 1 y 2 del puerto de Rosario por 30 años, también maneja el puerto de Tarragona en el Estado Español y está envuelta en un escándalo de lavado de dinero del narcotráfico. Se presume que inyectaron más de 12 millones de dólares a través de paraísos fiscales en la operatoria del puerto en el país europeo. Para colmo, Terminal Puerto Rosario SA destinó aportes financieros a la campaña electoral de 2007, que llevaba a Hermes Binner como gobernador. Esto se encuentra expresamente prohibido por la ley. ya que no se pueden recibir "contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas".
Puertos privados, puertos narcos
El concejal Héctor Cavallero saludó la separación de la UTE de la obra del puerto de Santa Fe. Sin embargo, el problema de fondo sigue sin resolverse. La costa del río Paraná concentra muchos de los principales puertos del país, entre ellos, el primer puerto exportador de oleaginosas a nivel mundial. Estos puertos están en su mayoría en manos privadas. La oferta de puertos privados sin control explica el crecimiento del narcotráfico en la región de Santa Fe, lo que no sería posible sin la colaboración y complicidad de los gobiernos del PJ, el PS y la UCR, que entregaron los recursos provinciales a las multinacionales.
La propiedad privada de los puertos limita de por sí los ya dudosos controles aduaneros, porque las empresas privadas concentran la mayoría de la mano de obra –que además reducen al mínimo mediante mecanismos de flexibilización laboral– pero no están a cargo del control de los cargamentos, que solo hacen un puñado de empleados y funcionarios aduaneros.
Así lo explica con desfachatez el presidente de Puerto Fenix en declaraciones al diario UNO de Santa Fe: “Todo lo que recibimos viene cerrado, precintado y como dicen las declaraciones del contenedor: ’Dice contener carne’, ’Dice contener madera’, ’Dice contener azúcar’, ’Dice contener carbón’. (…) Si cuenta con el despacho, permisos y autorización de aduana correspondiente, se embarca".
Esto significa que aun si no hubiera casos de corrupción de los funcionarios aduaneros, es imposible controlar millones de toneladas de mercaderías. La mayoría de los contenedores jamás se abren para realizar controles físicos lo que requeriría de la actividad de miles de trabajadores que se controlen mutuamente mediante métodos democráticos y asamblearios y que aporten información pública al conjunto de la sociedad sobre todo lo que ingresa y sale de cada terminal.
Las empresas privadas se llevan las ganancias millonarias, pero no se hacen cargo de los controles. Al contrario: están interesadas en evitar los controles, no solamente porque haya directores corruptos que hacen negocio con el tráfico de drogas, sino porque mientras más rápido se despachen los cargamentos, más ganancias obtienen. Hasta el más “honesto” de los capitalistas quiere que los cargamentos salgan sin control, porque su interés es la rentabilidad y no la calidad. Solamente la nacionalización de los puertos bajo control de sus trabajadores puede acabar con el fabuloso negocio de los puertos privados, caldo de cultivo del narcotráfico.
Cecilia Rodríguez
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