Después de largas dilaciones, en febrero pasado comenzó el proceso oral en el que se juzga a los responsables de la represión en el centro porteño que dejó cinco muertos y un centenar de heridos. Pese al reclamo de los familiares, De la Rúa no está en el banquillo.
“Culmina un día muy difícil”, advierte desde su despacho presidencial un Fernando de la Rúa de actitud impostada. Mira a la cámara y, por cadena nacional, anuncia que ha decretado el estado de sitio en todo el territorio porque “han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y generan un cuadro de conmoción interior”. Caía la tarde del 19 de diciembre de 2001 y, con ella, el telón sobre un gobierno a medio camino. El entonces presidente se calza los anteojos y cuenta, nuevamente, que el país vive horas difíciles. En la calle, el país ya lo sabía desde hacía rato: saqueos, corridas, movilizaciones, represión, heridos. Elvira Abaca moría esa tarde, en una manifestación en Cipolletti. En Rosario, Rubén Pereyra y Claudio “Pocho”Lepratti, Juan Delgado, Alejandro Pacini y Yanina García, también. Esa noche, en las escalinatas del Congreso, caería herido de gravedad Jorge Cárdenas, frente a cientos de policías. La “crisis” de 2001 apiló más de treinta muertos entre aquel 19 y los días siguientes. La jornada del 20 fue la más sangrienta de todas en la ciudad de Buenos Aires: las fuerzas de seguridad tiraron sus caballos encima de las Madres de Plaza de Mayo y sus gases contra todo aquel que estuviera en esa plaza frente a la Casa Rosada y en las calles aledañas; detuvieron a decenas por que sí, a latigazos, palazos, de los pelos; dispararon balas de goma y de las otras. Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos “Petete” Almirón, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez fueron asesinados en aquella represión; cientos de anónimos resultaron heridos. Pasaron trece años.
Pasaron trece años de aquellos hechos represivos que, desde hace diez meses, se analizan en un juicio oral que “por mucho tiempo fue casi inalcanzable” para los familiares de esas víctimas. El debate comenzó en febrero pasado. El ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza Enrique Mathov es el único funcionario político que afronta cargos penales por las cinco muertes y el centenar de heridos. La lista de acusados en el marco político de la causa –la orden de reprimir y la puesta en marcha de ese plan– la completan el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos; el ex superintendente de Seguridad Metropolitana Raúl Andreozzi; y quien era por aquellos días el jefe de la Dirección General de Operaciones de la Federal, Norberto Gaudiero. Hay también una decena de ex efectivos que responden directamente por algunos muertos y heridos.
“Sabemos que el sector de los acusados no está completo, pero por lo menos están ahí algunos. Está Mathov, está Santos... y hay un juicio, cosa que nosotros hemos llegado a pensar que nunca iba a pasar, porque hubo tanto manoseo a nuestros muertos durante los doce años que lo esperamos”, confesó María Arena, viuda de Gastón Riva. El gran ausente es el ex presidente Fernando de la Rúa (ver aparte), cuyo sobreseimiento aguarda la opinión de la Corte Suprema. Sin embargo, la realización del debate y la esperanza de que haya condena ya son un avance para los familiares de las víctimas y los sobrevivientes.
A lo largo de diez meses de juicio, más de 300 audiencias y la mitad de los testimonios previstos, el Tribunal Oral Federal Nº 6 tuvo la posibilidad de analizar las diferentes partes que componen la causa general: la muerte de Benedetto, la de Márquez –cuentan con querellas independientes–, las de Riva, Lamagna y Almirón, y la represión como respuesta política a una crisis generalizada –con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en la cabeza de la representación legal y el acompañamiento de Rodolfo Yanzón–. El año de debate cierra con la disección del circuito de órdenes y el entramado político que no sólo posibilitó, sino que impulsó la acción violenta de las fuerzas de seguridad en las calles del centro. “En términos de tiempo podría haber sido más ágil, pero la principal conclusión que sacamos es que, durante estos meses de juicio, quedó claro el carácter desproporcionado, injustificado de la represión de aquellos días, el grado de violencia inusitada por parte de la policía”, ratificó el equipo jurídico del CELS que integran Rodrigo Borda, Maximiliano Medina y Lucía de la Vega (ver aparte).
Pasaron trece años y la teoría del complot político para voltear a su gobierno, que De la Rúa planteaba en su última cadena nacional como presidente argentino, es un elemento fundamental en la estrategia de Mathov, el botón de muestra de aquel Ejecutivo negligente. “Hay indicios de que tal vez en algún momento se pueda hacer justicia. Tenemos esa esperanza y vamos a seguir teniéndola porque fueron muchos años de pelea para que se llegue a juicio. Estas personas tienen que entender que no pueden hacer lo que se les canta, más allá de la crisis en la que estén sumidos”, advirtió Arena.
Pasaron trece años, una cantidad de tiempo que pesa a la hora de pensar en justicia. De la Vega admitió que “el paso del tiempo es una dificultad con la que peleamos todo el juicio”. A los testigos se les dificulta el recuerdo y los responsables apuestan a eso, al olvido. “Con el paso del tiempo, con la dilación, jugaron siempre. Lo hicieron al comienzo del juicio, con recusaciones, pedidos de nulidad, pero también en la instrucción. Buscan descontextualizar para reescribir una versión histórica adulterada de lo ocurrido en diciembre de 2001”, apostó. Arena agradeció a los testigos, y al ahínco de muchos de ellos por recordar cada detalle de aquel día, “que se jugaron por dar su testimonio a pesar de que siempre fueron tiempos difíciles, porque la policía lo es ahora y lo será siempre”. Mencionó la compañía de los abogados, también. Pero no más. “Estamos muy solos”, expresó en referencia al entorno político y al que llega más allá. Ayer, algo de esto intentaron comunicar en un texto con el que concretaron su participación como familiares de las víctimas de 2001 en un acto de conmemoración que organizó la Secretaría de Derechos Humanos. “Este es un juicio silenciado, toda nuestra lucha ha sido silenciada. Es como si hubiera una intención de no difundir ni acompañar lo que sucede con este juicio, y suponemos que es porque pone en jaque a toda la clase política a futuro”, hipotetizó. La certeza no tardó: “Es muy difícil que se juzgue a un ex presidente porque de alguna manera abre la posibilidad de que esto se pueda hacer con los demás, eso lo sabemos. Pero no tenemos ganas de pensar que no hay voluntad para juzgar a un ex presidente. Este juicio no le viene bien a nadie”.
Ailín Bullentini
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