La salud mental como mercancía

Ángel Barraco es asesor legislativo especializado en Salud Mental y participó en la redacción de la Ley Básica de Salud 153 y de la Ley de Salud Mental 448, ambas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En esta entrevista analiza, entre otras cosas, las políticas llevadas adelate por el gobierno porteño en contradicción con el paradigma de desmanicomialización de promueve esta Ley.

¿Dentro de qué marco se podrían entender las políticas que se están llevando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de salud mental?
- Se puede entender dentro de la política del no hacer y del transgredir. Esto da en el marco de la Ley 448 de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, que se sancionó en el 2000 y que baja un lineamiento muy concreto respecto a la transformación en esta área, fundamentalmente en relación al proceso de desmanicomialización. Esta normativa tocaba principalmente a las instituciones que son de neto corte asilar como el hospital el Borda, el Moyano, el infanto-juvenil Tobar García y el Alvear.
Sin embargo, a través de los años -y más en estos últimos- no se ha llevado a cabo tal transformación, que planteaba, a grandes rasgos, poner en funcionamiento una serie de dispositivos “sustitutivos” de la lógica manicomial: la apertura de camas de internación en hospitales generales, dispositivos de atención domiciliaria, casas de medio camino, residencias protegidas, hospitales de día, entre otros.
Eso no se ha hecho porque año a año se destina el mismo presupuesto para atender a la salud mental y a estos cuatro hospitales monovalentes, ex neuropsiquiátricos.
Es una situación planteada por parte de un gobierno con una lógica empresarial, mercantilista, neoliberal, que lo único que le interesa de lo público no es la salud y la educación, sino como apropiarse o usufructuar el patrimonio público para hacer negocios colaterales.
- Podría decirse que gobierno de la Ciudad dejó en claro su postura de mantener la lógica manicomial cuando en 2012 llamó a una licitación pública para la contratación de un “servicio de internación prolongada de pacientes psiquiátricos”….
- Sí, se trató de la resolución N52/12, que afortunadamente pudimos frenar, ya que avanzaba sobre el llamando a licitación para camas de internación, que podrían llamarse “psiquiátricas”. Nosotros decimos que las internaciones son de salud mental.
En torno a esto, también se está jugando un cambio de paradigma, lo cual implica que el proceso de desmanicomialización sea mucho más que una reforma psiquiátrica, es justamente salud mental. Es la intervención, la confluencia de múltiples saberes, prácticas y teorías.
Cuando hablamos de padecimiento mental, estamos hablando de algo muy complejo y atravesado por muchas variables, sobre todo por los determinantes sociales. Es decir, no es un problema solo clínico terapéutico, es una problemática que está cada vez más afectada por la cuestión social. A la enfermedad se le agregan otros factores, los que, en última instancia, terminan incidiendo en la lógica manicomial.
El paciente se queda ahí como un enfermo crónico porque no tienen una familia que pueda contenerlo, o la familia no lo quiere, o porque no tiene, así como quizás carece de vivienda o de trabajo. En el caso de los manicomios públicos estatales, la cuestión se resignifica porque están internados más por pobres que por locos.
- En este sentido, ¿cuál es la perspectiva de la Dirección General de Salud Mental, que se creó con el propósito de avanzar con el cumplimiento de la Ley 448?
- El paradigma de la Dirección General de Salud Mental responde al paradigma médico hegemónico, pero esto es algo que se da en toda el área. En el ministerio de salud hay un cogobierno, en el que no solo gobierna Mauricio Macri. El Jefe de Gobierno está acompañado por la corporación médica, que en la ciudad de Buenos Aires se personifica en la Asociación de Médicos Municipales. Esta institución es la que pone a todos los funcionarios en todas las áreas de salud.
La funcionaria que está a cargo de la Dirección General de Salud Mental, la Dra. María Grosso, es una declarada opositora de la Ley 448 como de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Esto ya desnuda su criterio de un paradigma psiquiátrico y sostener los monovalentes tal como están, con el fin de sostener el status quo del poder médico hegemónico y los intereses profesionales y gremiales. El manicomio mueve recursos, no es solo una institución asilar y custodial de control social, también se ha tornado en una unidad de producción en la que está implicada la justicia y la industria farmacéutica. El hecho de que el elemento aglutinante de la tensión sea el psicofármaco significa proyectar a la sociedad el imaginario de que lo único que puede resolver un proceso de padecimiento mental es la cama y el medicamento.
Detrás de todo esto está la industria más poderosa del momento, mayor incluso que la de armamentos. Con lo cual, la cuestión del manicomio hay que trasladarla afuera de las paredes del manicomio. El hospital no es sólo una construcción de ladrillos.
Por eso, decimos que hay una medicalización del sufrimiento que no tiene entidad de enfermedad. La salud mental está ligada a la historia de un sujeto en un momento específico de su vida.
- ¿Hay una relación de intereses entre las clínicas privadas y el Gobierno de la Ciudad?
- Totalmente, se da desde el momento en que el Gobierno de la Ciudad no hace nada por cumplir lo que tiene como mandato y obligación. La salud se dividió en tres sectores: el público estatal, el privado y el de la seguridad social.
En el ámbito de la seguridad social, ha delegado prácticamente en el privado la atención. Lo que antes era un gremio y tenía una clínica propia, ahora por conveniencia o por negocio lo hace prepaga.
Mientras que el sector estatal público de la Ciudad es solamente el 5% del total, con aproximadamente 85 efectores, entre hospitales y centros de salud y de acción comunitaria. El sector privado, por su parte, tiene 1700 instituciones de todo tipo, lo cual no está siendo controlado. Entonces, un 95% de peso específico hace que un gobierno -de neto corte neoliberal- haga todo lo posible para favorecer la atención privada. La salud deja de ser un valor social para convertirse en una mercancía más.
Se deja nada más que una pequeña posibilidad al sector público sin calidad, las instituciones están que se caen, no hay sostén ni mantenimiento. El hospital público queda, así, para los sectores más pauperizados y sin recursos, a pesar de que la Constitución de la Ciudad dice que la atención debe ser universal, igualitaria y gratuita.
- ¿Cómo se hace frente a esta situación y cuál es el rol de la Comisión de Salud Mental?
- La comisión de seguimiento de la Ley 448 está conformada con la misma lógica que hay en el resto de las comisiones. El Pro se adjudicó una mayoría propia en ellas.
Mucho no se puede hacer porque el poder político está en el Ejecutivo. En este caso, se trata de un Ejecutivo que transgrede leyes, que no reconoce a la justicia cuando dice que no toquen un edificio y que cuenta con problemas de todo tipo en lo que respecta a educación, salud y cultura.
Es un panorama muy complicado. Pero me parece que, dentro de lo pesimista, hay que formalizar el optimismo. Hay que saldar una deuda pendiente y llevar este problema de la salud mental al seno de la comunidad y romper con el prejuicio. Porque no es una cuestión clínica, es poder apropiarse de una variedad de recursos para que cada uno pueda desarrollar su propia vida, su propia existencia de la mejor manera posible.
Cuando nosotros hablamos de desmanicomialización, nos referimos a una deconstrucción del poder, que empieza por cuestionar el poder de un profesional que supuestamente sabe, frente a alguien que ya ni siquiera es considerado un sujeto. En realidad, el que más sabe de lo que padece es propio el padeciente.

Carolina Zangoni para Red Eco Alternativo