Ocho compañeros docentes y militantes de la ciudad de Chilecito están siendo víctimas en estos momentos de una gravísima persecución judicial. Entre ellos, se encuentran el ex detenido desaparecido Alvaro Illanes, querellante en la causa Milani, junto a su familia y Pedro Carrizo, del Partido Obrero de La Rioja. Enfrentan la posibilidad de ser condenados en pocos meses. Tras la huelga autoconvocada de los docentes riojanos, el gobierno quiso suspender por 30 días a Norma Illanes (hermana de Alvaro) de su cargo como rectora de la escuela Normal, acusada de incumplir sus deberes. Su “incumplimiento” consistió -según el gobierno de Beder Herrera- en negarse a entregar los nombres de los docentes y padres que participaron de las tomas escolares durante la huelga. Conocida la noticia, docentes y padres se autoconvocaron frente a la escuela exigiendo el cierre del sumario administrativo. Ante la presencia de fiscales y jueces, el ministro de Educación ordenó telefónicamente dejar sin efecto la sanción contra la rectora. Sin embargo, diez días después de los hechos, los ocho compañeros fueron citados por la Justicia a prestar declaración indagatoria bajo el procedimiento de flagrancia por los delitos de privación de la libertad y daño en un caso. Este procedimiento restringe las posibilidades de defensa del imputado, al considerar que el mismo fue sorprendido “in fraganti” cometiendo el delito. Es la primera vez que este procedimiento se pretende utilizar en un hecho de criminalización de la protesta. El procedimiento de “flagrancia” es considerado inconstitucional porque vulnera el derecho de defensa, ya que considera como verdad acreditada el sumario policial instruido en el caso. La defensa ha sido asumida en forma conjunta por cinco abogado! s, entre los que se encuentra Marina Páez (Apel), quienes presentaron la inconstitucionalidad del procedimiento, lo que fue inmediatamente rechazado por la jueza de instrucción Marta Magaquian. La ley, además, no prevé doble instancia judicial. Los compañeros defensores apelarán para llevar hasta el final el planteo de inconstitucionalidad. Los principales dirigentes del movimiento docente autoconvocado, ambientalistas y hasta uno de los principales testigos contra el represor Milani enfrentan la posibilidad de una grave condena a corto plazo por privación ilegítima de la libertad. Como en el mundo del revés, casi simultáneamente al lanzamiento de este ataque contra los luchadores por parte de la Justicia riojana, el fiscal Michel Horacio Salman pidió cerrar la investigación contra Milani. Llamamos a una inmediata campaña nacional contra esta verdadera cacería de brujas.
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