Los homicidios e intentos de asesinatos ejercidos por grupos de personas a supuestos delincuentes (llamados linchamientos por los medios de comunicación) no son una novedad en nuestro país. Lo que sí resulta novedoso y alarmante es la escalada en la frecuencia de los mismos en todo el territorio nacional durante los últimos meses.
El caso que mediatizó el fenómeno fue en Rosario, donde una horda de personas mató a patadas a David Moreira, un joven de 18 años. El suceso fue repetido hasta el hartazgo en los principales medios del país. Luego, los intentos de asesinato bajo esta modalidad se extendieron en Capital Federal, General Roca, La Rioja y en Córdoba, entre otros.
Los linchamientos son la expresión de una sociedad consumista bajo un sistema económico y político que garantiza el orden social a través de la administración del miedo. Basta tomar el control remoto y localizar algún canal de noticias para toparse con imágenes de cámaras de seguridad proyectando casi en vivo y en directo una y otra vez los mismos hechos delictivos. Todas estas imágenes tienen características comunes: se tratan sólo de delitos contra la propiedad privada y la mayoría en espacios públicos.
Estas noticias son presentadas bajo un formato de show televisivo, donde la descripción superficial del hecho es acompañada por entrevistas a la persona construida como víctima de un flagelo social: el delincuente. Y cuando apelan a esta palabra, al mismo tiempo se construye un “identikit social” que tipifica a ciertos sectores de la sociedad bajo criterios racistas y clasistas: el villero, el pobre, “el negro de mierda”. Se construye una otredad peligrosa, socialmente amenazante y se constituye al mismo tiempo su opuesto, un nosotros cargado de positividad: el denominado “vecino decente”.
Esto otorga espacio a la creación de un enemigo interno, que está siempre bajo estado de sospecha permanente. De esta manera se pude explicar porqué son los sectores populares (atravesados por este identikit social estigmatizante) los destinatarios de la aplicación del Código de Faltas en Córdoba, de los abusos policiales, de los gatillos fáciles y de las discriminaciones sociales.
La articulación entre: una sociedad consumista que otorga más valor a la propiedad privada que a la vida y que produce altos niveles de pobreza, la construcción de una otredad a través de criterios racistas y clasistas que criminalizan a esos pobres solo por el hecho de serlo, y la presencia de un poder administrador de dosis de miedo para mantener el statu quo, dan como resultado las condiciones necesarias para que se produzcan hechos de violencia como los “linchamientos”.
Pero “la violencia desatada en los linchamientos no es una violencia dirigida a saldar el hecho delictivo. Esta violencia se ejecuta sobre ciertos sujetos, ciertos cuerpos y los significados que éstos representan para parte de la sociedad” (Ávila, 2014). Por lo tanto, estos actos de violencia no se ejecutan por lo que hace el sujeto, si no por lo que es. Mientras menos negros delincuentes haya, más saludable y segura será “nuestra ciudad”, “nuestra vida”.
Sin esto no podría explicarse por qué esta modalidad de homicidios doblemente calificados por alevosía y ensañamiento (artículo 80 del código penal) son denominados por los medios de comunicación hegemónicos como un acto de “justicia” a mano propia. Aquí el término “justicia” intenta cumplir la función de legitimar estos intentos de asesinatos dirigidos a los sectores populares. Lo que se discute desde los medios no es el término de justicia, sino que sea a mano propia sin la intervención del Estado.
Es así que la explicación que ofrecen los sectores de derecha es que los linchamientos se producen por la ausencia del Estado, que desprotege a la “gente decente”. Los decentes, ante el cansancio y el hastio de ser atropellados por los delincuentes, salen a matarlos, para impartir “justicia”. Los decentes, necesitan más seguridad ante ese enemigo común acechante. Así, un Estado más fuerte, con más policías, con más mano dura, solucionaría el problema de los linchamientos, ya que sería el aparato represivo estatal el que haría su parte.
Sin embargo, dichos argumentos son totalmente falsos. Según datos oficiales publicados por la Provincia de Córdoba, entre los años 2003 y 2013 la cantidad de policías pasó de 14.000 a 23.000 agentes, es decir un crecimiento del 64,3% en la última década. La cantidad media de ciudadanos que cada policía tiene que “cuidar” se redujo de 225 a 144 en este lapso de tiempo. La repartición del gobierno que más creció en los últimos años sin duda es la policía. No nos encontramos con un Estado ausente, si no con un Estado que a través de los años ha ido incrementando su fuerza represiva de una manera sorprendente.
Pero este aumento de la policía no tiene un correlato directo en la disminución de las tasas delictivas. Las tasas delictivas no registran una variación significativa en este periodo, mientras que en las tasas de contravenciones se verifica un aumento alarmante debido a la aplicación arbitraria del inconstitucional código de faltas en la ciudad de Córdoba. Según el informe “Mirar tras los muros. Situación de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en Córdoba”, desde el año 2004 al 2011 se puede observar un 722% de aumento en la tasa de detenidos por el código de faltas (contravenciones) en la ciudad capital.
Estos números nos demuestran que el incremento cuantitativo del aparato represivo no es eficiente a la hora de disminuir los delitos, pero si lo es a la hora de controlar, disciplinar y encarcelar a través del código de faltas a aquellos sectores populares tipificados como indeseables, peligrosos y sospechosos por el solo hecho de portar un rostro tipificado como delictivo.
Es notable como estos argumentos que apelan a un supuesto Estado ausente esconden una operación política destinada a incrementar y legitimar el aparato represivo estatal, cada vez más necesario para reprimir y controlar a los sectores más excluidos que reclaman disfrutar los derechos que les corresponden como ciudadanos.
Horas después de la mediatización de los linchamientos, el jefe de la policía de Córdoba afirmó que la ciudad estaba en una emergencia en seguridad, y confirmó una “nueva” estrategia de seguridad, la cual consistía en desplegar el 90% de la fuerzas represivas a las calles mediante la creación de 40 puntos de control permanentes en toda la ciudad. “Vamos a policializar la Ciudad de Córdoba (…) La situación amerita que se ponga toda la Policía en la calle para hacer frente al flagelo de los motochorros”, fueron algunas de las palabras que resonaron en los princípiales medios. En ese mismo día la policía incautó cerca de 1000 motos y detuvo a 41 personas por la aplicación del código de faltas.
Los puntos de control funcionaban de tal manera que era imposible ir desde los sectores periféricos al centro sin pasar por lo menos por tres de ellos. El control y la aplicación del código de falta era totalmente direccionada a un blanco predilecto, el medio de transporte que más utilizan los sectores populares: la motocicleta. “Son delincuentes, no trabajadores que andan en moto", enfatizaba el jefe de la policía. Una vez más se observa cómo se apela constantemente a la construcción de un otro delictivo y un nosotros decente: “Nosotros queremos recuperar los espacios públicos para que lo pueda disfrutar la gente honesta, que quiere vivir tranquila”, volvía a afirmar el jefe de la policía. “Soy el Gobernador de todos los cordobeses, y lo soy para garantizar los derechos humanos de los que trabajan, de las familias, de los decentes”, sostenía el Gobernador De la Sota luego del motín en el penal de San Martin en el año 2005.
Este despliegue de todo el aparato represivo que dispone el Estado Provincial se hizo a la manera de un show para visibilizar los excesivos controles y la aplicación del código de faltas en toda la ciudad. Este fue el modo elegido para legitimar la policía frente a los duros cuestionamientos producidos por el narco escándalo y la participación en lo saqueos durante diciembre. En este sentido, el gobernador decía: “La Policía debe estar haciendo lo que debe hacer para que no lo haga la gente. La Policía se tendrá que ganar, con mucho esfuerzo, la confianza de la gente”. Si tenemos en cuenta lo que hacia la gente en los linchamientos, no resultaría extraño que los números casos de gatillo fácil sean legitimados. En este sentido, el jefe de policía afirmaba, ante el caso de gatillo fácil sobre Lautaro Torres, que “los delincuentes deben saber que si salen armados, pueden terminar muertos" Es llamativo como los casos de abuso policial se incrementaron notablemente luego de aplicar la “nueva estrategia de seguridad” creada luego de la mediatización de los linchamientos.
Todo este accionar policial, a través de la construcción de ese otro amenazador, intenta legitimar y profundizar la noción de “prevención del delito”. Es decir, como sostiene Sergio Job, este cambio de paradigma “busca intervenir y regular antes que los hechos se sucedan, razón por la cual necesariamente se basa en prejuicios, sobre territorios previamente determinados, sobre población ya definida, invirtiendo así todos los principios del derecho, como por ejemplo: el principio de inocencia” (Job, 2014). El otro construido como sospechoso es culpable, hasta que se demuestre lo contrario.
Los linchamientos y su tratamiento mediático, si bien son un fenómeno nacional, en Córdoba sirvieron para intentar legitimar y seguir profundizando el Estado Policial cordobés (que avanza cada vez mas sobre los derechos civiles de la población clasificada como no deseable) y a una sociedad que a través de criterios racistas y clasistas criminaliza la pobreza, utilizando la violencia como el modo predilecto para resolver los conflictos sociales que ella misma genera.
Hugo Germán Romero. Licenciado en Ciencia Política. Integrante del “Colectivo de Investigación El Llano en Llamas”. Córdoba.
BIBLIOGRAFÍA
- Avila, Paula, 2014. “La violencia detrás de los linchamientos”. Disponible en la web en http://diariotortuga.com/2014/04/03/david-moreyra-rosario-linchamiento.
- Job, Sergio, 2014. “Nuevo orden mundial, nuevo orden legal”. Revista Contrapunto, Montevideo. (en imprenta)
- Comisión provincial de la Memoria y Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Còrdoba y de la Universidad Nacional de Rio cuarto, 2013. “Mirar tras los muros. Situacion de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Córdoba. Disponible en internet en: http://www.unc.edu.ar/extension-unc/vinculacion/observatorio-ddhh/informe-mirar-tras-los-muros
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